Moncloa se revuelve contra el TC, niega su legitimidad y considera ilegal su actuación

El Gobierno acata, pero no comparte. No solo eso, sino que directamente cuestiona la legitimidad del propio Tribunal Constitucional y la legalidad de su decisión de paralizar la tramitación en el Senado de la reforma del poder judicial. El choque institucional sigue escalando y el Ejecutivo lo ha llevado, al igual que la oposición, a un terreno en que aseguran que están en juego la democracia y el Estado de derecho.

El escenario que desde el Gobierno nunca quisieron imaginarse, aludiendo a que supondría un "atropello de la democracia", en palabras de Pedro Sánchez, se ha cumplido. "Lo ocurrido hoy es de una gravedad máxima", calificaba sin matices el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pasada la medianoche, desde el Palacio de la Moncloa y tras sendas comparecencias de los presidentes del Congreso, Meritxell Batet, y del Senado, Ander Gil. Con un tono solemne, casi fúnebre, Bolaños cargaba de argumentos su deslegitimación de la decisión, acusando en última instancia al PP por mantener bloqueado el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Esto es, "controlar el Parlamento cuando es mayoría y cuando no lo es", además de recurrir "todos los avances de la sociedad española", en referencia a las leyes del aborto, igualdad, matrimonio igualitario, eutanasia o la reforma laboral.

Tras llamar la atención sobre que "la decisión más grave del Constitucional ha sido adoptada en un tiempo inusualmente breve y con la mayoría más exigua", de seis votos (conservadores) frente a cinco (progresistas), el titular de Presidencia acusaba al órgano de garantías de detener la acción legislativa de los "representantes legítimos del pueblo español". "Algo que no ha sucedido nunca en los últimos 44 años, que no ha pasado jamás en ningún país europeo de nuestro entorno y que afecta a los fundamentos de la separación de poderes de nuestra democracia", denunció.

Las críticas de la Moncloa chocan, sin embargo, con las atribuciones del Tribunal Constitucional como intérprete de la Carta Magna. Esta indica, en su artículo 9, que los poderes públicos, incluyendo el Parlamento, están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y menciona de forma precisa el control de la posible "arbitrariedad" de estos. Son numerosos los juristas que lo han recordado en los últimos días a raíz del conflicto provocado y de las críticas desde el terreno político a la actuación del tribunal de garantías.

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Lo sucedido en la última semana no tiene precedentes en ambos sentidos. Es decir, nunca hasta este lunes el TC había paralizado una iniciativa legislativa de las Cámaras, pero tampoco nunca se había impulsado un procedimiento de urgencia que ventilara en poco más de 10 días, sin informes y sin dar posibilidad a la modificación a los grupos contrarios, las dos leyes orgánicas por las se rige buena parte de un poder ajeno, el judicial. El meollo de la decisión del TC se encuentra en esa disonancia de la tramitación que ha violado los derechos de los grupos minoritarios.

El propio TC destacará en su resolución que la inconstitucionalidad de esta tramitación por la vía rápida no es insalvable. Alegará que el perjuicio que se provoca a los partidos que han impulsado las enmiendas no es "grave", puesto que el Congreso de los Diputados y el Senado pueden utilizar los procedimientos legislativos previstos en los reglamentos de las Cámaras para dar cauce, "dentro de los límites constitucionales", a las iniciativas legislativas que se puedan proponer.

Opinión

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En los últimos días, desde el Gobierno vienen argumentando la deslegitimación del órgano de garantías democráticas por tener caducados los mandatos de su presidente, Pedro González-Trevijano, y el magistrado, también elegido por la cuota del PP, Antonio Narváez. Algo en lo que también incidió Bolaños al señalar que el Tribunal Constitucional no solo habría paralizado su propia renovación, pendiente desde hace seis meses, sino que "lo han hecho algunos magistrados que, con su voto, han decidido su propio futuro".

Anoche, desde el Ejecutivo, fueron un paso más allá al deslizar que la decisión del Constitucional no se ajusta a la ley, como también había insinuado minutos antes el presidente del Senado. "La ley no confiere al Constitucional la posibilidad de paralizar la actuación de las Cortes Generales", aseguró Bolaños, para añadir que "esa facultad existía y en 1985 se derogó, precisamente para evitar que se pudiera impedir a los parlamentarios debatir y aprobar asuntos".

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La decisión del TC se adoptó tras 10 horas de deliberación después de que la recusación de Trevijano y Narváez fuera rechazada por seis votos contra cinco. Todos los conservadores frente a todos los progresistas. Se basa en el uso para la reforma de un sistema irregular, consistente en introducir en una modificación del Código Penal un asunto sin relación alguna con la cuestión enmendada. Esos cambios, considera la mayoría del TC, no guardan una mínima conexión de homogeneidad con el objeto del texto legislativo al que se refieren.

Renovación del TC y del CGPJ

En este momento, la Moncloa no renuncia a desbloquear el Tribunal Constitucional, el mismo órgano que ha parado la reforma para forzar su renovación y tras el que acusa al PP de situarse para "controlar el Parlamento". Tampoco renuncia a forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para lo que siempre dejó abierto rebajar las mayorías parlamentarias con el objetivo de elegir a sus vocales sin el concurso del PP. Una pantalla futurible, según trasladan desde Ferraz, aun apuntando que la prioridad ahora es defender la Constitución y renovar el órgano de garantías constitucionales.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial celebrará este martes, en un pleno extraordinario, la primera votación formal para nombrar a sus dos candidatos. Con el cambio de reglas en el limbo, hay pocas esperanzas de que ninguno de los candidatos propuestos (los magistrados progresistas José Manuel Bandrés y Pablo Lucas y el conservador César Tolosa) logren recabar los 11 votos necesarios para que el nombramiento salga adelante. La crisis se perpetuará aún unas semanas más.

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En esta dicotomía entre democracia y dictadura, que ya condicionó el último debate del Congreso, Bolaños rechazaba enmarcar lo sucedido como un conflicto entre partidos o instituciones para hacerlo "entre quienes cumplimos la Constitución y quienes la incumplen desde hace cuatro años. Entre quienes deseamos cumplirla y quienes trabajan cada día para incumplirla".

La líder de Podemos y ministra, Ione Belarra, acusó anoche a la "derecha política, mediática y judicial" de consumar "un golpe sin precedentes a la democracia" tras haber demandado horas antes al PSOE que desobedeciera la resolución del TC. Su antecesor al frente del partido, Pablo Iglesias, reclamó "salir a la calle a defender la democracia". También Íñigo Errejón, de Más País, habló de "atropello democrático". Más cauta, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tildó de “grave” la suspensión parcial de la actividad legislativa, resultado de un “proceso de deterioro de las instituciones” por “la captura de intereses partidistas de la cúpula judicial”, así como por la “resistencia del PP a cumplir la Constitución”. En un breve mensaje transmitido por su equipo, Díaz ha prometido que “la democracia prevalecerá”, y que el Ejecutivo lo garantizará “con diálogo, serenidad y política constructiva”. Esta promesa en genérico contrastaba así con las acusaciones de otros representantes de UP: “Golpe”, tuiteaba su portavoz parlamentario, Pablo Echenique.

Mientras la polarización amenaza con revestir la próxima batalla electoral de un carácter plebiscitario, PSOE y PP asumen la estrategia de sus extremos, mimetizan sus discursos y se acusan de "golpe de Estado". Sin embargo, tanto desde el Gobierno como desde la presidencia socialista del Congreso y el Senado han reiterado que acatarán las decisiones del Constitucional frente a los llamamientos de Podemos a desobedecer. Una posición que incluso está hablada desde la Moncloa con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como líder de Unidas Podemos.

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Se quiere alejar ante todo el fantasma del procés y sin azuzar este choque institucional, ya de por sí inédito y con consecuencias impredecibles, en un precipicio sistémico. Desde Podemos, por el contrario, defienden que el Senado cuenta con "elementos jurídicos suficientes" para desoír la resolución y han presionado en público a los socialistas para que defiendan la "soberanía popular" ante lo que califican de un golpe a la democracia desde el poder judicial. Tras hacerse pública la suspensión de la tramitación, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, aseguraba que "toca demostrar que los y las demócratas somos más". Según criticaba, "la derecha política, mediática y judicial consuma un golpe sin precedentes a la democracia".

Nueva ley por procedimiento de urgencia

Para consumar el desbloqueo del TC de una forma urgente tras el revés de este lunes, decidiendo aceptar las medidas cauteralísimas solicitadas por el PP, la única vía pasa por que los dos grupos que sostienen el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, presenten una proposición de ley para una reforma propia. La decisión del TC se basó en que la iniciativa se realizó a través de una enmienda a otra reforma orgánica, la del Código Penal para suprimir el delito de sedición, sin relación alguna de "homogeneidad". La última contrarreforma exprés del poder judicial se tramitó en un plazo de menos de un mes desde su registro, al realizarse por la vía de urgencia y en lectura única. Esta es la vía que ya ha tratado de espolear algún socio minoritario del Gobierno en el Congreso, como es el caso de Más País, presentando su propia proposición de ley ayer mismo. Una iniciativa para que los dos miembros que designa el Gobierno puedan tomar posesión, aunque el CGPJ no designe a los suyos.

El Consejo de Ministros de este martes no tiene en su orden del día ningún decreto de nombramiento de Juan Carlos Campo y Laura Díez, los dos magistrados a propuesta del Gobierno, junto a otros dos de cese de Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez. De ser así, estos podrían tratar de revocar la decisión de admitir el recurso de los populares para suspender la tramitación de la reforma.