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Lluvia de escritos de PSOE y UP para intentar dilatar la decisión del TC hasta que vote el Senado
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TRAS LA PETICIÓN DEL PP DIRIGIDA AL SENADO

Lluvia de escritos de PSOE y UP para intentar dilatar la decisión del TC hasta que vote el Senado

Los socialistas advierten de que "se vulneraría el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE)"

Foto: Pedro Sánchez en el acto de este sábado en Valencia. (EFE/Juan Carlos Cárdenas)
Pedro Sánchez en el acto de este sábado en Valencia. (EFE/Juan Carlos Cárdenas)

Aluvión de escritos al Tribunal Constitucional y al Senado a pocas horas de que el tribunal de garantías decida sobre si paralizar o no la reforma del Poder Judicial. A los recursos presentados el pasado viernes por Unidas Podemos, pidiendo suspender este pleno extraordinario, y la contrarréplica de PP y Vox, demandando que se paralice el trámite en el Senado, se han sumado otra serie de escritos del PSOE este domingo y la mañana del lunes ante el Tribunal Constitucional (TC). Los socialistas tratan así de frenar que este órgano admita el recurso de amparo que el Partido Popular registró el pasado viernes, con el que pretende paralizar la tramitación en el Senado de la reforma del Poder Judicial aprobada ya por el Congreso y que busca facilitar la renovación del propio órgano de garantías. El choque institucional se intensifica con Gobierno y oposición en una espiral de reproches mutuos de golpe de Estado.

Los últimos escritos de socialistas y morados se centran en reforzar las recusaciones del presidente del alto tribunal, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez, por tener el mandato caducado. Así lo manifiesta el último de ellos de los socialistas, firmado por el diputado Felipe Sicilia, en calidad de presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, y el de Unidas Podemos solicitando la presentación de una cuestión de prejudicialidad al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para dejar en sus manos si los magistrados aludidos deben abstenerse.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Reuters/Violeta Santos) Opinión

Todas estas maniobras dan munición a los argumentos del sector progresista del Constitucional, que buscan incidir en las recusaciones y aplazar la deliberación para ganar tiempo. Mientras tanto, el Senado podría así tramitar la reforma, cuya votación se produciría este jueves, por lo que las medidas cautelarísimas pasarían a cautelares.

Según el escrito presentado por el grupo socialista en el Senado, "la admisión de una medida cautelar que eventualmente produzca la suspensión del procedimiento parlamentario impide que el conjunto de los diputados y senadores ejerzan legítimamente sus funciones parlamentarias, como representantes de los ciudadanos, en los que reside la soberanía popular, por lo que indirectamente se vulneraría el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE)".

Foto: La portavoz del PP, Cuca Gamarra. (EFE/Kiko Huesca)

"Una injerencia del Tribunal Constitucional de esta naturaleza", según se advierte en el texto firmado por la portavoz adjunta de los socialistas en la Cámara alta, María Fernández, "colocaría al intérprete supremo de la Constitución en una posición que no le corresponde, adelantando, mediante una medida cautelar, una resolución de fondo respecto de un eventual vicio procedimental, que, de darse, podría constatarse posteriormente". Unos argumentos en línea con los que ya presentaron para evitar la paralización de la reforma en el Congreso y que finalmente siguió su desarrollo al decidir el Constitucional retrasar su decisión para este lunes ante el riesgo de falta de cuórum.

Los socialistas ponen el foco en que "no existen precedentes en las Cortes Generales de la suspensión del procedimiento legislativo por la queja o recurso de una parte minoritaria de diputados o de grupos parlamentarios respecto al procedimiento desarrollado". Asimismo, señalan que "existiría una vulneración del derecho de participación política de los senadores establecido en el artículo 23 de la Constitución, en el caso de que se suspendiera el procedimiento legislativo, y no se permitiera el debate y votación de la proposición de ley, con todas aquellas enmiendas que han sido incorporadas en el curso del proceso por las mayorías pertinentes".

placeholder El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro José González-Trevijano. (EFE/Fernando Alvarado)
El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro José González-Trevijano. (EFE/Fernando Alvarado)

Recusación de magistrados con mandato caducado

Se solicita asimismo la recusación del presidente del alto tribunal, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez, por tener el mandato caducado y, por tanto, "tener interés directo o indirecto en el pleito o causa". Se plantea así la "concurrencia de una evidente afectación a los magistrados objeto de recusación por el objeto del procedimiento que les compele directamente, lo que da lugar a las serias dudas que se plantean sobre la necesaria apariencia de imparcialidad".

A las alegaciones ya argumentadas respecto a la votación del pasado jueves, ahora se añade que "la adopción de una medida cautelar como la que está en discusión supondría una vulneración de dicha autonomía [de las Cámaras de Representantes], pues conllevaría presumir la falta de legalidad de las decisiones que han tomado los órganos de gobierno del Congreso de los Diputados (elegidos por los diputados) y la mayoría de los diputados que han votado (hasta 184) y aprobado los textos en las distintas fases del procedimiento legislativo". Se entiende que "se estaría prejuzgando en el mismo sentido las decisiones que vayan a adoptar los senadores, cercenando ex ante la capacidad de iniciativa legislativa de la Cámara Alta".

En línea con las acusaciones vertidas durante los últimos días por dirigentes socialistas y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, poniendo en tela de juicio que se trate de amordazar al poder legislativo, el PSOE hace hincapié en que "el modelo español de Justicia constitucional responde al modelo reactivo y no preventivo, que parte de la presunción de la constitucionalidad de los actos parlamentarios y excluye, en términos generales, el control preventivo en beneficio del acto adoptado por el órgano que representa la soberanía popular".

Polarización extrema y crisis institucional

Ni siquiera en los casos excepcionales en que está previsto el control previo de constitucionalidad, según se apunta en el texto, "se impide adoptar la decisión democrática, esto es, no se paralizan las fases de tramitación y aprobación de las leyes". Asimismo, se señala el riesgo de que "la eventual suspensión de la tramitación legislativa quiebra la arquitectura del control de constitucionalidad de las leyes, en tanto que crea en nuestro ordenamiento jurídico una suerte de control previo de constitucionalidad de las leyes que podría estar abierto a cualquier diputado o senador mediante el recurso de amparo constitucional".

En medio de la galopante polarización y la crispación política, incluyendo críticas de la parte conservadora del TC al presidente del Gobierno por sus "groseras descalificaciones", todos dirigen las miradas al Tribunal Constitucional, que debe resolver en las próximas horas si paraliza o no la reforma sobre el Poder Judicial. Un escenario de choque institucional inédito, solo comparable con los hechos derivados del 1-O y que ha escalado en los últimos días, hasta el punto de revestir las próximas elecciones de un carácter plebiscitario. Democracia o dictadura. Este es el debate que han acabado por priorizar en la agenda los principales partidos políticos. El Ejecutivo y el principal partido de la oposición han asumido la estrategia de las formaciones que les son más afines o con las que tanto PSOE como PP deberán sumar para poder gobernar. Los discursos y las formas se han mimetizado.

Aluvión de escritos al Tribunal Constitucional y al Senado a pocas horas de que el tribunal de garantías decida sobre si paralizar o no la reforma del Poder Judicial. A los recursos presentados el pasado viernes por Unidas Podemos, pidiendo suspender este pleno extraordinario, y la contrarréplica de PP y Vox, demandando que se paralice el trámite en el Senado, se han sumado otra serie de escritos del PSOE este domingo y la mañana del lunes ante el Tribunal Constitucional (TC). Los socialistas tratan así de frenar que este órgano admita el recurso de amparo que el Partido Popular registró el pasado viernes, con el que pretende paralizar la tramitación en el Senado de la reforma del Poder Judicial aprobada ya por el Congreso y que busca facilitar la renovación del propio órgano de garantías. El choque institucional se intensifica con Gobierno y oposición en una espiral de reproches mutuos de golpe de Estado.

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