"La Fiscalía depende del fiscal general del Estado, no del Gobierno"

Álvaro García Ortiz (Salamanca 1967) dice ser fiscal "por descarte" pero, de inmediato, asegura que "le gusta la profesión" que considera mal conocida. Después de hacer prácticas en Burgos, su primer destino fue Menorca y de allí pasó a Santiago de Compostela, en donde se le encomendó el caso Prestige siendo fiscal de medio ambiente de Galicia. Una larga instrucción y un juicio oral igualmente dilatado y delicado. De la capital gallega saltó a la jefatura de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado en marzo de 2020, llamado por su predecesora, Dolores Delgado, lo que comportó su nombramiento como fiscal de Sala, la más alta categoría de la carrera.

Su nombramiento como fiscal general por el Gobierno se produjo tras la renuncia en julio del pasado año de su mentora, aquejada por problemas de salud, y que ahora es fiscal de Sala en la Militar del Supremo. El nombramiento de Álvaro García Ortiz dividió al Consejo General del Poder Judicial (doce vocales a favor y siete en contra), pero no ha resultado conflictivo entre sus compañeros. Siendo presidente de la Unión Progresista de Fiscales durante cuatro años fue elegido miembro del Consejo Fiscal, con el apoyo mayor del que nunca tuviera un compañero en ese órgano, de lo que se muestra "modestamente orgulloso".

Desde que fue nombrado ha tenido que gestionar los criterios unitarios del Ministerio Fiscal en la aplicación de la retroactividad de la ley orgánica de Libertad Sexual Integral (solo sí es sí) y de la reforma penal que suprimió la sedición, tipificó los desórdenes públicos e introdujo un nuevo tipo de malversación.

En enero de 2020, el presidente del Gobierno mantuvo una conversación en Radio Nacional de España en la que daba a entender que la Fiscalía dependía del Gobierno. En esta entrevista a El Confidencial, Álvaro García Ortiz deja claro que esa dependencia no existe, sí colaboración, y explica la relación del Ministerio Fiscal con el Gobierno.

PREGUNTA. ¿De quién depende el Ministerio Fiscal en España? Porque el criterio jurídico generalizado es que depende del fiscal general del Estado.

RESPUESTA. Esa es una buena respuesta. Otra cosa es que el fiscal general del Estado está sujeto, como cualquier ciudadano de este país, a la ley de un sistema de pesos y contrapesos en el ejercicio de sus funciones de autocontrol, de transparencia, motivación y legalidad. Pero, efectivamente, el Ministerio Fiscal depende del fiscal general del Estado.

P. No del Gobierno.

R. No del Gobierno, por supuesto.

P. Aunque el Gobierno nombre al fiscal general del Estado.

R. La legitimación de que una figura encarne la representación y la titularidad de la Fiscalía General del Estado está en que procede del Ejecutivo, que viene a su vez de una legitimación popular. Ese es el modelo constitucional español. Hay otros. Pero la Constitución establece que el nombramiento es del Gobierno.

"No existe injerencia ni del fiscal general del Estado en el trabajo del Gobierno, ni viceversa"

P. Exactamente, ¿qué relación tiene el fiscal general con el Gobierno?

R. Una relación puramente institucional, de colaboración y lealtad institucional. Las instituciones democráticas debemos tenernos respeto y un marco de colaboración. Es un presupuesto. Eso no significa que no exista división de poderes. La designación del fiscal general por parte del Gobierno no significa ni dependencia, ni relación diferente a la que se tiene con otras instituciones. Hay un marco de relaciones institucionales que está en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que regula cómo se relaciona el Gobierno con el Ministerio Fiscal. Lo que no existe en absoluto es injerencia ni del fiscal general del Estado en el trabajo del Gobierno, ni viceversa.

P. ¿Puede el Gobierno dar instrucciones al fiscal general del Estado?

R. En ningún caso. Los términos en que está redactado el Estatuto son muy claros y específicos. Cuando el Gobierno se dirige al fiscal general, está obligado a someter el asunto a la Junta de Fiscales de Sala. No hay una capacidad de intervención directa del Gobierno en el trabajo de la Fiscalía. Eso no existe.

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P. ¿Por qué en el informe del Estado de Derecho de la Unión Europea nos hace una advertencia sobre el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal? ¿Qué es lo que pretende la Unión Europea?

R. Enfoca la petición en la autonomía del Ministerio Fiscal. El nuestro es autónomo, aunque hay varias formas de conseguir esa autonomía. Acabamos de contestar a los informes de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho y lo que ponemos de manifiesto es que una de las fórmulas que se proponen, y es que el mandato del fiscal general no se solape con la duración del mandato del Gobierno, es una opción, pero no es la única ni es la opción constitucional española. Nuestro modelo es un modelo constitucional que lleva 40 años rigiendo en este país. La Constitución dice que el Gobierno dirige la política criminal y nombra al fiscal general del Estado. Alguna de las cuestiones que se plantean en el ámbito europeo o en el ámbito relativo al Estado de Derecho hay que adaptarlas a la soberanía de cada uno de los países.

"No hay capacidad de intervención directa del Gobierno en el trabajo de la Fiscalía. No existe"

P. ¿Cómo son los otros modelos de autonomía del fiscal?

R. Aquellos en los que el fiscal general del Estado es nombrado por el Legislativo o aquel en el que el fiscal forma parte del Ejecutivo. El fiscal general del Estado americano es el secretario de Estado de Justicia. En Francia hay una dirección general, no hay un fiscal general. En Portugal lo nombra el presidente de la República y el presidente del Gobierno. Cada país ha adoptado su propio modelo.

P. Llama la atención que, siendo el modelo español el más autónomo respecto del Gobierno, la Unión Europea insista en este punto. Quizás lo sugiera porque constitucionalmente el Gobierno marca la política criminal.

R. Hay que distinguir el ejercicio ordinario de la acción penal que corresponde a la Fiscalía, que no plantea ningún tipo de cuestión, y la política criminal del Gobierno que determina unas prioridades. Yo nunca podría ser fiscal general con un Gobierno negacionista de la violencia de género, por ejemplo. En eso se visualiza muy claramente la política criminal: en las prioridades. Porque el ejercicio de materias de política criminal sensibles sí se deben acompañar por la iniciativa legislativa, la ejecutiva y de una determinada acción ante los tribunales.

"Yo nunca podría ser fiscal general con un Gobierno negacionista de la violencia de género"

P. Por eso el nombramiento del fiscal general del Estado es de libre designación, cumpliendo los requisitos de su Estatuto orgánico, y, por lo tanto, es un nombramiento de confianza.

R. De confianza no, porque nunca puede ser cesado. Las únicas causas de cese son la renuncia del propio fiscal general o si concurre un motivo de incapacidad. Hay un antes y un después en la Fiscalía española, con la promulgación de la modificación del Estatuto de 2007, en el que el fiscal general no puede ser cesado. El fiscal general es absolutamente libre en el ejercicio de su función. No está condicionado a nada, tanto que no puede ser renovado. Eso blinda de alguna manera la autonomía de la institución y su independencia.

P. ¿Que relación mantiene con la Junta de Fiscales de Sala?

R. La Junta de Fiscales de Sala, como órgano, asiste al fiscal general del Estado en cuestiones técnicas. Esa es su función. Después hay un ámbito de relación personal con todos y cada uno de los fiscales de Sala, a los que yo conozco desde hace muchos años. La relación hasta este momento me parece que es excelente. Hay un buen clima. Tuvimos una junta hace menos de una semana a propósito de la ley del solo sí es sí y la verdad es que fue un buen ejercicio que nos enriqueció a todos con aportaciones sobre la circular relativa a esa norma y su aplicación.

"El fiscal general es absolutamente libre en el ejercicio de su función. No está condicionado a nada, tanto que no puede ser renovado"

P. ¿Y con el Consejo Fiscal, en donde una parte de sus miembros son elegidos sus compañeros?

R. La Junta de Fiscales de Sala encarna la primera categoría de la carrera, y con esa consideración y respeto a cada uno de los temas jurídicos que se le someten, son los valedores de la ley o de la interpretación jurídica y asisten al fiscal general del Estado. El Consejo Fiscal también es un órgano consultivo, un órgano de asistencia del fiscal general del Estado. Es como el escaparate de la relación que tiene la carrera fiscal con el fiscal general del Estado. Creo que conozco la carrera y a sus miembros y lo que aportan en ese Consejo siempre es estimulante y enriquecedor.

P. El Consejo Fiscal emite los informes de los proyectos de ley y se han dado casos en los que el fiscal general ha discrepado.

R. Sí. No es extraño. Es un órgano que se conforma con mayorías en lo que se refiere a los informes. Una mayoría que suele tener una adscripción asociativa. No pasa nada si se discrepa. Discutimos cuestiones jurídicas, llegamos a conclusiones y, si no estamos de acuerdo, hacemos votos particulares.

P. ¿El fiscal general no está entonces vinculado a sus acuerdos?

R. Los informes del Consejo a los anteproyectos los firma el fiscal general, pero es la mayoría la que impone.

"Hay que establecer algún tipo de filtro o mecanismo para que la acción de la Justicia no se vea interferida por la acción popular"

P. ¿Respecto de los nombramientos en la carrera?

R. Lo que se hace es informar sobre los candidatos y corresponde al fiscal general del Estado hacerlo, porque así lo dice el Estatuto, y porque así tenemos el diseño de carrera. Luego se eleva la propuesta al Ministerio sobre los nombramientos discrecionales. Esa es función del fiscal general.

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P. ¿Incluso contra el criterio mayoritario?

R. Incluso contra el criterio mayoritario. Eso es algo que va inscrito en la naturaleza: quien propone es el fiscal general del Estado y la opinión del Consejo se escucha, pero no es vinculante.

"Hay unanimidad en la carrera fiscal en el cambio del modelo procesal español porque no se sostiene. Somos una excepción en Europa"

P. ¿Es usted partidario de retocar o modificar la acusación popular?

R. Aunque se pueda modular por ley la acusación popular, existe en nuestro sistema constitucional. Eso nos hace pensar que la Constitución también es hija de un pasado en el que se desconfiaba de la figura del Ministerio Fiscal y se ponía un contrapeso a un monopolio del ejercicio de la acción penal. Somos también deudores de nuestra historia. Es cierto que hay una enorme distorsión en algunos procesos. Distorsión política, mediática, de intereses económicos. Hay lobbies económicos también muy interesados en determinados procesos de conocer su contenido. Yo fui el fiscal en el proceso del Prestige, en el que hubo decenas de abogados personados. Había intereses respetables y otros intereses que buscaban algo diferente al buen fin del proceso. Creo que sí, que hay que regularla. Hay que establecer algún tipo de filtros o mecanismos para que la acción de la Justicia no se vea interferida por la existencia de esta acción popular.

P. ¿Llegará el momento en que el fiscal instruya y el juez lo sea de garantías?

R. Hay unanimidad en la carrera fiscal en el cambio de modelo procesal español porque no se sostiene. Somos una excepción en Europa. El juez de garantías debe hacer su trabajo, que es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y ser garante de los derechos fundamentales y el ejercicio de la acusación, la investigación y la acción pública. Pero la instrucción tiene que hacerla un órgano con el mismo modelo aplicado igual en toda España.

P. ¿Cómo sería ese nuevo modelo?

R. La jurisdicción de los partidos judiciales viene de 1833. Estamos ya en otro momento en que hay delincuencia transnacional, hay grandes bandas organizadas. Hay intereses que van más allá del estricto espacio territorial de un partido judicial.

P. ¿Cuánto tendría que multiplicarse la plantilla de fiscales para que se encargue el Ministerio Fiscal de la instrucción?

R. Habría que multiplicar y reasignar funciones. Hay que entender que, al desaparecer el partido judicial, se gana en eficiencia. Habría otro reparto diferente de funciones y de papeles. No seríamos tantos fiscales como jueces de instrucción, sino que habría una reorganización. Sería rehacer por completo el mapa judicial español y seguro que nos llevaría no tan lejos como a doblar el número de fiscales, pero, evidentemente, habría que aumentar los recursos personales de manera significativa.

"La investigación sobre la tragedia de Melilla está cerrada y no hay hechos nuevos que afecten al rey emérito y requieran más indagación"

P. ¿Existe la idea de crear más fiscalías especiales?

R. Recibo a muchas asociaciones de muchas materias diferentes que nos lo piden. Hace falta una fiscalía especial de Consumo, por ejemplo, hace falta una fiscalía especial de Víctimas… Sí, hay demandas sociales. Lo que pasa es que los recursos no son ilimitados. Pero hay que reconocer que el avance de la Fiscalía ha sido con la especialización. Ahí es donde hemos dado un salto de calidad.

P. ¿Están cerradas definitivamente o queda algún cabo suelto de las diligencias judiciales indagatorias sobre el rey abdicado?

R. Si hay hechos nuevos, habrá que analizarlos.

P. ¿Y hay hechos nuevos?

R. En la Fiscalía no tenemos noticia de nada relevante que merezca o que sea susceptible de abrir una investigación penal.

"En el informe del Consejo Fiscal sobre la ley del solo sí es sí hay unas tablas comparativas de las penas. Si se tuvieron en cuenta, no lo sé"

P. ¿Hay un cómputo ya de los recursos que ha presentado la Fiscalía sobre la revisión de sentencias a propósito de la ley del solo sí es sí a raíz de la nueva circular y del decreto anterior?

R. La foto fija es muy complicada porque van viniendo más recursos. Hay una importante, una significativa búsqueda de recursos de casación ante el Tribunal Supremo. Debemos estar ya en los 110. No son muchos los recursos que van llegando a la casación del Tribunal Supremo.

P. ¿Y esperan que se vayan multiplicando todavía más?

R. Sí, creemos que sí.

P. ¿Cree que la circular que emitió esta Fiscalía y el criterio del Supremo van de la mano, que hay opciones a que sus recursos sean atendidos por el alto tribunal?

R. Hemos visto en estos meses diferencias entre los tribunales en aquellos supuestos en los que hay que hacer una revisión. La realidad es que, en esa dispersión, esa disparidad de criterios, la Fiscalía lo ha tenido muy claro desde el principio. Nosotros tenemos un criterio, pero no es un criterio que nos hayamos inventado, es el que ha venido siguiendo la jurisprudencia y la legislación española desde que se promulga el Código Penal del 95. Con algunas modificaciones legislativas en las que no había disposición transitoria, como es el caso, el Tribunal Supremo ha aplicado el criterio de la transitoria y nosotros pensamos que ese es el camino. Lo pensamos todos, todos los Fiscales de Sala. En la Junta fue unánime. Esa postura supone no facilitar espacios de impunidad, que es también algo que los fiscales tenemos que procurar. El Supremo ya ha dado alguna pista, pero, de momento, estamos a la espera. Continuaremos recurriendo y su criterio será el que tenga que ser...

"En la ley del solo sí es sí los fiscales debemos procurar no facilitar espacios de impunidad"

P. En cualquier caso, seguiría habiendo rebajas en alguna ocasión ¿no es así?

R. Sí. Que haya rebajas en las penas, eso no se ha discutido nunca.

P. El informe del Consejo Fiscal ya avisaba de lo que podía ocurrir, es decir, de la alteración de las penas, pero el Gobierno no hizo caso.

R. Si se tuvo en cuenta o no, no lo sé. Pero en el informe del Consejo Fiscal, efectivamente, hay unas tablas comparativas de las penas.

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P. Desde Anticorrupción se hicieron advertencias sobre la sedición y la malversación. ¿Se teme algún efecto pernicioso desde la Fiscalía General a raíz de esa reforma?

R. Igual que se dictó un decreto que luego ha sido circular respecto a la interpretación de la revisión de las penas relativas a los delitos contra la libertad sexual, también se dictó un decreto interpretando la nueva legislación y un decreto también consensuado con los fiscales de Sala y la Fiscalía Anticorrupción con los criterios que entendíamos de aplicación.

"Entendemos que los hechos típicos de los desórdenes públicos se mantenían vivos en el relato de hechos del procesamiento por sedición"

P. La Fiscalía ha defendido que los desordenes públicos agravados absorben el tipo de la sedición, pero el magistrado Llarena no ha estimado lo mismo, ni el tribunal de enjuiciamiento de la Sala Segunda.

R. La sedición era como un paraguas que amparaba otros delitos y si lo retiras, aparece el resto de los delitos que estaban bajo la cobertura de ese paraguas. Nosotros entendemos que los hechos típicos de los desórdenes públicos se mantenían vivos en el relato de hechos que se hace en el procesamiento. El juez Llarena ha entendido que no.

P. El día 24, el magistrado-instructor de la causa del procés ha citado a Clara Ponsatí a declarar, imputada por un presunto delito de desobediencia. ¿Qué papel procesal desempeñará el Ministerio Fiscal, si la procesada se presenta, en esa comparecencia? ¿Volverá a solicitar al magistrado-instructor que se impute a Ponsatí también por un delito de desórdenes agravados?

R. Teniendo en cuenta que no puede ser acusada de malversación por la interpretación que hizo el Supremo sobre la autoría, se abre ahora un nuevo camino procesal con los hechos que figuran en el auto de procesamiento. Como fiscal general no puedo emitir una opinión porque estaría condicionando la actuación del fiscal del caso.

P. La investigación de la tragedia de la valla de Melilla ¿está ya cerrada?

R. Sí está cerrada. Se hizo una investigación. La fiscal de Sala de Extranjería se desplazó inmediatamente a Melilla porque habría que explicar y había que saber qué ocurrió en la valla de Melilla con la muerte de 23 personas. Es un hecho muy doloroso y complejo de explicar y que merecía que se pusiera el foco sobre qué es lo que había ocurrido allí. Y eso es lo que hizo la Fiscalía. Examinó todo el material, se contactó con todos los testigos relevantes en aquella tragedia y se llegó a una conclusión muy clara de que no había responsabilidades penales por parte ni de los agentes ni de las autoridades españolas.

P. Todos los presos de la organización terrorista ETA han sido acercados a cárceles del País Vasco y, por lo tanto, la concesión del tercer grado penitenciario corresponde al departamento correspondiente del Gobierno Vasco. Pero la Fiscalía esta recurriendo esta progresión y obteniendo resoluciones favorables. ¿Puede decirnos cuántos recursos se han interpuesto y cuántos han prosperado? ¿Le preocupa que estas concesiones se concedan con criterios laxos o de oportunidad?

R. El Ministerio Fiscal se mueve en parámetros de estricta legalidad, de acuerdo con una valoración técnico-jurídica de los requisitos de la normativa penitenciaria en relación con la situación individualizada de cada recluso. Por ello, si el fiscal considera que la progresión de grado se ajusta a la ley, la refrenda, y si considera que no, la recurre. Esa ha sido, es y será siempre, con cualquier administración, la actuación de la Fiscalía. El criterio de interpretación de la concesión puede ser discrepante de la administración e incluso de los órganos judiciales.

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Les daré los datos exactos: Se han concedido 40 progresiones por la administración autonómica vasca y la Fiscalía ha recurrido 21. El juez ha estimado 11 y ha desestimado 6. El resto, están aún pendientes y la Fiscalía ha recurrido tres de esas 6 en apelación. También se ha informado a favor del recurso de un interno a quien, tanto la administración como el juzgado de vigilancia penitenciaria, denegaron la progresión.