Fiscalía pide que regrese a prisión el histórico etarra Fiti, excarcelado por el Gobierno Vasco

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a la excarcelación del histórico etarra José María Arregi Erostarbe, alias ‘Fiti’. El Gobierno vasco le concedió en febrero el tercer grado, que le permite seguir cumpliendo condena fuera de la prisión. La misma medida adoptó la Consejería de Justicia del Ejecutivo de Iñigo Urkullu para otros siete reclusos de ETA, pero el fiscal no ha apreciado motivos en el resto para recurrir su semilibertad, según informan a El Confidencial fuentes jurídicas.

El Ejecutivo autonómico asumió en octubre las competencias penitenciarias. Estos ocho presos de ETA son los primeros a los que la Administración regional concede el tercer grado. Es una decisión que compete a la Consejería de Justicia, de la que dependen ahora las prisiones vascas a las que el Gobierno central de Pedro Sánchez lleva años trasladando reclusos de la organización terrorista, disuelta en 2018. Sin embargo, muchas de las decisiones que afectan a los reclusos etarras siguen dependiendo en última instancia de la Audiencia Nacional.

El fiscal tiene la posibilidad de recurrir la concesión de terceros grados ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Según marca la ley, para acceder a esta medida de semilibertad es necesario, entre otros requisitos, colaborar con la Justicia y pedir perdón a las víctimas. Este último punto ha generado controversia entre los distintos estamentos con voz en esta materia. La última doctrina de la Audiencia Nacional dice que ese perdón no puede ser genérico, sino individual y personalizado a las víctimas concretas.

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Colectivos de víctimas como la mayoritaria AVT reaccionaron con pesar ante la decisión del Gobierno vasco y pidieron revisar los expedientes. La consejería rechazó dar el tercer grado de 26 etarras tras analizar los informes remitidos por las prisiones de Zaballa (Álava), Martutene (Guipúzcoa) y Basauri (Vizcaya). De los ocho beneficiados, hay dos que ya contaban con un tercer grado previo. El papel de la Fiscalía ha sido en los últimos tiempos un muro de contención contra beneficios a etarras. Los escritos, en concreto, del fiscal Carlos Bautista han forzado la revocación de medidas dictadas por el Ministerio del Interior, del que siguen dependiendo los etarras en cárceles fuera del País Vasco.

El papel del Ministerio Público va a ser clave en los próximos años y afectará directamente al ritmo de las excarcelaciones. La Fiscalía ha experimentado diversos movimientos en puestos importantes. Tocaba renovar la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, de la que depende el fiscal Bautista, quien a su vez pidió cambiar de destino a la de antidroga. Finalmente, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha decido mantener a Jesús Alonso en la jefatura de la Audiencia Nacional y Bautista, de momento, seguirá siendo el responsable de la política penitenciaria.

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Según las fuentes consultadas, el fiscal solo aprecia motivos para recurrir en el caso de Fitipaldi. Presentó su escrito a finales de la semana pasada. En caso de que los jueces le dieran la razón, el terrorista tendría que regresar al centro penitenciario y retroceder de nuevo al segundo grado. Para el resto, su paso a la semilibertad será firme en cuanto expire el plazo para recurrir.

La cúpula Artapalo

El etarra Fiti o Fitipaldi integró la dirección de ETA conocida como la ‘cúpula Artapalo’. La formaban otros etarras históricos como Francisco Mujika Garmendia o José Luis Álvarez Santacristina, alias ‘Txelis’. Fue desarticulada en una operación policial en la localidad francesa de Bidart en 1992. Este año se cumplen tres décadas de aquellas detenciones que marcaron un punto de inflexión para las fuerzas de seguridad que, por primera vez, interiorizaron que ETA podía ser derrotada policialmente.

Fitipaldi tiene ahora 75 años de edad. Había sido trasladado de la cárcel de Alicante a Asturias, para posteriormente recalar en la de San Sebastián. Tras ocho años preso en Francia, fue entregado a España para cumplir otros 30 años de cárcel por delitos de terrorismo y múltiples asesinatos. Según fuentes conocedoras de su expediente, cumplió las tres cuartas partes de la pena en junio de 2019.

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Según las mismas fuentes, había aceptado la legalidad penitenciaria, reconocido el dolor causado y manifestado por escrito su rechazo al uso de la violencia, con el compromiso de hacer frente al pago de la responsabilidad civil. En 2018, tras la disolución de la banda, escribió una carta pidiendo perdón a las víctimas. Sin embargo, la Fiscalía entiende que no es suficiente.

Otro de los presos beneficiados por el Gobierno vasco es Mikel Arrieta Llopis, quien cumple una condena acumulada de 30 años por los delitos de asesinatos, atentados, receptación y utilización ilegítima de vehículo a motor. Cumplió las tres cuartas partes de la condena en julio de 2020. Rechazó la violencia y remitió escritos en los que mostraba su respeto hacia el dolor de las víctimas de sus delitos.

Los otros seis son Egoitz Coto, Ignacio Garcéz, José Ángel Lerín, Francisco José Ramada Estévez, Unai Fano y Ugaitz Pérez. Se da la circunstancia de que Ramada Estevez, secuestrador de Cosme Delclaux y José María Aldaya, ya fue obligado por el juez de Vigilancia Penitenciaria a afinar sus escritos de perdón para poder acceder a un permiso de varios días de prisión. En cambio, en el caso de Unai Fano, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó a instancias de la Fiscalía el tercer grado que en enero de 2021 le otorgó el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska. Ahora, más de un año después, el fiscal no aprecia motivos para oponerse.