El Gobierno exige "cordura" al TC: bloquear la votación sería "un atropello democrático"

El Gobierno ha salido en tromba este jueves a reclamar "cordura" al Tribunal Constitucional, y a advertirle de que, si decide bloquear la votación que el pleno del Congreso prevé celebrar en escasas horas, esto supondrá "un atropello democrático sin precedentes", y supondrá una "gravísima crisis institucional". Estas son las palabras empleadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que también alertaba del "riesgo para la democracia" que entrañaría este escenario, pero el diagnóstico es compartido por las vicepresidentas primera y segunda. Los dos partidos que componen el Gobierno, además, han presentado sendos escritos ante el Tribunal de Garantías para intentar decantar su decisión. La gravedad de la situación es tal que buena parte de los partidos de la Cámara han rechazado la intervención del TC, cerrando filas.

En una mañana de absoluta tensión, en la que la Cámara Baja celebra un primer pleno para aprobar la ley del aborto y otras normas, todas las miradas están puestas en el Constitucional; durante esta misma jornada puede aceptar la petición del PP e impedir de forma cautelarísima la votación de la proposición de ley que suprime el delito de sedición, modifica el delito de malversación y rebaja las mayorías necesarias en el CGPJ para elegir a los magistrados del Constitucional que les corresponde nombrar, esto último a través de una enmienda que es el origen de la discordia y la clave del recurso de inconstitucionalidad de los conservadores. Es un escenario inédito que mantiene sin aliento al Ejecutivo, que hoy ha decidido responder con contundencia. Nadie contempla desoír al Tribunal de Garantías si, en contra de lo que espera Montero, no se imponen "la cordura y el sentido común", pero tampoco nadie se atreve a asegurar qué hará el TC.

"Espero que no se produzca una decisión que pueda suponer un cuestionamiento del buen funcionamiento de nuestras instituciones democráticas", avisaba, también desde los pasillos del Congreso, Nadia Calviño. La vicepresidenta primera ha considerado "urgente" poner fin a "esta crisis del poder judicial", y ha criticado que "órganos que tienen caducado su mandato", en relación con el Constitucional, "estén poniendo en cuestión el debate parlamentario, la base de la separación de poderes y la soberanía popular", esgrimía.

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Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, incidía en que el escenario actual es "gravísimo", y recordaba que "jamás en democracia se ha dado este paso". Esto es, que los tribunales o el Constitucional interrumpan una tramitación parlamentaria, cuando además las medidas cautelarísimas y cautelares están pensadas "para reparar daños irreparables". "No estamos ante ese supuesto", afirmaba Díaz, abogada laboralista de profesión, añadiendo que el TC puede anular la norma a posteriori, una vez ya haya sido aprobada, y no forzando al Congreso a parar máquinas.

En este escenario, el Gobierno traslada toda la presión al PP, que está "jugando con las instituciones de la gente", mostrando una "irresponsabilidad gravísima", según Díaz. "El PP tiene que dejar de intentar fosilizar, suspender e inhabilitar el buen funcionamiento de los órganos constitucionales y el buen funcionamiento del resto de instituciones democráticas", esgrimía Calviño. En el Ejecutivo no se olvidan de destacar que esta reforma no habría sido necesaria si el PP no estuviera bloqueando la renovación institucional, y este diagnóstico se extiende entre varios grupos de la Cámara. La amenaza de intervención del TC está sirviendo como elemento de cohesión.

Baldoví: "Es diciembre, pero flota un insoportable olor a febrero de 1981"

Cada uno a su manera, partidos desde la CUP a Compromís, y hasta Ciudadanos, han reconocido la excepcionalidad del momento. "Me parece algo inusitado dentro de nuestro ordenamiento jurídico", afirmaba Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, que no obstante se mostraba a favor de "cualquier medida" que permita bloquear la tramitación de la norma, en línea con la líder del partido, Inés Arrimadas, que criticaba la respuesta del Gobierno.

"Lo de hoy lo cambia absolutamente todo", aseguraba Íñigo Errejón (Más País), recordándole al TC su mandato "caducado" y que "no hay autoridad por encima de la soberanía nacional y popular". "Que el TC esté en un pleno decidiendo si el Congreso puede legislar es un atropello", afirmaba Mireia Vehí (CUP), forzando el paralelismo con el Parlament catalán durante el procés. "Me parecería un escándalo que el TC dijera a los Parlamentos qué podemos votar y qué no", apostillaba Ferrán Bel (PDeCAT).

Más allá de estas muestras de cohesión, la tensión, el "clima enrarecido", que diría Errejón, y la indignación de buena parte de los grupos era evidente. El diputado de Compromís, Joan Baldoví, llegaba a exteriorizarlo desde la tribuna de oradores: "Es diciembre y en el hemiciclo flota un insoportable olor a febrero. A febrero de 1981". Mientras tanto, las intervenciones de sus señorías se sucedían, sin que nadie se atreviera a pillarse los dedos anticipando escenarios.