El Estatuto catalán reinventa el centralismo: la Generalitat asume todas las competencias en materia local

De ‘neocentralismo’ autonómico se podría calificar la redacción del Estatuto de Cataluña en materia de régimen local, a tenor de cómo ha quedado después de su paso por la Ponencia el pasado viernes en que se trataron los asuntos competenciales. Las competencias del Estado en materia local desaparecen en Cataluña, pero no contentos con eso, los redactores del tripartito y CiU han arrogado a la Generalitat tal nivel competencial en la materia que prácticamente hace desaparecer el Régimen Local.

“Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de régimen local de los entes creados por aquella, con excepción de los constitucionalmente garantizados”, es decir, que sólo se libran del ansia competencial del Gobierno catalán los municipios, ya que las comarcas son entes creados por la Generalitat. Y tampoco se salvan las provincias ya que, a pesar de estar garantizadas las Diputaciones por la Constitución, el Estatuto las hace desaparecer y son sustituidas por las Veguerías, de manera que pasan a formar parte de los entes locales creados.

Esto implica que la Generalitat fijará, desde que se apruebe el Estatuto, todas las competencias de los entes locales que antes estaban salvaguardadas por la Ley de Bases del Régimen Local. Además, la nueva redacción del Estatuto tampoco tiene en cuenta el marco básico de la Ley de Régimen Electoral de aplicación a todos los entes locales, que quedan sometidos al marco electoral que dicte la Generalitat de Cataluña.

Por decirlo de otra manera, lejos de considerar que las corporaciones locales tienen un régimen jurídico derivado de la Constitución, el nuevo Estatuto pone en manos de la Generalitat la configuración de un régimen jurídico nuevo. Algo así como configurar un nuevo marco autonómico de segundo grado dependiente de la Generalitat o, dicho de otro modo, que Cataluña tenga su propio estado autonómico reconocido en el Estatuto.

Tan es así, que en materia de función pública –un asunto que todavía no ha pasado por el trámite de la Ponencia del Estatuto- el tripartito y CiU pretenden que la Generalitat también tenga competencias exclusivas sobre el régimen de empleados públicos, limitando la legislación básica del Estado en esta materia a meros principios ordenadores y trasladando el resto de competencias a los órganos de la Generalitat.

El próximo miércoles, la Ponencia tratará la financiación autonómica, y también en este punto la idea de los redactores es aumentar la capacidad de decisión de la Generalitat sobre la financiación de los entes locales, haciéndola depender en exclusiva del régimen de financión que adopte el Estatuto y excluyendo en esta materia el papel del Estado.