Sánchez replica a Aragonès que no habrá consulta y entierra el 'procés': "Es el pasado"

Tras cerrar la carpeta de la "desjudicialización" del procés y coincidiendo con la activación del modo electoral para 2023, el Gobierno cambia el paso con el independentismo. Sube el tono de confrontación y se planta ante sus nuevas reivindicaciones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado la rueda de prensa durante su balance de final de año para cargar contra un "proyecto que va contra los tiempos" y responder al president de la Generalitat, Pere Aragonès, quien este mismo lunes fijaba para 2023 las bases de una consulta independentista. "Podrán reclamar lo que quieran, pero no se va a realizar", replicaba tajante el jefe del Ejecutivo. Fuentes de Moncloa ya relegaron hace unos días la celebración de la mesa de diálogo. Un foro que no está en la agenda del Gobierno ni a corto ni a medio plazo.

Sánchez ha insistido, ante las nuevas prioridades del independentismo, tras acordar con el Ejecutivo la supresión del delito de sedición y reformar el de malversación con el objetivo de beneficiar a los líderes del procés, que "la Constitución se cumple en todos los territorios del país, también en Cataluña". En esta línea ha lanzado una reflexión general sobre las ideologías secesionistas, apuntando a que las respuestas a los problemas actuales pasan por una mayor integración de la soberanía. De ahí que haya relegado al independentismo a un proyecto que camina con coordenadas caducadas. Un proyecto que va contra los tiempos y la esencia de la UE, dijo, pues la tendencia "no es a compartimentar la soberanía, sino a compartirla, que es lo que estamos haciendo en Europa".

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Convivencia frente a confrontar territorios es una de las ideas fuerza que ha repetido el presidente del Gobierno y con las que justificó las "decisiones arriesgadas" de sus acuerdos con el independentismo. Unos acuerdos que ha puesto en valor porque "la situación está mucho mejor que en 2017". Todo lo que hago es para no volver a repetir la desgracia de 2017, que causó sufrimiento, dolor y una enorme vergüenza a nivel internacional", en referencia al 1-O. En este contexto ha resaltado que bajo su mandato no se han producido ni consultas ni declaraciones unilaterales de independencia, para concluir que en Cataluña se está cumpliendo la Constitución.

La celebración de la mesa de diálogo queda en el aire una vez que Moncloa pone rumbo electoral. Con todo, el presidente del Gobierno no ha querido enterrarla directamente, aunque sí sacarla de la agenda, para no hacerse una autoenmienda. "Siempre que el independentismo ha suscitado este debate (sobre la celebración de una consulta independentista), han encontrado siempre la misma respuesta, que no cabe dentro de la Constitución". De ahí que haya puesto en valor la mesa de diálogo como "herramienta útil para vehicular esa agenda del reencuentro". En un tono más empático, ha reclamado "tiempo, paciencia y generosidad por parte de todos para encontrar un punto de equilibrio que garantice la convivencia en Cataluña".

Aragonès priorizó en su discurso institucional de Navidad que "2023 debe ser el año de dar forma a la propuesta catalana de acuerdo de claridad". Una propuesta de referéndum pactado que ya planteó el pasado septiembre durante el debate de política general del Parlament. En la sociedad catalana hay un amplio consenso sobre la necesidad de resolver votando el conflicto con el Estado. Por eso, este 2023 la Generalitat impulsará un debate, una gran conversación, con el conjunto de la sociedad, para dar forma y visualizar este consenso", añadió.

El contexto preelectoral empuja a evitar cualquier interferencia de la agenda catalana en la campaña. De ahí que se diluyan las prisas del Govern para reunir la mesa de diálogo, aunque en la última reunión celebrada en Madrid se había fijado un plazo máximo de seis meses para celebrar el siguiente encuentro, este ya en Barcelona. Al coste electoral fuera de Cataluña de las alianzas con formaciones como ERC, sobre todo en las regiones del interior, se suman los efectos de la división interna o las voces críticas dentro del propio partido sobre los acuerdos fruto de esta relación.

Si los indultos y la supresión del delito de sedición eran cuestiones con efectos controlados e incluso amortizados, la reforma del delito de malversación ha generado muchos más temores dentro del propio PSOE. Algo que ya comienzan a asumir también desde el Gobierno, reconociendo su miedo a que esta reforma pueda abrir la puerta a la revisión de penas a corruptos, como con la ley del solo sí es sí en el caso de los agresores sexuales. La máxima ahora de Moncloa es promover "un discurso positivo" porque "la ciudadanía no quiere proyectos que dividan".

Mientras el referéndum vuelve a incorporarse a las prioridades de la Generalitat, para el Gobierno es una línea roja. Al igual que es una barrera infranqueable asumir posiciones de desgaste en materia territorial coincidiendo con el arranque del ciclo electoral. Cataluña es una plaza clave para el PSOE de cara a las elecciones generales para revalidar el Gobierno y desde Moncloa avanzan que será un gran "activo". "Estabilizar Cataluña, abriendo un espacio para la política y no judicial, se reconocerá como una contribución ante una de las mayores crisis de la democracia", señalan fuentes socialistas del Gobierno.

Paquete anticrisis

El jefe del Ejecutivo, en su tradicional comparecencia antes de final de año para hacer balance, ha puesto en valor medidas como la "solución ibérica", que ha cifrado en un ahorro medio de 150 euros en las facturas de los hogares, la reforma laboral, haciendo hincapié en la evolución del empleo, y en términos generales la lucha contra la inflación al situar a España en una tasa del 6,8% frente a la media europea del 11,1%.

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El discurso económico y los brotes verdes se están priorizando en la agenda de Moncloa con vistas al ciclo electoral de 2023. En este punto se enmarca el tercer gran paquete anticrisis con medidas sociales para frente a las consecuencias económicas de la guerra del que también ha dado cuenta Sánchez durante su comparecencia destacando tres ejes: "proteger a la clase media, trabajadores y tejido productivo; un reparto de las cargas más equitativo, para quienes más tienen arrimen el hombro, y finalmente aumentar la soberanía energética del país". "Avanzar y proteger" ha repetido Sánchez como idea fuerza y leitmotiv electoral.

El nuevo decreto anticrisis incluye la supresión del IVA en los alimentos básicos con tipo superreducido y la rebaja del 10 al 5% del aceite y la pasta. Una de las principales medidas incluidas en el nuevo paquete de medidas contra las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania que entrará en vigor a partir del 1 de enero y que se complementa con otras como la limitación de los alquileres o los descuentos en el transporte público, así como un cheque de 200 euros para familias con rentas inferiores a 27.000 euros. En total, el decreto movilizará 10.000 millones de euros, en línea con el anterior paquete que superó los 9.100 millones.