La Fiscalía defiende una vía para frenar preventivamente los terceros grados a etarras

La Fiscalía de la Audiencia Nacional quiere que la mera presentación de un recurso contra la concesión de un tercer grado a un preso de ETA sea suficiente para detener provisionalmente estos beneficios penitenciarios. El Ministerio Público pretende evitar que los presos de la banda puedan salir de prisión cuando la Administración les concede la semilibertad si hay posibilidades de que luego la revoque el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Así lo pidió la Fiscalía sin éxito en el caso del etarra Xabier Atristain. El juez decidió devolver al terrorista a la cárcel la semana pasada, pero rechazó el planteamiento del fiscal.

La legislación penitenciaria marca que cuando las autoridades penitenciarias conceden el tercer grado, se aplica directamente. Es una medida ejecutiva, aunque después se pueda recurrir. Desde que el Gobierno vasco asumió las competencias de prisiones hace un año, ha otorgado ya 29 terceros grados a miembros de la banda. La Fiscalía ha recurrido 16 y estudia qué hacer en otros cinco casos, según los datos del Observatorio de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). De momento, la Audiencia Nacional ha revocado los tres casos en los que ya ha tomado una decisión, pero en ninguno se paralizó el beneficio provisionalmente.

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El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco concedió el tercer grado a Atristain el 7 de julio. Durante algo más de tres meses ha disfrutado de esta situación de semilibertad hasta que el jueves pasado el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional lo revocó. Ahora tendrá que volver a ser clasificado en segundo grado —el común dentro de las prisiones— por orden del juez José Luis Castro. El motivo es que no aprecia ningún arrepentimiento: “El posicionamiento delictivo no parece claro, en tanto que asume la responsabilidad delictiva de forma general y sin profundizar en los hechos”. “Una falta de expresión clara de petición de perdón a las víctimas impide la concesión del grado pretendido”, añade el juez.

"Efecto suspensivo"

No obstante, el auto también aborda la petición de la Fiscalía sobre la posibilidad de parar los terceros grados de forma preventiva. La solicitud se basa en la Disposición adicional Quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según la cual, “el recurso tendrá efecto suspensivo que impedirá la puesta en libertad del condenado”. Esa norma hace alusión a los recursos de apelación y cuando se trate de delitos graves. El auto responde que, en este caso, es “un recurso de queja en materia clasificatoria” que se plantea ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, “órgano que resuelve en primera instancia y que no constituye ni funcional ni competencialmente un órgano de apelación”. “Por lo tanto, la petición del Ministerio Fiscal ha de ser desestimada en el momento procesal en que nos encontramos”.

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Añade el juez “a mayor abundamiento” que, en el caso concreto de Atristain, se le otorgó una modalidad de tercer grado que no implica necesariamente la excarcelación. Según el auto, se le aplicó el artículo 82.1 del Reglamento Penitenciario, que sigue siendo el mismo en todas las prisiones españolas. Establece que la Junta de Tratamiento “podrá establecer la modalidad de vida en régimen abierto adecuada para estos internos y restringir las salidas al exterior, estableciendo las condiciones, controles y medios de tutela que se deban observar, en su caso, durante las mismas”.

Atristain ya fue detenido en junio por la Ertzaintza después de que el Tribunal Supremo tomase la decisión de no revisar su condena. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos había considerado vulnerados sus derechos al no poder elegir un abogado de su confianza para prestar declaración ante la Policía cuando fue detenido en 2010. La Audiencia Nacional le condenó a 17 años de cárcel, pero le dejó libre en febrero tras la sentencia del tribunal europeo. La resolución del alto tribunal español le devolvió a la cárcel.

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Pese a que la modalidad de tercer grado que se le concedió no obligaba excarcelarle, en este caso sí estaba saliendo de prisión. Así se deduce del comunicado que emitió el colectivo de apoyo a presos de ETA Etxerat, que denunció la revocación de su semilibertad y criticó que tuviera que volver a ingresar en la prisión donostiarra de Martutene. A esa condena se sumaron diversas plataformas 'abertzales' y EH Bildu. El partido que lidera Arnaldo Otegi ha hecho suya la causa de Atristain, condenado en abril de 2013 por formar parte del comando Imanol de ETA. El miembro de la banda almacenó y ocultó útiles de la organización terrorista.

La postura de la Fiscalía es clave en la gestión penitenciaria de las condenas terroristas. Este periódico ha tenido acceso a conversaciones de etarras en las cárceles en las que ponen el foco en la necesidad de un Ministerio Público que no impida los beneficios que les brinda la legislación penitenciaria. “Estamos preocupados porque el fiscal está bloqueando y la vía, la vía es esa, ¡eh!”, dijo uno de los presos etarras en una conversación mantenida en 2021.