El Constitucional paraliza la reforma del Gobierno e impide que vote el Senado

Casi 10 horas de deliberación para adoptar una decisión sin precedentes. El Tribunal Constitucional (TC) ha paralizado en la noche de este lunes la tramitación de las enmiendas con las que el Gobierno buscaba acelerar la renovación de la institución por un estrecho margen de seis votos frente a cinco. Los dos bloques han votado unidos. Conservadores frente a progresistas. La mayoría del sector más cercano a la derecha y su convicción de que la forma en que el Gobierno buscaba aprobar el cambio era inconstitucional han sido determinantes.

La decisión implica que la tramitación de la iniciativa legal queda paralizada antes de que llegue al Senado el próximo jueves. El Gobierno tiene ahora la posibilidad de sacar adelante la aprobación por vías distintas que no adolezcan de visos de inconstitucionalidad. Mientras tanto, los magistrados atienden de forma cautelarísima la petición del PP y echan por tierra el plan con que el Gobierno buscaba despejar de un plumazo todos los obstáculos para lograr un vuelco progresista en el Constitucional.

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Como avanzaba este lunes El Confidencial, el presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, y otros cinco magistrados de corte conservador se mostraban favorables a atender las medidas cautelares solicitadas por el PP desde primera hora. Para evitar este escenario, el PSOE y Unidas Podemos han presentado una nueva tanda de escritos insistiendo en que el presidente y otro de los magistrados del bloque conservador debían apartarse, pero sus argumentos han sido rechazados.

Fuentes jurídicas apuntan a que el pleno ha transcurrido de forma sosegada y que la resolución completa no se conocerá hasta pasadas unas horas. Por el momento, el tribunal solo ha notificado su decisión, es decir, la parte dispositiva del pronunciamiento, pero el documento completo se centrará en argumentos técnicos y evitará impresiones valorativas dirigidas al Gobierno, avanzan las mismas fuentes. Los cinco magistrados progresistas emitirán por su parte un voto particular para plasmar sus argumentos.

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En la parte dispositiva se anticipa que el TC continuará ahora el procedimiento por la vía habitual. Tras las cautelarísimas, vienen las cautelares, en las que las partes podrán argumentar a favor y en contra de mantener la decisión adoptada. Se dan 10 días al Ministerio Fiscal y demás partes personadas, entre ellas los partidos políticos, para que efectúen alegaciones respecto al mantenimiento de la suspensión. También se requiere con carácter urgente al Congreso de los Diputados, por conducto de su presidenta, para que "remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones". Hasta nuevo aviso, la tramitación del cambio legislativo queda así suspendida.

Los seis magistrados que han forzado la decisión aprecian una vulneración del derecho fundamental de participación política que recoge el artículo 23.2 de la Constitución, explican las mismas fuentes. La ponencia del magistrado Enrique Arnaldo, de corte conservador, indica que la doctrina existente exige una relación de "homogeneidad" entre las enmiendas que incluían la reforma y la iniciativa legislativa que se pretende modificar, que en este caso es la proposición de ley que en principio solo se refería a aspectos como derogar el delito de sedición y rebajar la pena de la malversación.

"Conforme a dicha doctrina, desde la perspectiva constitucional, cabe extraer una exigencia general de conexión u homogeneidad entre las enmiendas y los textos a enmendar", indicaba el informe favorable al PP. El escrito afirma también, citando esa jurisprudencia, que la enmienda no puede servir de mecanismo para dar vida a una realidad nueva.

La recusación de dos magistrados

El bloque progresista ha tratado de evitar la paralización de la reforma desde las 10 de la mañana de este lunes, cuando ha arrancado el pleno. Su primer movimiento ha consistido en cuestionar a quién le correspondía tomar esta decisión, argumentando que el recurso del PP no debía quedar en manos del propio pleno, sino en una de las salas del tribunal. En concreto, la Sala Segunda, donde se produce un empate de fuerzas con tres conservadores y tres progresistas. El Constitucional ha dedicado toda la mañana a resolver esta cuestión y, finalmente, ha acordado por siete votos contra cuatro que la admisión a trámite se resolviera en el pleno.

Aclarado este punto, los magistrados han vuelto a reunirse a las cinco de la tarde con otras dos decisiones pendientes. La primera, las recusaciones, que solicitaban Unidas Podemos y el PSOE, del propio presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, y del magistrado Antonio Narváez, ambos de corte conservador. Según argumentaban los partidos, debían apartarse de la deliberación al verse afectados por la reforma: su mandato en el tribunal se encuentra prorrogado desde junio y tienen que ser sustituidos por los candidatos que ya ha escogido el Gobierno, desde donde defienden que el cambio legislativo es clave para su futuro y compromete su imparcialidad.

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Los seis magistrados de la mayoría no han acogido este razonamiento. En primer lugar, las cautelarísimas que se han examinado se deciden inaudita parte —sin oír a las partes—, lo que complica, en su opinión, atender argumentos de partidos ni siquiera personados. Además, la petición de recusación ha sido parcial. Solo ha puesto el foco en los puestos del Constitucional, cuya renovación depende del Gobierno, pero no en los otros dos que dependen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que incluyen al progresista Juan Antonio Xiol Ríos y también se ven afectados por la reforma. Si la recusación se hubiera extendido a los mismos, el Constitucional ni siquiera hubiese alcanzado el quorum de ocho miembros para formar el pleno.

Con ambas posturas sobre la mesa, el pleno ha rechazado apartarles por los mismos seis votos a cinco, el número mágico de la larga e intensa jornada en el TC. Tanto Narváez como González-Trevijano han participado en la deliberación sobre su propia recusación, lo que no ha tardado en provocar críticas en el bloque progresista y, más allá del tribunal, también a nivel político con el PSOE al frente. La admisión a trámite vino después, con el mismo reparto de fuerzas. Pasadas las 10 de la noche, el Constitucional ya ha anunciado su decisión definitiva: atiende la cautelarísima que pedía el PP y paraliza la votación en el Senado.

Las dos enmiendas que paraliza el TC

Las dos enmiendas de la polémica aceleraban los tiempos para que el Gobierno lograra la mayoría progresista en el Constitucional. La primera se centraba en los dos nombramientos para este tribunal que corresponden al CGPJ y, frente al sistema actual, acababa con que los candidatos necesitaran el apoyo de tres quintos de los vocales. Al mismo tiempo, ponía contra las cuerdas el bloqueo de los conservadores en el CGPJ y facilitaba que uno de los elegidos fuese el progresista José Manuel Bandrés.

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La segunda enmienda se centraba en el propio sistema del Constitucional. De esta manera, si el Gobierno o el CGPJ "no hubiera hecho su propuesta" de candidatos cumplido el mandato de los correspondientes magistrados, se procedería "a la renovación" de los propuestos por el órgano que hubiese "cumplido con su deber constitucional". Este cambio ponía punto y final al debate sobre la renovación por tercios y permitía al Gobierno sacar adelante sus dos candidatos —el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de la Moncloa Laura Díez— sin tener que esperar a los del CGPJ. También eliminaba la necesidad de que los propios miembros del Constitucional tuvieran que dar el visto bueno a los nuevos magistrados.