El PP celebra que el TC "defienda la democracia" frente a la "deriva autoritaria" de Sánchez

El Partido Popular celebra la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación de las dos enmiendas del Gobierno para reformar las leyes del Poder Judicial y del propio TC. "Hoy ha triunfado el Estado de derecho, hoy nuestra democracia ha salido fortalecida", resumió Génova, que instó al Ejecutivo a "acatar la decisión" del órgano de garantías. Los populares lanzaron esta advertencia por los mensajes de dirigentes de Unidas Podemos, instando al Senado a no aceptar el fallo del Constitucional si este resultaba desfavorable para sus intereses. "Si una orden va en contra de la propia Constitución, no habría motivos para acatarla", aseveró Pablo Echenique, portavoz parlamentario de los morados. La presidenta del Congreso, el presidente del Senado y el ministro de Presidencia se comprometieron este lunes por la noche a cumplir el fallo, aunque los dos últimos fueron muy severos con el alto tribunal y todos anunciaron que estudiarán vías para "preservar la autonomía parlamentaria".

Con todo, el PP festeja el "triunfo del Estado de derecho" por la decisión de frenar a un Gobierno que "se saltó todas las líneas rojas", resaltando que el órgano "no se ha dejado influenciar por las presiones del Gobierno". PSOE y Podemos presentaron varios escritos de recusación contra varios magistrados del TC por tener el mandato caducado —el presidente, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez, ambos del bloque conservador— con el objeto de detener el recurso de amparo del PP, pero no fructificaron. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, advirtió incluso de las "graves consecuencias" de amparar la demanda del PP, al entender que Génova trata de "controlar la democracia por la puerta de atrás".

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"El pasado jueves fue un día negro para nuestro país, con un intento del Gobierno de sacar adelante sus medidas a toda costa, saltándose la tramitación prevista y eludiendo los más mínimos controles parlamentarios. Hoy, la Justicia ha venido a decir que no todo vale en política, que el Gobierno se saltó todas las líneas rojas y que este tipo de desmanes no se pueden permitir en un Estado democrático", reiteró el PP en un comunicado, en el que resaltó que el Tribunal Constitucional ha "defendido a todos los españoles y a nuestro Estado de derecho de la deriva autoritaria y antidemocrática de Sánchez".

Vox, por su parte, advirtió tras la resolución del recurso de que "no hay nada ganado", porque Sánchez "sigue con su plan de perpetuarse" y "es capaz de desoír" al TC. Tanto la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; como la máxima autoridad del Senado, Ander Gil, desmintieron en rueda de prensa urgente esa posibilidad y se comprometieron a "acatar" el fallo del Constitucional. Con un tono especialmente duro, el presidente de la Cámara Alta advirtió de que la decisión implica "un punto de inflexión" en que la "inviolabilidad" del Parlamento queda "seriamente comprometida".

La inédita decisión del Constitucional de atender de forma cautelarísima la petición del PP echa por tierra el plan con que el Gobierno buscaba despejar de un plumazo todos los obstáculos para lograr dar un vuelco progresista en el propio TC. Los seis magistrados del bloque conservador se han impuesto a los cinco de la sección progresista, una decisión que frena la tramitación en el Senado de las dos enmiendas parciales introducidas por el Ejecutivo en la proposición de ley para reformar por la vía de urgencia el Código Penal. La proposición de ley sí se votará en la Cámara Alta, pero sin las dos propuestas referentes al Poder Judicial. La resolución del órgano de garantías, que implica suspender una tramitación parlamentaria, carece de precedentes en democracia.

La tramitación del cambio legislativo queda suspendida hasta nuevo aviso. Tras las cautelarísimas aceptadas por el TC, vienen las medidas cautelares, en que ambas partes pueden argumentar a favor y en contra de mantener el fallo. Durante 10 días, el Ministerio Fiscal y demás partes personadas, entre ellas los partidos políticos, pueden efectuar alegaciones respecto al mantenimiento de la suspensión.