Los fiscales se rebelan contra Justicia por la ley que les cede las riendas de la investigación

Cuando el pasado noviembre el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), la Fiscalía General del Estado habilitó un buzón destinado a recoger las sugerencias de la carrera sobre un texto diseñado para trasvasar la fase de instrucción de los procedimientos de los jueces a los fiscales, con el control de un magistrado de garantías. Este sistema fue el primer filtro en el que volcar las dudas sobre el proyecto que lidera el Ministerio de Justicia. De las dudas se pasó a las reticencias y, en estos días, el Consejo Fiscal ha aprobado un informe muy crítico que ha sido respaldado por unanimidad.

El malestar y el rechazo a la propuesta de Juan Carlos Campo han conseguido algo poco frecuente. Unir a todas las asociaciones y a la Fiscalía General del Estado, que encabeza precisamente la antecesora del ministro en el cargo, Dolores Delgado. Los fiscales quieren instruir, consideran que asumir esta función es una necesidad, pero no en estas condiciones.

"En la actualidad, el Ministerio Fiscal difícilmente se halla en disposición de asumir la dirección de la investigación criminal"

Su primera pega en una larga lista es el excesivo control y dependencia que el anteproyecto continúa confiriendo a los magistrados. Se aprecia que la figura del juez de garantías acumula tantas funciones que, en realidad, los fiscales no podrán dar un paso sin su aprobación. La reivindicación general, reflejada en el informe, es la de limitar la intervención de esta figura y reducirla al mero control del cumplimiento de los derechos de las partes del procedimiento. "No queremos ser unos actores tutelados", dijo la fiscal general Delgado resumiendo el sentir común.

Más allá de la sensación de que el texto desprende un aroma general de desconfianza hacia los representantes del Ministerio Público y su independencia, numerosos miembros de la carrera consultados aseguran que los objetivos que se marcan en el anteproyecto son imposibles de asumir y provocarán que los procesos, en lugar de acelerarse, se ralenticen. Los fiscales aseguran que no son suficientes para tomar las riendas. Que el sistema se atascará si no se incrementan los efectivos.

"En la actualidad, el Ministerio Fiscal difícilmente se halla en disposición de asumir la dirección de la investigación criminal sin que previamente se acometa un notable incremento de su plantilla, pues lo cierto es que los y las fiscales se encuentran hoy en día al borde del colapso", afirma el informe aprobado.

La Unión Progresista de Fiscales dejó plasmado su malestar en una reciente carta a Campo en la que le recordaba que, después de 16 meses desde su toma de posesión, las actuaciones y propuestas para con el estamento "han sido exiguas, por no decir absolutamente inexistentes". "Consideramos que es imprescindible que desde su Ministerio se aborden cuestiones inaplazables, entre las que destaca sobremanera la necesaria ampliación de la plantilla, más aún tras la aprobación del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuye a los y las fiscales la dirección de la investigación penal", recordaba en la misiva.

Otras de las críticas señaladas es la de que el anteproyecto no ofrece suficientes garantías sobre el refuerzo de la autonomía de los fiscales. "La primera exigencia es la necesidad de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que refuerce su postura de independencia frente al poder ejecutivo y blinde al fiscal investigador", reivindica la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, que indica que esta reforma debió ser previa.

Plazos imposibles e impunidad

La presencia de ese juez que "vigila", entorpece, además, la agilidad del procedimiento que incluye, dice otro de los fiscales consultados, "plazos imposibles", "trabas", "dificultades para el avance de la investigación" y, a la larga, "un riesgo evidente de impunidad por la ineficacia del modelo". Las dudas no se quedan en la primera gran etapa del nuevo procedimiento diseñado, sino que alcanzan la segunda, en la que entra la nueva figura del juez de audiencia preliminar.

De nuevo, este extremo une en la crítica a progresistas y conservadores. Desde la AF se señala una excesiva burocratización que entorpece la rapidez que debe darse a las causas mientras que la UPF considera que la regulación es diversa y "dispersa" y no hará más que dificultar que las instrucciones salgan adelante con la celeridad necesaria. La reforma de la Lecrim arranca así su revisión por parte de los órganos consultivos en medio de la polémica. El objetivo de lograr, tras varios intentos fallidos de anteriores ejecutivos, socialistas, pero también populares, reformar un texto anclado en el siglo XIX no comienza con buen pie.