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PP y Vox preparan una nueva ofensiva judicial contra Sánchez y pedirán ayuda a Europa
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A la espera de lo que diga el TC el lunes

PP y Vox preparan una nueva ofensiva judicial contra Sánchez y pedirán ayuda a Europa

La oposición trabaja en el siguiente paso para anticiparse a la posible negativa del órgano de garantías a frenar la reforma judicial del Gobierno y plantea nuevos recursos de inconstitucionalidad y querellas ante el Supremo

Foto: El líder de Vox, Santiago Abascal (i), conversa con la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra. (EFE/Kiko Huesca)
El líder de Vox, Santiago Abascal (i), conversa con la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra. (EFE/Kiko Huesca)

La derecha trabaja ya en el siguiente paso para anticiparse a una posible resolución desfavorable del Tribunal Constitucional el próximo lunes. Será entonces cuando el órgano debe resolver si acepta o no las medidas cautelarísimas solicitadas por el Partido Popular para tratar de paralizar la última maniobra legislativa del Gobierno, que logró aprobar este jueves en el Congreso la reforma del Código Penal para eliminar la sedición con la inclusión de dos controvertidas enmiendas para reformar el sistema de elección del CGPJ y del propio TC.

Aunque discurren por caminos distintos, los servicios jurídicos de PP y Vox trabajan a pleno rendimiento en nuevas iniciativas judiciales. En el hipotético escenario de que el TC no acepte su solicitud, Génova presentará un recurso de inconstitucionalidad que estaría listo tan pronto como la proposición de ley entre en vigor. Si el órgano de garantías no lo impide, el Senado ratificará la norma en el pleno del próximo 22 de diciembre, con lo que entraría en vigor al día siguiente, el viernes 23.

Foto: Nadia Calviño, en el Congreso, este jueves. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

Aunque el Tribunal Constitucional admitiese a posteriori la inconstitucionalidad de la norma, pasarían años hasta que una resolución en firme dejase sin efectos la ley. Un poderoso precedente de lo que está aconteciendo en los últimos días se produjo en 2003, cuando el PSOE recurrió ante el mencionado órgano una reforma del Código Penal introducida vía enmienda por el Gobierno de José María Aznar en la Ley de Arbitraje, con la que se pretendía frenar el Plan Ibarretxe. Ocho años después, el Constitucional dio la razón a los socialistas, anulando la admisión de la enmienda por no guardar conexión con el objetivo de la ley que se tramitaba.

Los populares estudian otras iniciativas parlamentarias y judiciales, pero quieren trasladar el grueso de su oposición a Europa. Cuando la negociación del CGPJ ya había saltado por los aires y el Gobierno amagaba con su particular reforma del Poder Judicial, Génova advirtió de posibles represalias internacionales contra la "deriva autoritaria" de Sánchez. Como hizo en otras ocasiones, el PP elevará una queja ante la Comisión Europea por el "golpe al Estado de derecho" y la "vulneración flagrante" de la recomendación para despolitizar la Justicia.

Foto: El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro José Gonzalez Trevijano. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
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Feijóo persigue, al menos, un apercibimiento por parte de Bruselas, que llegaría a pocos meses de que Sánchez asuma la presidencia europea. "Se le puede poner muy cuesta arriba", diagnostican en el partido. Aunque en este caso la reforma ya estaría en vigor, en Génova recuerdan cómo la Comisión frenó la intención de PSOE y Unidas Podemos de reformar la mayoría parlamentaria necesaria para renovar el Consejo General del Poder Judicial y sortear así la situación de bloqueo por la falta de acuerdo entre los dos grandes partidos. Con todo, como publicó El Confidencial, el Ejecutivo no ha dado aún portazo definitivo a la mencionada iniciativa.

En el PP, insisten en el mensaje de "respeto" a la decisión que adopte el Tribunal Constitucional el próximo lunes, pero también que, "jurídicamente hablando", la reforma del Gobierno "es completamente ilegal" porque, entre otras cuestiones, "se han hurtado a los diputados sus derechos parlamentarios". La versión de Génova es que, con esta maniobra, "queda claro" que el Ejecutivo no buscaba un pacto con el PP para renovar el CGPJ, sino que su único interés pasaba por controlar el TC, donde persiste una mayoría conservadora.

Foto: Santiago Abascal en una rueda de prensa. (EFE/Borja Sánchez Trillo)

Vox también optará por la vía de la inconstitucionalidad, pero el partido estudia además elevar la cuestión al Tribunal Supremo. Así lo avanzó Santiago Abascal este jueves, después de que ordenase a sus parlamentarios abandonar el bronco debate en señal de protesta. Pese a que la formación de ultraderecha visita continuamente los tribunales como vía predilecta de oposición a Sánchez, el PP logró neutralizar su hoja de ruta, adelantándose con el recurso de amparo al TC y con la petición de cautelarísimas, una estela que Vox siguió 24 horas después presentando su particular requerimiento al órgano de garantías. El partido insistirá también en la vía europea, y ya envió una misiva dirigida a Ursula von der Leyen hace unos días para que interviniese en lo que califican como un "asalto a la democracia" de Sánchez.

Los de Santiago Abascal preparan también nuevas movilizaciones en la calle a las que el PP no se unirá, pero que consideran "más necesarias que nunca" por el "golpe constitucional" de Sánchez, al que acusan de convertir el Parlamento en "ilegítimo" por votar "normas inconstitucionales". La última pata de presión de Vox es la moción de censura, que se comprometen a presentar en las próximas semanas. Abascal tendió de nuevo la mano a Feijóo este jueves para "actuar de forma coordinada" y frenar a Sánchez, y consideró "un buen punto de partida" que el nuevo líder del PP, a diferencia de Pablo Casado, no vaya a oponerse a la iniciativa si llega a la Cámara Baja.

La derecha trabaja ya en el siguiente paso para anticiparse a una posible resolución desfavorable del Tribunal Constitucional el próximo lunes. Será entonces cuando el órgano debe resolver si acepta o no las medidas cautelarísimas solicitadas por el Partido Popular para tratar de paralizar la última maniobra legislativa del Gobierno, que logró aprobar este jueves en el Congreso la reforma del Código Penal para eliminar la sedición con la inclusión de dos controvertidas enmiendas para reformar el sistema de elección del CGPJ y del propio TC.

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