Siete vocales del CGPJ rechazan al fiscal general por falta de "imparcialidad"

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha concluido este jueves que Álvaro García Ortiz reúne "los requisitos legales exigidos" para ser nombrado fiscal general del Estado. Pese a ello, siete de los 19 vocales se han desmarcado del resto y, en un voto particular, sostienen que no cumple "con el requisito de la imparcialidad que la asunción de tan alta responsabilidad implica". Según argumentan, parte de su trayectoria crea "una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo" y hace "que las funciones constitucionales que debe cumplir como fiscal general del Estado estén expuestas al riesgo de que el Poder Ejecutivo influya en sus decisiones".

Entre los argumentos que esgrimen para ello, destacan "su participación en actos de la fundación ligada a un partido político", refiriéndose así a cómo García Ortiz se sumó en 2019 a un coloquio organizado por la Fundación Ideas, vinculada al PSOE. "No se discute en absoluto la libertad de cualquier jurista para participar en las actividades de debate jurídico que tenga por oportuno, pero ello no excluye que esas mismas actividades hayan de ser tenidas en cuenta en toda su dimensión", advierten.

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Para reforzar esta idea, inciden en que, "por lo que se ha podido conocer", el acto en cuestión "no consistió en un debate de ideas en el marco de una actividad académica, sino de una entidad (un think tank) cuya razón de ser es proporcionar sustento ideológico a un partido político". A esto se suma que se celebró en un "marco singular con la participación del candidato de ese partido político a las elecciones del territorio". En concreto, con el secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero.

Otro de los puntos que critican sobre la candidatura de García Ortiz es que su trayectoria se "liga de manera intensa" con su predecesora, Dolores Delgado, "cuya idoneidad ya resultó controvertida". Como fiscal de la Secretaría Técnica, García Ortiz se convirtió en su mano derecha y, según recuerdan los vocales en su voto particular, la gestión de Delgado al frente del Ministerio Público no ha estado exenta de polémicas, con "episodios no elogiosos" y que "no son ajenos a la gestión del candidato propuesto".

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Los fiscales destacan para ello dos polémicas. Por un lado, la indemnización que reclama el exfiscal del caso Villarejo Ignacio Stampa al Ministerio de Justicia al considerar que su salida de Anticorrupción en 2020 se produjo de manera irregular y que Delgado jugó un papel determinante en la misma. Por otro, la controvertida política de nombramientos de la propia Delgado, hasta el punto de que una de sus últimas designaciones se convirtió en un desafío directo al Supremo: la de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores. El tribunal anuló el nombramiento por "falta de motivación", pero Delgado volvió a la carga y, con una nueva propuesta, lo designó otra vez.

"Son episodios que se relacionan con la gestión del candidato propuesto y nos obligan a concluir que no presenta los mejores avales para confiar en su idoneidad", sostienen los vocales. Su voto particular, de hecho, va un paso más allá y cuestiona también la labor de García Ortiz al frente de la Secretaría Técnica: "En todo ese período no se ha formulado ni una sola circular que contribuya a la formación de doctrina o a esclarecer el sentido de las leyes o la jurisprudencia", critican. Según argumentan, su papel en este puesto desde marzo de 2020 no "se ha caracterizado durante su mandato por lo que cabía esperar de ella, ni merece un juicio positivo".

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Los siete vocales que firman este voto particular son José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Gerardo Martínez Tristán y Carmen Llombart. El resto del CGPJ sí considera que García Ortiz reúne los requisitos exigidos para convertirse en fiscal general y así lo plasman en un escueto pronunciamiento: "A la vista de la documentación recibida, cabe concluir que se cumplen en el candidato referido los requisitos exigidos por la legislación invocada”.

La legislación establece que el órgano de gobierno de los jueces debe “ser oído” por el Gobierno, pero su informe al respecto no es vinculante. Una vez superado este trámite, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal "establece que el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, a fin de que pueda disponer la comparecencia de la persona elegida ante la comisión correspondiente de la Cámara, en los términos que prevea su reglamento a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto". El último paso consistirá en que García preste "juramento o promesa" ante Felipe VI y tome posesión en el Supremo.