Errejón registra una proposición de ley para reformar la renovación del Tribunal Constitucional

Más País ha registrado en el Congreso una reforma de la Ley orgánica que regula el Tribunal Constitucional (TC) que habilita al Ejecutivo o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a designar miembros del órgano de forma separada si pasados tres meses desde la renovación no se han ejercido los relevos.

Así consta en la iniciativa impulsada por el diputado y líder de la formación, Íñigo Errejón, y que ha desvelado poco después de que el órgano de garantías haya suspendido la tramitación parlamentaria, en este caso en el Senado, de la reforma que desbloqueaba su renovación. "No van a poder con la soberanía popular", ha zanjado el propio Errejón en redes.

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En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, se plantea suprimir la atribución actual del Tribunal Constitucional para ejercer un control adicional sobre los miembros designados por los órganos competentes, dado que esa supervisión tiene "poca utilidad", ya que esos perfiles son evaluados por los órganos que las designan y se refuerza el control conferido a cada institución proponente.

El principal cambio planteado por Más País es introducir la posibilidad de que el Gobierno y el Poder Judicial puedan renovar el tribunal de garantías de forma desacompasada, pasados tres meses desde la fecha en la que se debería haberse producido el relevo de sus miembros.

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Agencias

Además, se añade un apartado que añade como causa de cese de un magistrado del Tribunal Constitucional el no reunir los requisitos mencionados en el artículo 159.2 de la Constitución. Ese apartado de la carta magna especifica que los miembros del TC deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores universitarios, funcionarios públicos y abogados, todos ellos con la condición de ser juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional.

La proposición argumenta que estos meses se ha visto una situación que afecta al tercio de miembros del TC que deben ser elegidos por el Gobierno y por el CGPJ, dado que existe una "dilación" del órgano de gobierno de los jueces que compromete la llegada al tribunal de garantías elegidos ya por el Ejecutivo.

De esta forma, argumenta que se "está comprometiendo que se cumpla el mandato constitucional" y, por ello, la reforma que proponen busca "agilizar y facilitar dicha renovación y, así, minimizar el grado de incumplimiento y la interinidad a la que puede ser sometido el Tribunal Constitucional por un bloqueo partidista".