El Gobierno teme que la reforma del delito de malversación provoque rebajas de penas

El Gobierno ya no descarta que la reforma del delito de malversación pactada con ERC abra la puerta a la revisión de sentencias. La iniciativa ratificada este jueves por el Senado, junto a la sustitución del delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados para desjudicializar el procés, encendió las alarmas entre los barones del partido cuando se puso sobre la mesa, precisamente, por el temor a que provocase una rebaja de penas de condenados por corrupción.

Tanto desde Ferraz como el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistieron en descartar este escenario porque ni se rebajarían penas ni se produciría ningún paso atrás en la lucha contra la corrupción. Ahora ya se ha comenzado a asumir que podría producirse un goteo de revisiones de sentencias, como está ocurriendo con la ley del solo sí es sí. Según reconoce un ministro socialista del Ejecutivo, esta posibilidad generaría un "daño a la imagen del Gobierno" con consecuencias electorales imprevisibles.

El goteo de sentencias revisadas a corruptos por casos de corrupción en plena precampaña de las autonómicas dejaría entrever las grietas en la lucha contra la corrupción provocadas por el acuerdo para beneficiar a los dirigentes independentistas del procés. Otro miembro del Ejecutivo, si bien tampoco descarta esta posibilidad, argumenta que no habrá coste electoral porque la ciudadanía valorará más positivamente que se pase página a la judicialización del procés y a la "convivencia" en Cataluña.

El cambio en la posición del Ejecutivo, reconociendo ahora que comparte un temor ya manifestado por los barones socialistas, se produce después de que se intentase alejar el fantasma de las revisiones de sentencias a través de una enmienda a la reforma para limitar la retroactividad. Se daba por hecho que reflejando expresamente esta voluntad del legislador, se "facilitaría la interpretación de los jueces" para que mantuviesen las mismas penas en los casos de malversación. Sin embargo, la inclusión de este aviso en la exposición de motivos no solo no tiene efecto alguno, sino que indignó a la judicatura, que lo ve como una intromisión en su terreno.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno tapa la rebaja de la malversación con una nueva pena para cargos públicos

B. Parera A. López de Miguel

Asimismo, de los tres tipos de conductas por malversación que se incluyen ahora en el Código Penal, solo se rebajaban penas en las actuaciones en que se dé al patrimonio público una aplicación distinta a aquella a la que estaba destinado. Sin embargo, todos estos elementos no convencieron ni a la oposición ni a los expertos, que siempre consideraron que se abriría la puerta a la revisión de sentencias, como ya asumen desde el Gobierno.

La reforma penal de la malversación establece tres supuestos diferenciados de malversación y reduce sensiblemente las penas previstas hasta el momento en casos de desvíos de fondos públicos, cuando estos no van destinados a un lucro directo y personal. Las bajadas más acusadas se producen en el desvío de fondos del erario para emplearlos en una aplicación diferente a la que estuviera prevista en inicio. Además, introduce atenuantes y reducciones en los supuestos en que se reintegren las cantidades desviadas y obliga a los tribunales a determinar si la conducta produjo una grave perturbación del servicio. Si esta no queda demostrada, las penas aparejadas se limitan a la inhabilitación.

TE PUEDE INTERESAR

Rebajar la malversación provocará un alud de revisiones de condenas por corrupción

Beatriz Parera Pablo Gabilondo

Juristas consultados advierten de que existen casos en que aplicar la nueva normativa y que se traducirían en rebajas. Hay dudas en cuanto a la interpretación que harán los tribunales en casos muy mediáticos como la trama Púnica, la Kitchen o incluso los ERE de Andalucía, que afectan al socialismo. En el primer caso, se persigue en varias piezas el uso de fondos para la mejora de la reputación online de distintos cargos. En el segundo, el desvío de fondos bajo la dirección del Ministerio de Interior en la etapa de Fernández Díez para sufragar el espionaje del extesorero del PP Luis Bárcenas. No solo afectará a causas tan mediáticas. La malversación afecta con frecuencia a ayuntamientos de localidades pequeñas en que se lleve a cabo un desvío “clientelista” de fondos, advierten.

Tanto desde Ferraz como desde el Gobierno se afanaron durante la tramitación de esta polémica reforma en calmar las aguas en el PSOE tras el amago de revuelta interna por la reforma del delito de malversación. Las críticas se limitaron al presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, y al aragonés, Javier Lambán. Ambos tuvieron duras palabras contra su partido y el presidente del Gobierno, aunque el resto de barones que de forma unánime habían criticado la intención de reformar este delito acabaron por cerrar filas o guardar silencio.

TE PUEDE INTERESAR

Lambán se suma a Page en el frente contra Sánchez por "desarmar" al Estado ante el procés

Iván Gil

Para Lambán, los delitos de malversación cometidos por los líderes del procés no deberían rebajarse, como ha pactado el Ejecutivo con ERC, sino que incluso deberían tener una pena mayor. "Malversar fondos públicos para financiar la comisión de un delito tan gravísimo como el de los independentistas en octubre de 2017, lejos de tener ningún tipo de atenuante, debería tener una consideración agravada", protestó tras el acuerdo sellado por socialistas y republicanos para reducir penas a los dirigentes independentistas. Seguía así los pasos de Page, quien un día antes había asegurado que "no es tolerable pactar con delincuentes su propia condena".

La crisis institucional provocada por la paralización de otras dos enmiendas incluidas en esta reforma del Código Penal para desbloquear el Tribunal Constitucional ha acabado por tapar las polémicas por los delitos de malversación y sedición, además de provocar un cierre de filas tanto dentro del PSOE como entre los socios parlamentarios del Gobierno. Un cierre de filas sobrevenido, al menos momentáneo, ante lo que consideraron un riesgo de "injerencia" en la soberanía popular, como denunciaron miembros del Gobierno y grupos parlamentarios.

Ante lo que se interpreta como un ataque del PP, en connivencia con la parte conservadora del poder judicial, la respuesta pasó por apretar las filas. Atrás quedó el amago de revuelta interna, que ahora podría volver a acabar por estallar si se produce un goteo de revisiones de sentencias. Otras voces del partido, como el extremeño Guillermo Fernández Vara, habían apoyado la reforma con "matices", y alcaldes de grandes ciudades también se desmarcaron.