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El PP advierte al TC en su recurso del "proceder despótico" de Sánchez: "Mañana será tarde"
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REFORMA JUDICIAL

El PP advierte al TC en su recurso del "proceder despótico" de Sánchez: "Mañana será tarde"

El escrito de amparo del Grupo Popular exige al órgano de garantías frenar "la convalidación de un fraude de ley" y avisa de la "degradación del sistema democrático". El Constitucional tomará una decisión el próximo lunes

Foto: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. (EFE/Zipi)
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. (EFE/Zipi)
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El PP eleva la presión sobre el Tribunal Constitucional. El órgano de garantías afrontará este lunes un pleno decisivo, donde deberá decidir si frena o no la reforma judicial aprobada el pasado jueves en el Congreso, una modificación que afecta de lleno al CGPJ y al propio TC y que fue introducida vía enmiendas por el PSOE y Unidas Podemos en una iniciativa legislativa independiente, la que pretende eliminar el delito de sedición. Génova es consciente de que el fallo puede producir un antes y un después en la legislatura. Aceptar el recurso de amparo implicaría una intromisión sin precedentes en la autonomía del Ejecutivo y frenaría una tramitación parlamentaria mientras esta tiene lugar.

Pero el primer partido de la oposición cree que no hay otra vía ante lo que califica como un "golpe inconstitucional" por parte de Pedro Sánchez. De hecho, el PP anunció en la noche del viernes una ampliación de su recurso de amparo contra la propia proposición de ley para reformar el Código Penal, que afecta a la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación, más allá de las enmiendas sobre las que el partido basó su batalla jurídica y que tocan de lleno el Poder Judicial. Los populares demuestran así que no depondrán las armas pese a los apercibimientos del Gobierno.

En su recurso inicial, engordado ahora para dar más consistencia a su ofensiva en el TC, el PP plantea serias advertencias al Constitucional. Entre otras cuestiones, el escrito presentado por la dirección del Grupo Popular en el Congreso subraya el "proceder despótico e inaceptable" del Gobierno y advierte que "la negativa a estimar" el amparo por parte del TC "supondría la convalidación de un fraude de ley parlamentaria, en tanto configura un modelo de imposición y de modificación por la puerta de atrás, de nuevo atendiendo a los exclusivos intereses del Gobierno".

El PP, al TC: "La negativa a estimar el recurso supondría la convalidación de un fraude de ley"

Los de Núñez Feijóo destacan que la reforma judicial planteada por el Ejecutivo contraviene "deliberada y voluntariamente tanto la Constitución como los criterios exigibles sentados por las autoridades europeas", como la Comisión Europea, el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia. Instan al órgano de garantías a no ser partícipe de una iniciativa legislativa que califican como el "culmen de un constante, infatigable y progresivo cerco a la separación de poderes", incompatible con "la noción de Estado de Derecho" y que contribuye a dar "un paso más" en la "degradación de nuestro sistema democrático".

Oficialmente, Génova insiste en el "respeto" que demostrará el partido al veredicto del Tribunal, sea o no desfavorable, pero descartan por completo dar marcha atrás en el recurso del órgano por petición expresa del Ejecutivo, que este viernes solicitó la retirada del escrito por las "consecuencias impredecibles" de sus efectos. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, acusó al PP de "tensionar las instituciones" por el intento de "parar una votación democrática en el Parlamento" a través de los tribunales. Durante la aprobación de la norma en el Congreso, el PSOE llegó a acusar a la oposición de intentar un golpe de Estado. "Hace 41 años, la derecha quiso parar un pleno y la democracia. Lo hizo con tricornios. Hoy han querido hacerlo con togas", sentenció el diputado socialista Felipe Sicilia, comparando la actual realidad política con el 23-F.

Foto: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. (EFE/Sergio Pérez)

El PP se mantiene firme ante una "peligrosísima" actitud del Ejecutivo por "cuestionar y coaccionar al discrepante". Cuando presentaron el recurso, fuentes de la dirección parlamentaria del partido apenas confiaban en las posibilidades de éxito. Pero, con el paso de los días, esa visión ha cambiado. Los movimientos en el seno del órgano están siendo clave. La mayoría conservadora que prevalece en el TC —y que el Gobierno pretende cambiar a su favor— fijaron un criterio común ya el pasado jueves frenar la reforma del Gobierno, pero el aplazamiento del pleno dio al traste con esa intención. El lunes se tomará una decisión definitiva.

La proposición de ley del Gobierno para reformar el Código Penal —que incluye la eliminación de la sedición y la rebaja de las penas por malversación— y modificar vía enmienda la ley del Poder Judicial y la del propio TC superó el trámite del Congreso, pero aún debe ratificarse en el Senado para su entrada en vigor. El pleno se celebrará el día 22. Si el TC da luz verde a la petición, la Mesa de la Cámara Alta tendrá que dar el siguiente paso y aprobar la suspensión de la tramitación de las dos enmiendas sobre las que han pedido cautelares. No hay precedentes, y el fantasma de un choque institucional insólito sobrevuela en el ambiente.

Para los populares no hay vuelta de hoja, y creen que el Tribunal Constitucional debe actuar y "sentar precedente" porque "mañana será tarde". Esta última advertencia la lanzó este viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y en la que Génova coincide por completo. Censuran los ataques vertidos por el Ejecutivo, y utilizan un ejemplo que también empleó Inés Arrimadas en su turno de intervención en el bronco debate del pasado jueves. "Si su mayoría parlamentaria aprueba la pena de muerte en España, ¿el Tribunal Constitucional tampoco podría hacer nada?", señaló la presidenta de Ciudadanos. Los riesgos de la operación por la falta de precedentes están ahí, pero el PP se reafirma en su posición. Este mismo viernes, y como hizo en el Congreso, el partido presentó un nuevo escrito en el Senado exigiendo la paralización de la reforma.

Las enmiendas que pide paralizar el Grupo Popular son las enumeradas como 61 y 62. La primera de ellas modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, alterando el régimen de nombramientos de magistrados por el CGPJ y "vulnerando" el artículo 159.1 de la Constitución por la eliminación de la mayoría reforzada de tres quintos para este tipo de designaciones. La segunda es la que modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y elimina su potestad para verificar la adecuación de los nuevos nombramientos. El Gobierno impulsó este trámite para evitar que la cúpula del Constitucional bloquease la entrada de los dos magistrados propuestos por el Ejecutivo, Juan Carlos Campo y Laura Díez. Además, la reforma habilita la posibilidad de que la renovación se produzca por un "sexto" del Tribunal en lugar de "un tercio", lo que, según el PP, contraviene lo fijado en el artículo 159.3 de la Constitución.

La jurisprudencia a la que se agarra el PP

El argumento de fondo se centra en que las enmiendas deben ser paralizadas porque la vía empleada por el Gobierno es inconstitucional. Los populares apuntan a que el cambio legislativo se ha introducido a través una reforma del Código Penal que en principio solo iba a derogar la sedición, por lo que se produce un "vicio formal" ante la "ausencia de conexión". Según advierten, el propio Tribunal Constitucional advertía sobre la exigencia de una "conexión material mínima" entre la enmienda y la norma en la que se incluye en una sentencia de 2020, cuando respondió a un recurso del PSOE y otros partidos contra la denominada ley mordaza.

En cuanto a la "palmaria inconstitucionalidad" que implica esquivar el "respeto a los cauces procedimentales previstos en el propio texto constitucional", el PP señala a su vez una sentencia de 2019. En ella, los magistrados atendieron un recurso de los diputados de PSC, quienes con el ministro Miquel Iceta al frente, cargaron contra el acuerdo del 2 de julio de 2018 de la mesa del Parlament que se comprometía a "lograr y culminar democráticamente la independencia de Cataluña".

La conclusión del Constitucional en este caso fue tajante: "El debate público plural en sede parlamentaria o fuera de ella, sobre cualquier proyecto político, incluso si propone la reforma de la Constitución, tiene cobertura en la propia Constitución, siempre y cuando el debate parta del presupuesto del respeto a los cauces procedimentales previstos en el propio texto constitucional para canalizar los cambios de modelo político, porque solo ese presupuesto asegura el respeto a las posiciones de las minorías". Según destacaba, la mesa de la cámara debe "asegurarse de no hurtar al pleno el debate político", pero también de respetar "las reglas del juego democrático" y "la jurisdicción constitucional".

Foto: El Tribunal Constitucional, en uno de sus plenos. (EFE/Fernando Alvarado)

El partido sostiene que ambas sentencias ratifican que la reforma del poder judicial vulnera "el derecho de los diputados del Grupo Parlamentario Popular al ejercicio del cargo representativo (...), que involucra el derecho a que no se admitan en la tramitación de una ley enmiendas parciales sin conexión de homogeneidad". Una y otra vez, vuelven a esta cuestión y recuerdan, entre otras, una sentencia de 2003 del Constitucional que respondía a un recurso del PSOE relacionado con el indulto al juez Javier Gómez de Liaño. El derecho al ejercicio del cargo representativo también obliga a desempeñarlo "de conformidad con lo que la ley disponga", concluía aquella resolución.

En lo que se refiere a los requisitos de forma para interponer el recurso de amparo, el principal escollo al que se enfrenta el PP es el de que la ley orgánica del Tribunal Constitucional solo permite impugnar "decisiones o actos sin valor de ley" en el momento en el que ya "sean firmes". En este caso, los populares presentaron su recurso cuando ni siquiera se había votado en el Congreso, pero para justificar el mismo, ponen el foco en dos acuerdos de la Mesa de la Comisión de Justicia: el del 12 de diciembre, que admitió a trámite las enmiendas que incluían la reforma, y el del 13 de diciembre, que rechazó convocar a sus miembros a petición del propio grupo popular.

Foto: El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en el acto del Ateneo de Madrid. (EFE/Mariscal)

Apoyándose en una sentencia de 1983 y en otras dos de 1985, el PP concluye entonces que el recurso debe ser atendido y la reforma paralizada cautelarmente, pues los "órganos parlamentarios han renunciado a permitir dicha tutela efectiva mediante una negligente omisión de sus funciones a tiempo". Para reforzar esta idea, los populares critican "falta de claridad del reglamento del Congreso" y destacan que esta forma de legislar "ha venido implantándose progresivamente" por parte del Gobierno.

También relacionado con los requisitos de forma, el PP defiende que el recurso aborda "una cuestión jurídica relevante y de general repercusión social y que tiene consecuencias políticas generales", así como "un palmario inacatamiento de la doctrina" del Constitucional. Para justificar este argumento, apunta a una sentencia de 2009 que considera cumplido ese requisito ante "la negativa manifiesta de un órgano jurisdiccional a cumplir con el deber de acatamiento de la doctrina" del Constitucional. Según afirman los populares, "la única diferencia que tal supuesto revela respecto del presente caso es el origen de tal inacatamiento en un órgano parlamentario".

El PP eleva la presión sobre el Tribunal Constitucional. El órgano de garantías afrontará este lunes un pleno decisivo, donde deberá decidir si frena o no la reforma judicial aprobada el pasado jueves en el Congreso, una modificación que afecta de lleno al CGPJ y al propio TC y que fue introducida vía enmiendas por el PSOE y Unidas Podemos en una iniciativa legislativa independiente, la que pretende eliminar el delito de sedición. Génova es consciente de que el fallo puede producir un antes y un después en la legislatura. Aceptar el recurso de amparo implicaría una intromisión sin precedentes en la autonomía del Ejecutivo y frenaría una tramitación parlamentaria mientras esta tiene lugar.

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