El sector conservador acusa a los progresistas de boicot en el TC

El pleno fallido celebrado este jueves en el Tribunal Constitucional ha sido de todo menos tranquilo. El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano, se ha visto obligado a aplazar el pleno del órgano de garantías después de que dos magistrados de la minoría progresista —María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol Rius— le comunicasen que ellos y tres magistrados más —Cándido Conde Pumpido, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez— habían tomado la decisión de no participar en la deliberación del pleno ni, en consecuencia, en la votación si la hubiere, aduciendo que necesitan más tiempo para estudiar los asuntos a resolver.

Ante este posicionamiento, el presidente González Trevijano ha comprobado que carecía de cuórum para constituir el pleno (ocho magistrados) ya que los conservadores son seis y, en consecuencia, ha aplazado hasta el lunes la sesión plenaria. Por su parte, los magistrados del sector progresista sostienen que la decisión se ha debido a la complejidad de los asuntos y a la necesidad de disponer de más tiempo para tomar una decisión.

El presidente González Trevijano ha exigido a los cinco magistrados del sector progresista que le enviasen un escrito explicando su posición para que asumiesen la responsabilidad del aplazamiento. En él se señala de forma expresa la postura de los firmantes que precisan que la falta de tiempo les "imposibilitaba" participar y votar. "No había negativa alguna a participar, sino una necesidad objetiva de tiempo, dada la transcendencia y complejidad del tema", aseguran fuentes del sector progresista que atribuyen la acusación del sector contrario a "presiones políticas o mediáticas" y el deseo de desviar el tema.

Lo cierto es que el aplazamiento supone que, de celebrarse el pleno previsto para el lunes, será mucho más improbable que el TC adopte las medidas cautelares solicitadas por el PP ya que "se enmendaría la plana a la votación del Congreso". Según esas fuentes, la medida cautelar hubiese sido posible antes de la votación, pero "resulta casi inverosímil después de que los diputados se hayan pronunciado sobre la proposición de ley", aunque se subraya que el proceso legislativo no concluye hasta que la proposición de ley sea aprobada también por el Senado la semana que viene.

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Igualmente, en el Constitucional hay extrañeza por la tardanza del PP en la interposición del recurso de amparo ya que las enmiendas de adición que se pretende sean paralizadas se presentaron por el PSOE y Unidas Podemos el día 9 de diciembre pasado según consta en el registro del Congreso con el número de entrada 16918.

Por lo demás, fuentes del Constitucional precisan que el Tribunal nunca está en funciones, ni caducados los mandatos de cuatro de los magistrados, aunque hayan transcurrido nueve años desde su nombramiento. Aducen estas fuentes dos ejemplos contundentes: Francisco Tomás y Valiente fue magistrado y presidente del Tribunal entre 1980 y 1992 y María Emilia Casas, igualmente magistrada y presidenta entre 1998 y 2010, y tanto bajo el mandato del primero como de la segunda se dictaron sentencias importantes, entre ellas, en 2010 la que resolvió el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña de 2006, después de que fuese refrendado.

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Las mismas fuentes aducen que, aun habiendo división en los letrados del Constitucional, los del Congreso habían advertido sobre la antijuridicidad de las enmiendas de adición sobre el TC y el Consejo General del Poder Judicial porque se introducía en una proposición de ley de reforma del Código Penal dos modificaciones sustanciales de otras dos leyes orgánicas —del TC y del Poder Judicial— desconectadas en cuanto a su naturaleza de las reformas de los tipos penales.

Aunque de diferente cariz, el Constitucional ya suspendió el pleno del Parlamento catalán el 9 de octubre de 2017, a instancias de un recurso de amparo interpuesto por el PSC basado en las mismas razones jurídicas que se contienen en el del PP presentado ayer.

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Fuentes del Constitucional ponen en duda que los magistrados que han "boicoteado" hoy el pleno, según la versión de los conservadores, no reiteren su negativa a participar el próximo lunes en la deliberación y votación de la admisión del recurso del PP y de las medidas cautelares, de manera tal, que la eventual decisión de los cinco magistrados de la minoría progresista bloquee indefinidamente la resolución del Tribunal ganando así tiempo para que entre en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que conllevaría el nombramiento por real decreto de Juan Carlos Campo y Laura Díez —ambos designados por el Gobierno— en sustitución de Pedro González Trevijano y Antonio Narváez, ya que el Constitucional habría quedado privado de su facultad de verificar la idoneidad de sus nuevos miembros.

Por fin, la renovación por tercios dependerá de que el Consejo General del Poder Judicial nombre en el pleno extraordinario del día 20 a sus dos candidatos. Si no lo hace, el Gobierno está dispuesto a que sus magistrados sean definitivamente nombrados, juren sus cargos ante el Rey y, de inmediato, tomen posesión de sus cargos en el Tribunal. El cese de Pedro González Trevijano implicará la presidencia interina del actual vicepresidente Juan Antonio Xiol Rius que permanecerá en ese cargo hasta que se completen los nombramientos de los miembros del órgano de garantías.