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Corporativismo vs. vínculos políticos, los retos de ceder la elección del CGPJ a los jueces
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La parálisis de la Justicia

Corporativismo vs. vínculos políticos, los retos de ceder la elección del CGPJ a los jueces

Volver al modelo previo a 1985 abre la puerta a potenciar los intereses particulares de asociaciones de magistrados en detrimento de los 'independientes' que representan a la mitad de la carrera

Foto: Pleno extraordinario del CGPJ. (EFE)
Pleno extraordinario del CGPJ. (EFE)
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Hubo un tiempo en España en el que los jueces elegían a sus representantes para sentarse en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desde ahí, luego se nombra a otros jueces para integrar plazas claves como las del Tribunal Constitucional. Ese tiempo duró apenas cinco años y en 1985 la elección pasó a manos del Congreso y del Senado. Sectores de la Justicia, partidos políticos e instituciones europeas piden retomar el modelo inicial y devolver la potestad a los jueces en exclusiva. Pero la despolitización que pretende este plan no está exento de riesgos, como apuntalar los intereses corporativos de las asociaciones judiciales en detrimento de los magistrados 'independientes', la mitad de la carrera.

El Consejo, considerado el órgano de gobierno de los jueces, lo integran 20 miembros. La Ley reparte sus asientos entre 12 magistrados y ocho juristas de reconocido prestigio. El modelo actual dice que las Cortes tienen la última palabra. A los primeros los eligen los grupos parlamentarios por consenso, pero a partir de una lista cerrada de candidatos remitida previamente por los jueces. Para estar en esa terna tienen que reunir un número de avales de sus compañeros. A los ocho restantes los escogen directamente los políticos y no tienen que ser necesariamente jueces. Pueden proceder de otros campos como la universidad, la Fiscalía o la abogacía.

Foto: Carlos Lesmes, en la apertura del año judicial. (EFE)

El pacto de los diputados y senadores en torno a los nombres necesita una mayoría de tres quintos de ambas cámaras, un nivel de apoyo que solo se logra si el PP y el PSOE se ponen de acuerdo. El desencuentro entre las dos formaciones del bipartidismo ha provocado la actual parálisis. El Consejo está pendiente de renovar desde 2018. La realidad ha demostrado que son el Gobierno y la dirección nacional del PP quienes directamente llevan el peso de una negociación que por ley corresponde a los grupos parlamentarios. El colapso afecta ya al Tribunal Supremo, con jueces ejerciendo de forma interina y amenaza con extenderse al Tribunal Constitucional.

Este sistema de elección es el que permite que en los medios y en la carrera judicial se hable abiertamente de bloque conservador y bloque progresista. O que al hablar de los vocales en concreto se les aplique el apellido del partido por el que fueron nombrados. Aunque se han dado sorpresas en algunas votaciones, por lo general se pronuncian en consonancia con los intereses de la formación que apostó por ellos en la negociación. De facto, no es un consenso sino una elección por cuotas en las que se impone el partido con más escaños en las Cortes.

El CGPJ no va a cumplir el plazo para elegir a dos representantes del Tribunal Constitucional porque el bloque conservador ha ralentizado los tiempos. Esta renovación del TC prevé arrebatar a los conservadores la mayoría que ostentan desde hace años. Previamente, el Gobierno impulsó a través de sus grupos parlamentarios del PSOE y Podemos una reforma legal que impedía al Consejo seguir nombrando jueces. Partía de la creencia de que su reparto de fuerzas heredado de tiempos del PP en La Moncloa designaba magistrados conservadores. La realidad de las votaciones en los Plenos demuestra que las designaciones gozaban de amplio consenso interno entre los dos bloques.

Lesmes pide cambiar el modelo

El presidente del CGPJ debe ser elegido por los propios vocales, aunque los precedentes también presentan el caso de negociaciones entre los partidos que empezaron la casa por el tejado en busca de un consenso en torno a esa figura. El actual es Carlos Lesmes, que esta semana inauguró por novena vez el curso judicial, cuatro de ellos con el mandato caducado. Su alocución alcanzó un tono de desesperación. Ante la presencia del Rey, Lesmes consideró fracasado el modelo actual de renovación del CGPJ y abogó por excluir a los políticos.

Foto: Margarita Robles. (EFE/Martin Divisek)

"La elección exclusivamente parlamentaria de los vocales del Consejo, sin participación determinante de los propios jueces, tiene casi cuarenta años de existencia (...) hay que admitir que este modelo se ha instalado en una crisis de difícil salida por la permanente falta de entendimiento de los grupos políticos mayoritarios y por no corresponderse además con los estándares europeos en materia de consejos judiciales", dijo Lesmes, el máximo representante del Poder Judicial, uno de los tres pilares del Estado junto al ejecutivo [el Gobierno] y el legislativo [las Cortes].

Devolver el poder directo a los jueces en la coyuntura actual no despeja del todo las dudas sobre la politización. Las asociaciones gremiales también tienen vínculos con los partidos. Además, la posibilidad de frenar intereses corporativos quedaría al margen de la sede de la soberanía nacional, sometida al examen de los ciudadanos en las urnas. En España hay casi 5.500 jueces. De ellos, cerca de 3.000 pertenecen a alguna asociación. Solo 1.350, casi la mitad de ellos, son de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). La segunda asociación, con cerca de 850 miembros, es la Asociación Francisco de Vitoria (AFdV). La única considerada progresista es la tercera en número de representantes, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).

En España hay casi 5.500 jueces. Unos 1.350 son de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM)

Es habitual que los partidos de uno y otro signo se apoyen en estas asociaciones para asesorarse, también sobre quiénes son los candidatos más idóneos para ocupar una plaza en el Consejo. En 2012, el entonces ministro de Justicia del PP, Alberto Ruiz Gallardón, provocó el malestar de estos colectivos con una reforma judicial que les restaba poder en la elección de vocales al Consejo. Impulsó la proporcionalidad en la lista de candidatos para dar más presencia a los no asociados y eliminó el límite máximo de 37 nombres. También rebajó a los no asociados el número de avales para poder presentarse, lo que amplió el espectro.

Varios colectivos de jueces amenazaron con huelga y solo la APM —considera más cercana a los populares— presentó oficialmente candidatos para la renovación del Consejo de 2013, el actual. Los 12 jueces salieron de una lista de 53 candidatos. La APM presentó 12 nombres, de los cuales dos entraron en el Consejo. No están claros los criterios de selección. El número de avales o los méritos del currículum no son un baremo determinante. Según informó la Cadena Ser en 2013, los dos no asociados que más apoyos recabaron de sus compañeros jueces fueron María del Rocío Pérez-Puig [con 210 avales] y Manuel María Estrella [128], pero ninguno de los dos salió seleccionado.

En 2018, de cara al nuevo Consejo que tendría que haber sido renovado, se presentaron 51 candidatos a las 12 plazas de jueces. Más de la mitad pertenecen a las tres principales asociaciones. Algunas voces cuestionan que esa terna siga valiendo, ya que, cuatro años después, hay nuevos jueces que cumplen con los requisitos para recabar avales y presentarse. Hace dos años, ya en el marco de las tensiones para la renovación, el exlíder del PP Pablo Casado presentó un plan que reforzaba a las asociaciones, al tiempo que proclamaba la despolitización.

El Plan de Casado

Su idea era volver al modelo previo a 1985 y que los jueces tuvieran poder exclusivo a través de una elección con censo universal. De facto, beneficiaba a las asociaciones —la mayoría son de corte conservador— frente a los jueces que van por libre. Estos comicios internos se tendrían que celebrar tres meses antes de que expire el mandato de cinco años de cada Consejo. Las papeletas deberían incluir el nombre de todos los candidatos, pero cada votante tendría que marcar solo a sus ocho favoritos. Al final del recuento, los 12 jueces con más apoyos cosechados serían los elegidos.

El PSOE rechazó esta idea, que significaría beneficiar especialmente a las plataformas conservadoras. En cada papeleta, el nombre del candidato tendría que ir acompañado de algunos datos, como por ejemplo, si va respaldado por alguna asociación. Eso supondría una desigualdad manifiesta respecto a los no asociados en el caso de que los colectivos organizados llamasen a sus afiliados a la disciplina de voto. El plan de Casado contemplaba también aumentar los avales necesarios para los no asociados que quisieran presentarse. El listón pasaba de 25 a 100. Además, las asociaciones tendrían derecho a avalar a 12 candidatos, mientras que el resto solo podían apostar por un compañero.

Más recientemente, las dos asociaciones minoritarias, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente [suman 1.100 afiliados], plantearon en junio de nuevo retomar la elección directa de sus representados en el CGPJ. Abrían la puerta a candidaturas de jueces al margen de las asociaciones o incluso mixtas. También aceptaban que el listón de los avales no fuese insalvable. La APM y JJpD, líderes en sus respectivos bloques conservador y progresista y con más tradición en sus relaciones con PP y PSOE, se oponen.

Hubo un tiempo en España en el que los jueces elegían a sus representantes para sentarse en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desde ahí, luego se nombra a otros jueces para integrar plazas claves como las del Tribunal Constitucional. Ese tiempo duró apenas cinco años y en 1985 la elección pasó a manos del Congreso y del Senado. Sectores de la Justicia, partidos políticos e instituciones europeas piden retomar el modelo inicial y devolver la potestad a los jueces en exclusiva. Pero la despolitización que pretende este plan no está exento de riesgos, como apuntalar los intereses corporativos de las asociaciones judiciales en detrimento de los magistrados 'independientes', la mitad de la carrera.

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