El Gobierno corrige la ley del solo sí es sí aprovechando la reforma del Código Penal

El Gobierno rectifica y trata de corregir los efectos de la ley del solo sí es sí y limitar la retroactividad. Aprovechando la reforma del Código Penal en tramitación para suprimir el delito de sedición y reformar el de malversación, la Moncloa ha acordado con el Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, introducir una enmienda transitoria para tratar de reducir los efectos de la polémica ley. Se siguen así las tesis que defiende el fiscal general del Estado y algunas audiencias provinciales aunque el alcance de la modificación será muy limitado e incluso inexistente, ya que el único efecto es el de aclarar la voluntad del legislador.

El texto refleja de forma expresa, para evitar margen de interpretación por parte de los jueces, que las leyes más beneficiosas no suponen rebajas de penas siempre que estas sean imponibles también con la nueva legislación. Un aspecto que, según remarcan, ya recoge el Código Penal de 1995, pero intenta dárseles así un mayor blindaje. La medida se ha lanzado cuando las rebajas de condenas a agresores sexuales superan ya el medio centenar.

En palabras del portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, lo que se está introduciendo en el Código Penal sirve como un "toque de atención a los tribunales para decir 'oiga, no me vayan por ahí". Esto es, para "recordarles que no tienen por qué producir las sentencias que están produciendo", ya que el Código Penal "les permite mantener las condenas".

La inclusión de esta disposición, sin embargo, no evitaría las revisiones de las penas. Los tribunales seguirán interpretando si la nueva pena es "proporcional" en función del nuevo arco de penas y, en muchos casos, seguirán rebajando las condenas. El efecto de la modificación sobre las revisiones será inapreciable, aseguran fuentes jurídicas.

Los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, consideran que la inclusión del nuevo párrafo en la exposición de motivos de la reforma del Código Penal facilita la interpretación del derecho transitorio de acuerdo con la jurisprudencia consolidada. Con ello buscan "una aplicación correcta de las modificaciones del Código Penal, entre ellas algunas recientemente aprobadas como la Ley de Libertad Sexual".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya apuntó en el pasado en conversación informal con los periodistas la posibilidad de realizar algún tipo de "ajuste técnico" a la norma impulsada por Igualdad, después de dejar estos cambios en el aire y tratar de que los suyos cerrasen filas con Igualdad para evitar una crisis de Gobierno con sus socios de coalición. Fuentes de la dirección del grupo socialista ya habían apuntado a este diario que estaban preparados para activar los cambios de forma urgente si, como desean, así se decidiese. Estas mismas fuentes consideran que rectificar sería lo menos dañino si la alternativa pasa por no hacer nada cuando, lamentan, se está responsabilizando al PSOE de las rebajas de penas.

La presión dentro del PSOE por corregir la ley acabó por estallar públicamente, después de que Sánchez decidiese respaldar a Igualdad en esta polémica para intentar cerrar la crisis. Esa tregua, que provocó que tuviesen que matizar sus posiciones favorables a una reforma de la ley cargos como la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, o la titular de Igualdad y portavoz de Ferraz, Pilar Alegría, se había roto en los últimos días. Barones socialistas volvieron a insistir en la necesidad de reformar la ley para evitar la rebaja de penas, mientras que ministros socialistas como la titular de Defensa, Margarita Robles, reconocieron "lagunas" jurídicas en la norma para justificar su modificación.

La entrada en vigor de la ley que lideró el departamento que dirige Irene Montero ha provocado en poco más de un mes una cascada de revisiones de condena a la baja. El goteo supera ya los 50 casos y ha provocado, también, una decena de excarcelaciones de presos que han visto reducidas sus condenas. Se ha producido en todo el territorio nacional. Desde Madrid a Baleares. El recorte más pronunciado alcanza los siete años rebajados a dos hombres que violaron a una mujer en Santander.

Este mismo martes, coincidiendo con la enmienda, el Tribunal Supremo ha confirmado sin rebajas una condena de 15 años a un padre por un delito de agresión sexual continuada con violencia e intimidación y acceso carnal a su hija menor de edad. El tribunal explica que el caso resuelto en esta sentencia no está afectado por la reforma de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, puesto que la pena impuesta al condenado fue la máxima legalmente prevista (15 años) en la anterior regulación, que coincide con la actual en el caso concreto examinado.

Por su parte, la Audiencia provincial de Badajoz ha estimado la solicitud de revisión de la pena impuesta a un condenado por un delito continuado de abuso sexual que queda fijada en 10 años seis meses y un día de prisión, en lugar de la impuesta de 11 años, produciéndose una rebaja de seis meses. El auto, que cuenta con el informe desfavorable del Ministerio Fiscal, señala que se concretó la pena de prisión en el mínimo legal con arreglo a la redacción de la norma derogada (11 años) y que dicho mínimo con la nueva redacción es inferior.