La Fiscalía archiva la investigación sobre los muertos de Melilla al no hallar delito

La Fiscalía no seguirá investigando las responsabilidades penales de España en la muerte de decenas de migrantes el pasado 24 de junio en la frontera de Melilla. El Ministerio Público ha decidido archivar el caso tras seis meses de pesquisas sin hallar ningún responsable en la tragedia ni indicios de delito. Medio año después de los hechos, ni siquiera se sabe el número exacto de muertos cuando trataban de acceder a territorio español. Una investigación del Defensor del Pueblo detectó numerosas irregularidades cometidas por las autoridades españolas. "No puede concluirse que la actuación de los agentes intervinientes incrementara el riesgo para la vida e integridad física de los migrantes, por lo que no se les puede imputar un delito de homicidio imprudente", dice la Fiscalía.

En cambio, el Ministerio Público sí da traslado al director adjunto operativo de la Guardia Civil de la actuación de varios agentes que lanzaron piedras contra las personas migrantes, por si fuera constitutiva de infracción disciplinaria. En su decreto, Fiscalía recuerda a los ministerios implicados su obligación de poner en marcha las medidas necesarias para garantizar que los migrantes tengan posibilidades reales de solicitar visado, protección internacional o asilo en las oficinas diplomáticas o consulares españolas en los países de origen o de tránsito, así como en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, “a fin de asegurar que los migrantes que intenten acceder al país mediante el salto de la valla hayan podido optar previamente por acudir al sistema legalmente establecido”.

"Ninguno de los agentes actuantes en el operativo tuvo conocimiento de la avalancha producida y de sus fatídicas consecuencias, por lo que en ningún momento supieron que había personas en situación de riesgo que necesitaban su auxilio. Incluso, de haberlo sabido, no podrían habérselo prestado sin riesgo propio", añade el decreto.

La fiscal de Sala de Extranjería encargada del caso, Beatriz Sánchez, tenía de plazo hasta el 28 de diciembre para decidir si prolongaba sus trabajos al menos seis meses más, decretaba el archivo o remitía sus diligencias a un juez. El departamento que encabeza el fiscal general del Estado, Álvaro García, se interesó por estos hechos a los pocos días de suceder. El 24 de junio, 2.000 migrantes subsaharianos se organizaron para saltar la valla que separa las ciudades de Nador y Melilla en el paso fronterizo de Barrio Chino.

Relato de hechos

Las fuerzas de seguridad marroquíes no opusieron resistencia a los migrantes cuando bajaron desde el monte Gurugú, el lugar en el que aguardan el mejor momento para saltar las vallas. Un nutrido grupo accedió al interior del puesto fronterizo, una zona que ya es oficialmente España, aunque de facto lo gestiona la policía marroquí. Con los migrantes atrapados en un patio interior, los gendarmes magrebíes lanzaron decenas de gases lacrimógenos y provocaron el caos entre los subsaharianos, que se afanaron en derribar la valla que les daba acceso a suelo español.

Desde el otro lado, los uniformados españoles también lanzaron gases, pero la Fiscalía cree que eso no tuvo consecuencias para los migrantes, en su mayoría procedentes de Sudán: "No consta que el empleo de botes de humo lanzados por los agentes españoles produjera invisibilidad total ni supuestos de asfixia entre las personas allí congregadas, toda vez que se trataba de un patio totalmente abierto en su parte superior y rodeado por vallas metálicas, por lo que la entrada y salida de aire y otros gases era completamente fluida".

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La tragedia fue a más cuando ese alambrado cedió y dio lugar a una avalancha de personas. Decenas de migrantes quedaron aplastados por sus compañeros. La montonera de cuerpos se extendió entre la zona gestionada por Marruecos y el área que es competencia de la Guardia Civil. Pero los agentes españoles alegan que se retiraron del lugar en respuesta a los ataques que sufrieron de los migrantes en su intento por alcanzar suelo europeo. Dejaron la responsabilidad de la intervención a los gendarmes marroquíes.

Desde el mismo día de los hechos se difundieron vídeos en los que se aprecia a los uniformados de Marruecos arrastrar cuerpos de regreso a su zona. Algunos de ellos permanecen inertes. Decenas de ellos quedaron durante horas apilados al sol en Nador. Ninguna autoridad sanitaria accedió al lugar para acreditar si estaban heridos o muertos. Esta tragedia ha merecido el interés de varias investigaciones periodísticas internacionales a cargo de la BBC y el consorcio Lighthouse Report. Contienen testimonios de supervivientes que sostienen que hubo muertes en esa avalancha, también en territorio español. Así lo describe la Fiscalía en su escrito de 36 páginas: "Al final del patio anteriormente descrito se encuentran las puertas fronterizas que separan el territorio marroquí del español".

Desde el Ministerio del Interior, su titular Fernando Grande-Marlaska siempre ha negado cualquier responsabilidad. Niega tajantemente que hubiese muertes en suelo español a pesar de las dudas que dejan las imágenes y los testimonios. En un primer momento, definió la zona como tierra de nadie. También defiende la actuación de los guardias civiles. A lo largo de estos seis meses, la Fiscalía le ha pedido a Interior que remita más vídeos de las cámaras de seguridad de la zona para poder analizar los hechos. El Ministerio Público detectó, por ejemplo, que en las grabaciones tomadas por la Guardia Civil había cortes en la secuencia.

Interior defiende que desde el primer día puso todo el material a disposición de la Fiscalía y del Congreso de los Diputados. Según sus explicaciones, los cortes en la grabación se deben a la necesidad de los aparatos que las captaron desde el aire de parar para repostar. Los diputados de la Comisión de Interior del Congreso viajaron hasta la zona y visualizaron las imágenes. Todos ellos cuestionan la versión del ministro del Interior. Además, advierten de la ausencia de imágenes claves para determinar lo que pasó aquel 24 de junio porque las cámaras de grabación fijas del puesto fronterizo apenas aportan información.

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Según explicaron los diputados, una de ellas apuntaba al monte, la otra a unas casas de Nador y una tercera sí estaba orientada a la zona de la avalancha, pero a una distancia demasiado lejana como para captar con detalle qué pasó. La Fiscalía también citó a declarar a responsables del operativo de la Guardia Civil de aquel día y a la tripulación del helicóptero. En las imágenes se aprecia cómo el aparato se aleja del lugar de la avalancha para prestar apoyo a los uniformados españoles que en ese momento estaban en una carretera tratando de contener a un grupo de unos 400 migrantes que habían logrado saltar.

La Fiscalía analizó también los audios de las conversaciones entre guardias civiles registradas durante la tragedia. Estos audios consisten en las comunicaciones que mantuvieron los agentes desplegados en el terreno y el helicóptero del Instituto Armado que prestó apoyo operativo a sus compañeros desde el aire. Entre las pesquisas del Ministerio Público ha habido también entrevistas a supervivientes. La fiscal se desplazó al lugar de los hechos para ver la zona y pudo hablar con al menos cuatro migrantes que se ofrecieron a contar su versión. También tomó declaración a varios de los agentes de Policía Nacional y de la Guardia Civil que formaron parte del contingente.

El Defensor del Pueblo que dirige el socialista Ángel Gabilondo concluyó que España rechazó en frontera sin cumplir la legalidad a 470 subsaharianos. En un contundente informe contra la actuación de las fuerzas de seguridad españolas, destacó que hubo incluso lanzamiento de piedras por parte de los guardias civiles a los migrantes. El Defensor lamenta que el Ministerio del Interior no haya atendido ninguna de sus recomendaciones. En su último intercambio, se aprecia cómo la secretaria de Estado de Seguridad apeló a su relación con Marruecos para justificar su actuación en Melilla. Las cifras oficiales reconocidas por Marruecos cifran en 23 el número de muertos. Las ONG elevan el número entre fallecidos y desaparecidos hasta 70.

En lo que tiene que ver con los rechazos en frontera, en cambio, la Fiscalía dice que los agentes actuaron “en cumplimiento y en el ejercicio de sus funciones, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Extranjería y en base a las competencias que legalmente tienen atribuidas para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, como era el ataque violento, masivo e incontrolado a una frontera española”.