La Fiscalía española abre una investigación por los migrantes muertos en Marruecos

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha firmado hoy un decreto encomendando a la fiscal de Sala coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, la averiguación de las circunstancias de los hechos ocurridos el pasado 25 de junio en la frontera de Melilla y en los que, de acuerdo con informaciones periodísticas, perdieron la vida al menos 23 personas en territorio marroquí y resultaron lesionadas otras muchas.

Según ha informado el departamento por medio de una nota de prensa, la decisión de la fiscal general del Estado se fundamenta en la trascendencia y gravedad de los hechos acaecidos, que pudieran afectar a los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas, así como en la singularidad y complejidad de la investigación. La fiscal de Sala había elevado esta mañana la comunicación solicitando la apertura de diligencias de investigación para el esclarecimiento de lo sucedido.

TE PUEDE INTERESAR

Así fue el salto a la valla de Melilla: los vídeos que muestran el antes y el después de la tragedia

B. F.

Los hechos ocurrieron a primera hora del viernes. Según fuentes policiales, unas 2.000 en su mayoría procedentes de Sudán trataron de sobrepasar el paso fronterizo del Barrio Chino entre Melilla y Marruecos. Solo lo lograron 138 personas. El resto se quedó en la zona marroquí. Entre ellos estaban los fallecidos a causa de una avalancha, según los testimonios de vecinos de la localidad marroquí de Nador. Las ONG ascienden la cifra de muertos a 37 y denuncian que Marruecos se apresura a enterrar a los muertos en fosas comunes sin una investigación previa sobre las causas de la muerte.

"Bien resuelto"

El viernes, cuando todavía no se conocían cifras de fallecidos, el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, elogió el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquíes. Llegó a utilizar la expresión “bien resuelto” para referirse a lo ocurrido. En los últimos días, han circulado numerosos vídeos tomados sobre lo sucedido. En algunos medios de comunicación, se informa de que en el lado español de la frontera entraron fuerzas marroquíes para repeler el salto y completar el rechazo en frontera —devoluciones en caliente— de los migrantes.

Horas después, a primera hora de la tarde del viernes, ya empezaron a difundirse cifras de migrantes muertos a causa de una avalancha en el lado marroquí de la frontera. El dato iba acompañado de vídeos grabados por vecinos de la localidad fronteriza de Nador sobre el trato dado a los migrantes por parte de la policía de Marruecos. Las imágenes circularon por las redes sociales y los medios de comunicación sin que la Moncloa saliera a matizar las palabras del presidente del Gobierno.

Sánchez compareció más de 24 horas después del intento de salto de los migrantes, procedentes de Sudán, país en conflicto desde hace años. En el turno de preguntas, una periodista le cuestionó acerca de sus declaraciones del día anterior en las que avaló a la policía marroquí. Le preguntó en concreto si tenía interés en matizar sus palabras una vez conocida la cifra de muertos. Sánchez insistió en su tesis de que se trataba de un asalto violento, apeló a la integridad territorial de España y dijo que, si hay algún responsable de lo sucedido, en todo caso son las mafias que trafican con personas.

Fiscalía marroquí

Por su parte, la Fiscalía de Nador imputa delitos de tráfico de seres humanos, de secuestro de un agente marroquí para usarlo de rehén, incendio, violencia e injurias contra la policía a 32 personas de origen subsahariano detenidas el pasado viernes durante el intento masivo de acceso a la ciudad española de Melilla por parte de entre 1.500 y 2.000 emigrantes. Según informaron a EFE fuentes jurídicas, se trata de 31 personas mayores de edad y un menor, que pasaron a disposición del fiscal general del Tribunal de Apelación de Nador, localidad fronteriza con Melilla, que ahora tiene que decidir sobre su ingreso en prisión. También compareció otro grupo de 33 detenidos ante la Fiscalía del tribunal de primera instancia del país, a los que se imputan delitos menores.

A los 32 detenidos con delitos más graves se les atribuye "organizar y facilitar la entrada y salida clandestina de personas hacia y desde Marruecos de forma habitual" —lo que eleva el delito a la categoría de tráfico de personas—, así como secuestro y retención de un agente de las fuerzas públicas para usarlo como rehén, provocar un incendio en el bosque donde vivían los emigrantes e injurias y violencia contra los agentes marroquíes.