El PP registra una ley en el Congreso para que los jueces elijan a los magistrados del CGPJ

El PP hará un último intento por reformar la ley que rige el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque todo apunta a que, como en anteriores ocasiones, terminará en fracaso. El partido que dirige Alberto Núñez Feijóo ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica en la que plasma y detalla el plan judicial que envió a la Moncloa hace meses, y en el que propone una modificación del sistema de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, con el objetivo de que 12 de sus 20 vocales sean elegidos directamente por jueces y magistrados.

La propuesta del PP parte de los criterios de despolitización acordados con el Gobierno en el enésimo intento de desbloquear el CGPJ —cuya renovación está pendiente desde hace más de cuatro años—, pero que quedaron en nada por la decisión del PP de levantarse de la mesa de negociación tras confirmar el Ejecutivo que seguiría adelante con la reforma del Código Penal y consecuente eliminación del delito de sedición y rebaja de la malversación.

El objetivo de los populares, según consta en el propio texto, pasa por elevar los requisitos para acceder a cargos en la carrera y evitar las puertas giratorias con la política. En su iniciativa, el PP considera evidente que el actual modelo de designación parlamentaria de los vocales no goza ni del respaldo de Bruselas ni del "consenso social, jurídico o político" necesario para garantizar los principios de "transparencia e independencia" que exigen las instituciones democráticas. El primer partido de la oposición pide un nuevo consenso político que fortalezca "los pilares democráticos", en línea con lo reclamado tanto por la Comisión Europea como por el Consejo de Europa.

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La proposición de ley fue registrada el pasado 30 de diciembre a instancias de la máxima autoridad de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, que ha trabajado mano a mano con el vicesecretario de Institucional del PP e interlocutor con el Gobierno en materia de Justicia, Esteban González Pons.

Fortalecer la independencia judicial

Los de Núñez Feijóo plantean que los 12 vocales de extracción judicial sean directamente elegidos por los jueces y magistrados, mientras que el Congreso y el Senado seguirían escogiendo a los ocho vocales del turno de jurista que le corresponde. La mayoría seguiría fijada en tres quintos, con lo que sería necesario que PSOE y PP llegasen a un acuerdo para renovar la parte —minoritaria— que le correspondería del órgano de gobierno de los jueces. La propuesta del PP incluye una cláusula antibloqueo, por la que, si los dos grandes partidos fueran incapaces de llegar a un acuerdo para renovar su parte, el Consejo podría constituirse solo con los 12 vocales escogidos por los jueces.

La propuesta de los populares detalla que solo podrán aspirar a estos puestos quienes no hayan ocupado un cargo electo o político en los últimos cinco años. El PP pide criterios más rigurosos y transparentes en el acceso a determinados puestos y dificultar el regreso a la carrera judicial desde la política. Insta así a que los jueces que se presenten como candidatos en unas elecciones o que sean nombrados para un cargo político de confianza deban declararse en situación de excedencia voluntaria y no puedan reingresar al servicio activo hasta dos años después del cese.

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La iniciativa de los de Feijóo, que no llegaría a la Cámara Baja previsiblemente hasta el mes de febrero —enero es inhábil en sede parlamentaria— refuerza también las mayorías dentro del CGPJ a la hora de elegir distintos cargos judiciales, exigiendo el apoyo de tres quintos de los vocales. El PP propone también elevar de 10 a 15 años el tiempo de ejercicio profesional exigido a los juristas de reconocido prestigio para acceder a plazas en las Salas de lo Civil y lo Penal de los tribunales superiores de Justicia y elimina la intervención de las asambleas legislativas autonómicas en su elección. En el caso del Supremo, pide que los magistrados cuenten con al menos 20 años en la carrera.

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La proposición de ley implica el enésimo intento por parte de una de las dos fuerzas implicadas por intentar atraer al contrario a un acuerdo que se ha enquistado en la vida política. A finales del pasado mes de octubre, el PP volvió a romper un acuerdo que estaba prácticamente cerrado con el Ejecutivo, lo que derivó en una profunda crisis institucional: el Gobierno, para esquivar el bloqueo del CGPJ y del TC, impulsó una reforma judicial vía enmienda a la propia proposición para modificar el Código Penal, una fórmula que frenó el propio órgano de garantías a instancias de un recurso de amparo del PP, una maniobra pionera en democracia.

Cuatro años antes, en octubre de 2018, la negociación había saltado por los aires un pacto ya cerrado tras salir a la luz un wasap del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que hablaba de controlar la Sala de lo Penal del Supremo por "detrás". Poco después, el PP de Pablo Casado planteó una reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ similar a la registrada este martes, pero la mayoría del Congreso rechazó la propuesta y defendió el actual sistema de elección a través del Parlamento.