Las sillas vacías del Supremo alcanzan a la sala que preside Marchena

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha ido esquivando en estos meses la reducción de sus magistrados como consecuencia de jubilaciones o cambios de responsabilidades de sus miembros que quedan sin cubrir por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial y la reforma que limita sus funciones y prohíbe al órgano hacer nombramientos. Sin embargo, en los próximos días sufrirá su primera baja. Está a punto de jubilarse el magistrado Miguel Colmenero, que será la primera baja de la Sala de lo Penal que preside Manuel Marchena.

La edad de sus integrantes ha permitido hasta el momento que la Segunda se convirtiera en una excepción. Muy lejos de la delicada situación que viven otras salas como la Tercera o la Cuarta, al borde del colapso en algunos casos, hay, sin embargo, magistrados que comienzan a temer que la situación se perpetúe y ralentice, en un futuro, su funcionamiento. En tres años, llegará el momento de la jubilación de cuatro de sus miembros y hay quien piensa que las escasas expectativas de solución de la situación del Consejo amenazan con prolongarse de forma indefinida.

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Colmenero preside en la actualidad la Junta Electoral Central y ha sido el ponente de conocidas sentencias, entre ellas la de los ERE, que recientemente confirmó el grueso de las condenas para los ex altos cargos de la Junta de Andalucía, o la de los atentados del 11-M. Con anterioridad, perteneció a la carrera fiscal, en la que desde 1977 desempeñó distintos destinos en las fiscalías de las audiencias provinciales de Guipúzcoa, Cádiz y Sevilla. Entre 1992 y 1998, fue fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Segovia, y desde 1998 hasta 2002, fiscal del Tribunal Supremo, en la sección correspondiente a la Sala Segunda.

De un total de casi 80 magistrados en todo el TS, en este momento están vacías 18 plazas, pero el número se incrementará en los próximos meses con la salida por jubilación de nuevos magistrados. Las vacantes alcanzan más de un 20% de la plantilla. Desde hace meses, la situación es insostenible, y sin esperanzas de renovación del Consejo, lo será aún más. El Tribunal Militar Central está, por su parte, a las puertas del bloqueo. La Sala de lo Contencioso sumará una más con la jubilación de la magistrada Inés Huerta, que se producirá el próximo marzo.

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De momento, la sala funciona con parches que ha ido proporcionando el Ministerio de Justicia. El pasado junio y tras las continuas peticiones en ese sentido realizadas por el Consejo y el TS, Justicia cedió. Asignó tres letrados coordinadores y mostró su "disposición" para "mejorar" el funcionamiento del alto tribunal. El equipo de Llop destacó entonces que en el primer semestre de 2022 se destinaron 9,7 millones de euros para "reforzar el plan de choque para el Poder Judicial".

Extraordinaria carga de trabajo

Junto al descenso en el número de magistrados, la Sala Tercera sufre desde hace tiempo una "extraordinaria carga de trabajo" derivada de la entrada en la sala de cientos de asuntos, tanto de empresas como de profesionales, que reclaman que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado por la aplicación de las medidas que se pusieron en marcha para hacer frente a la pandemia. En recientes informes estudiados por la sala de gobierno, se subrayaba que la situación está provocando un grave perjuicio en la pendencia y tasa de resolución, siendo muy probable que se alcancen 450 sentencias menos en cómputo anual.

En el caso más que probable de que se prolongue la imposibilidad legal de cubrir las vacantes de magistrados, el TS lleva tiempo avisando de que el panorama será "insostenible" y "va a implicar el alargamiento de los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo y se retrasarán enormemente las decisiones de inadmisión, que son numerosísimas y se cuentan por varias decenas de miles al año".