Los conservadores del TC tenían decidido frenar la reforma y el aplazamiento lo impidió

La mayoría conservadora del Tribunal Constitucional llegó a valorar este jueves, en una reunión del grupo a puerta cerrada, estimar la solicitud del PP y paralizar, por tanto, la reforma del poder judicial en el Congreso. A las nueve de la mañana, los seis magistrados conservadores, incluido su presidente, Pedro González-Trevijano, se reunieron en el despacho de este último para fijar un criterio común y concluyeron que, en inicio, había motivos para atender el recurso de los populares a la espera del desarrollo de la deliberación, informan fuentes jurídicas. Este cierre de filas hubiera garantizado, en caso de concretarse, superar por un voto a los progresistas. El aplazamiento del pleno dio al traste con esta intención inicial.

Mientras tenía lugar este encuentro, los progresistas acordaban por su parte otra línea común de actuación. A la vista de la entrada en el registro del tribunal de tres nuevos escritos —dos del PSOE y Podemos y uno de Vox—, el bloque más cercano a la izquierda optó por ganar tiempo. La Cámara Baja tenía prevista la votación de las enmiendas impugnadas a primera hora de la tarde. La nueva documentación y la solicitud, entre otras cuestiones, de recusación de dos magistrados daban a este bloque argumentos suficientes para forzar un aplazamiento. La documentación básica había sido repartida a última hora de la noche del miércoles.

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Fuentes progresistas aseguran que, a eso de las 10 de la mañana, la hora prevista para el inicio, todo el grupo estaba sentado en el pleno mientras los conservadores seguían en el despacho del presidente. La dilatación de los tiempos fue conociéndose en fascículos. En un primer momento, los cinco magistrados progresistas (Juan Antonio Xiol, María Luisa Balaguer, Ramón Sáez Valcárcel, Cándido Conde-Pumpido e Inmaculada Montalbán) reclamaron unas horas para estudiar los nuevos escritos.

Cerca ya de la una, según la versión de los conservadores, los progresistas anticiparon que la abundancia y complejidad de las solicitudes les impedía participar en la deliberación y posible votación. El TC cuenta ahora con 11 magistrados, por lo que, sin ellos, no se alcanzaba el quórum mínimo de ocho para formar pleno. Los progresistas niegan maniobra alguna y dicen que lo mínimo que se puede pedir al Constitucional es abordar un asunto de esta relevancia con el tiempo imprescindible para su estudio. Además de los escritos, varios letrados del TC aportaron informes, y también se aportaron las actas de la Comisión de Justicia en que se aprobó la tramitación de las polémicas enmiendas.

El pleno acabó constituyéndose, pero fue únicamente para constatar que no tendría posibilidad de desarrollarse según lo previsto inicialmente. Trevijano se vio obligado a aplazar y, al hacerlo, se permitió la votación y todo cambió. La idea inicial, que suscitaba apoyo mayoritario, ya no sirve ante la nueva situación. El ponente, Enrique Arnaldo, defendía la estimación de la medida que pidió el PP, pero el aplazamiento no se traduce únicamente en que se ganen cuatro días, sino que también cambia el escenario sobre el que se debe decidir. Ya no se trata de paralizar una reforma que ni siquiera ha llegado a votarse en el Congreso, sino de suspender una reforma que la Cámara ya ha aprobado y que, antes de que llegue al Senado el próximo jueves, el Constitucional estaría bloqueando.

Aunque la petición del PP no ha perdido objeto, porque el procedimiento legislativo sigue en el Senado, el cambio de situación pone en duda que el bloque conservador conserve la unidad. También anticipa que no habrá una decisión rápida, ya que, de momento, no se ha estudiado aún la petición más sensible de las formuladas por el Gobierno en sus escritos: las recusaciones.

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El escrito presentado por Unidas Podemos pide la recusación del presidente del Constitucional y del magistrado Antonio Narváez, ambos conservadores. Su argumentación se centra en que deben ser apartados del pleno porque ambos tienen un "interés directo o indirecto" en la causa, pues su mandato en el Constitucional llegaría a su fin de manera inmediata si prospera la reforma del Gobierno que ellos mismos discuten ahora congelar. Los dos fueron nombrados por el Gobierno en la etapa de Rajoy y serán sustituidos por Juan Carlos Campo y Laura Díez, los elegidos por la Moncloa.

Los conservadores defienden que una recusación en esta fase cautelar —en la que se decide de urgencia sin escuchar a las partes— no puede prosperar porque Podemos no está personado en el procedimiento ni tiene, por ello, capacidad para pedir esa medida. Los progresistas aún no tienen un criterio formado, aseguran las fuentes consultadas, de ahí la necesidad de tiempo.

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Las enmiendas que pide paralizar el Grupo Popular son las enumeradas como 61 y 62, presentadas por PSOE y Podemos, los dos grupos parlamentarios de la coalición, que fueron aprobadas este jueves por la Cámara. La primera de ellas modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, alterando el régimen de nombramientos de magistrados por el CGPJ y "vulnerando" el artículo 159.1 de la Constitución. La citada enmienda elimina el quorum mínimo del órgano que permite eludir la mayoría reforzada de tres quintos para este tipo de resoluciones, "exigida expresamente para garantizar la independencia de los magistrados y asumida pacíficamente durante cuatro décadas".

La segunda enmienda por la que el PP ha pedido amparo es la que modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y elimina la potestad de este órgano para verificar la adecuación de los nuevos nombramientos de los magistrados, "lo que supone un atentado a la independencia y autonomía del Tribunal Constitucional". El Gobierno impulsó este trámite para evitar que la cúpula del Constitucional bloquease la entrada de los dos magistrados propuestos por el Ejecutivo, Juan Carlos Campo y Laura Díez. Además, la reforma habilita la posibilidad de que la renovación se produzca por un "sexto" del Tribunal en lugar de "un tercio", lo que contraviene lo fijado en el artículo 159.3 de la Constitución, donde se dispone que los magistrados se renovarán por terceras partes cada tres años.

El recurso de la discordia

En el recurso, el primer partido de la oposición denuncia también el "uso fraudulento de los trámites parlamentarios", en alusión al mecanismo escogido por el Ejecutivo para introducir modificaciones en el Código Penal. De hecho, el PP ya presentó varios escritos a la Mesa del Congreso —desestimados por el órgano presidido por Meritxell Batet— para solicitar la paralización de la tramitación exprés de la proposición de ley con la que se pretende derogar el delito de sedición y rebajar el de malversación. Los de Feijóo exigían activar un procedimiento ordinario, previa petición de los informes pertinentes a los órganos constitucionales, por la "gravedad" y "profundidad" de la reforma.

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El partido se apoya también en los servicios jurídicos del Congreso, que lanzaron una advertencia el pasado lunes sobre la "antijuricidad" de la modificación del sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional a través de una enmienda a una iniciativa legislativa con un objeto completamente distinto, que no es otro que el de la eliminación del delito de sedición y la rebaja de las penas por malversación. Durante la ponencia de la Comisión de Justicia del pasado lunes, "se advirtió de que las enmiendas no guardan la homogeneidad y coherencia exigibles o necesarias para figurar en la proposición de ley, porque no tienen que ver con el tema principal que pretende legislar".