El choque de Sánchez con el poder judicial une a sus socios y alienta la reforma dura del CGPJ

En medio de una intensa bronca parlamentaria y un choque institucional sin precedentes, el Gobierno sacó adelante este jueves la polémica reforma del Código Penal con una holgada mayoría de 184 votos. El poder legislativo estuvo en vilo hasta el último momento, a la espera de si el Tribunal Constitucional aceptaba o no el recurso de amparo presentado por el PP solicitando la suspensión del pleno. El tribunal de garantías decidió finalmente retrasar su resolución al próximo lunes, pero esta maniobra lo cambió todo. Por un lado, se intensificó el choque que se viene arrastrando por la no renovación de los órganos constitucionales. Y por otro, cuando los tambores de campaña electoral comienzan a resonar, se elevó la polarización a cotas máximas.

Parlamentarios de la derecha y del independentismo coincidieron en comparar las formas y el fondo de lo sucedido con el procés. Las alusiones fueron constantes dentro del cruce de reproches y acusaciones mutuas de golpe de Estado. Una dinámica en la que entraron de forma frontal socialistas y populares. Estos últimos profundizaron su mensaje de deslegitimar al Gobierno y extender este cuestionamiento al poder legislativo. La forma más simbólica de hacerlo fue negándose a participar en la votación. Al igual que Ciudadanos. Otra de las situaciones inéditas que dejó el pleno y que dibuja las dinámicas en que entra la legislatura en su último año.

Vox había marcado previamente esta línea, ausentándose del debate tras la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de no paralizarlo. La socialista alegó no haber recibido ni la comunicación formal de la interposición de un recurso ni ninguna resolución al respecto. El líder de la formación ultraconservadora, Santiago Abascal, respondió que "no solo este Gobierno es ilegítimo, sino que también este Parlamento es ilegítimo por votar unas normas inconstitucionales".

Tras el pleno y desde Bruselas, Pedro Sánchez acusó a la “derecha y la ultraderecha” de intentar un “complot burdo” para frenar la votación en el Congreso de los Diputados a través del Constitucional, tratando de “amordazar al Parlamento”. “Lo que se espera del Tribunal Constitucional es que imperen el sentido común y la Constitución. Le puedo garantizar que estamos ante un intento de atropellar nuestra democracia por parte de la derecha política, pero no solamente, también por la derecha judicial”, aseguró el presidente del Gobierno durante una rueda de prensa, añadiendo que ha sido "jaleada por la derecha mediática". “Hay que respetar la democracia y en una democracia los poderes emanan del pueblo”, añadió.

Las derivadas en la jornada del Congreso que lo ha cambiado todo, sin embargo, son múltiples. No se limitan al choque institucional, la polarización y la deslegitimación por parte de la oposición del poder ejecutivo y del legislativo. Los efectos colaterales más cortoplacistas en el plano político favorecen los intereses de Pedro Sánchez, quien vivió toda esta situación desde Bruselas para participar en el Consejo Europeo.

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El bloque de investidura ha salido más cohesionado y las fisuras internas en el PSOE provocadas por la reforma se han aparcado. Al menos, de momento. Un cierre de filas sobrevenido ante lo que consideran el riesgo de "injerencia" en la soberanía popular, como denunciaron miembros del Gobierno y grupos parlamentarios. El bloque de investidura salió más cohesionado y quienes tenían dudas sobre alguna de las partes de la reforma decidieron cambiar su voto. Este fue el caso de EH Bildu y Más País. El líder de esta última formación, Íñigo Errejón, fue elocuente al respecto. Dijo tener dudas sobre el sentido de su voto, pero "lo de hoy lo cambia absolutamente todo".

Ante lo que se interpreta como un ataque del PP, en connivencia con la parte conservadora del poder judicial, la respuesta pasa por apretar las filas. La crisis ha sido una cortina de humo sobre la polémica reforma del delito de malversación, que encendió las alarmas dentro del PSOE. Esta polémica fue desplazada de la agenda, junto a la reforma del delito de sedición, que beneficia igualmente a los dirigentes condenados por el procés. Asimismo, el choque institucional, con el telón de fondo del estás conmigo o contra mí, enterró las críticas a la técnica legislativa utilizada por el Gobierno. Fuentes socialistas reconocían tras el pleno que las críticas internas a su reforma penal habían quedado tapadas por la maniobra de los populares.

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El relato del Gobierno sobre el "secuestro" de las instituciones se ha intensificado. Durante los últimos días, desde el Ejecutivo habían subido el tono de confrontación con la parte conservadora del poder judicial. De limitar sus reproches al PP por no pactar la renovación de los órganos constitucionales, se fue pasando a señalar también a los “operadores jurídicos conservadores”, así como a referirse a un “secuestro” de los órganos constitucionales. Un argumentario que acabaron de fijar varios ministros este jueves, mimetizándose con las posiciones de Unidas Podemos, y desde la tribuna el diputado encargado de defender la posición del grupo socialista, Felipe Sicilia.

La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, alertaba de que si el Constitucional paralizaba la votación, supondría "un atropello democrático sin precedentes" y generaría una "gravísima crisis institucional". "Un riesgo para la democracia", concluía. Desde los pasillos del Congreso, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, insistía en la necesidad "urgente" de poner fin a "esta crisis del poder judicial", criticando que los "órganos que tienen caducado su mandato", en referencia al Constitucional, "estén poniendo en cuestión el debate parlamentario, la base de la separación de poderes y la soberanía popular".

Todo ello, cuando el Gobierno tiene la puerta entreabierta a una reforma de la ley del poder judicial para rebajar las mayorías parlamentarias en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial sin necesidad de contar con el PP. Una iniciativa que en el pasado se paralizó por las advertencias de Bruselas y que ahora vuelve a coger impulso. El argumentario está preparado. El diputado del PNV Mikel Legarda lo reclamaba con un tono sosegado, el único que se escuchó durante todo el debate. Frente a lo que llamó lawfare, esto es, "demoler iniciativas [en los tribunales] cuando no se dispone del poder legislativo", pidió "impulsar reformas tanto del Constitucional como del CGPJ, que prorrogan sus mandatos de forma espuria".

El socialista Felipe Sicilia respondía en su discurso que, ante el "secuestro" del TC y del CGPJ, "nuestra obligación es, sin duda, que las instituciones funcionen y poner los medios para liberarlas del secuestro al que las tienen sometidas". Abundó además en un relato que justifica actuaciones como la reforma dura del CGPJ porque el PP lo utilizaría "como último recurso para ganar lo que pierde aquí [en referencia a las votaciones del Congreso] y en las urnas". En la misma línea se manifestó tras el pleno el vicepresidente socialista de la Mesa del Congreso, Gómez de Celis: "Es triste que el Constitucional sea utilizado en una parte por Feijóo y el PP en su propio beneficio, de cara a intentar alterar el sistema democrático".

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El PSOE tiene al PP donde quería para la batalla electoral. Fuera de la moderación y la altura de Estado, donde llevan tratando de posicionarlo en la Moncloa y Ferraz desde que se rompió la negociación para renovar el CGPJ. Una idea que se encargaron de reforzar los socialistas durante toda la jornada, intentando sacarlo de la moderación y equipararlo con su predecesor, Pablo Casado. El precipicio del choque institucional se agrandó este jueves, a la espera todavía de que el Constitucional decida el lunes si paraliza o no la tramitación de la reforma que ahora salta al Senado.

Un escenario en el que, en cambio, el PSOE ha sacado partido al alentar su relato para una reforma dura del CGPJ, intentar posicionar a Alberto Núñez Feijóo fuera de la moderación, lograr un cierre de filas dentro del partido, cohesionar el bloque de investidura y extender una opaca cortina de humo sobre la polémica reforma de los delitos de sedición y malversación, así como de su técnica legislativa, cuestionada hasta por los fiscales progresistas. La legislatura cambia de fase a las puertas del ciclo electoral.