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El Gobierno vasco ya estudia una decena de expedientes de tercer grado a etarras
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TRASPASO DE COMPETENCIAS

El Gobierno vasco ya estudia una decena de expedientes de tercer grado a etarras

La Consejería de Justicia tiene que decidir si concede la semilibertad a sus primeros presos terroristas tras el acercamiento impulsado por el Ministerio del Interior

Foto: Una manifestación convocada por PNV y EH Bildu. (EFE/Luis Tejido)
Una manifestación convocada por PNV y EH Bildu. (EFE/Luis Tejido)

La Consejería de Justicia del Gobierno vasco ya tiene sobre la mesa alrededor de una decena de expedientes de tercer grado para otros tantos presos de ETA en cárceles vascas, según informan a El Confidencial fuentes conocedoras de estos trabajos. Se trata de los primeros casos desde que el Ejecutivo autonómico del PNV asumió hace cuatro meses las competencias en materia penitenciaria para gestionar las cárceles de Basauri (Vizcaya), Martutene (Guipúzcoa) y Zaballa (Álava).

Más de 80 reclusos se encuentran recluidos en cárceles de Euskadi. Eso es ya más de la mitad de todo el colectivo de presos de ETA en España. Este acercamiento paulatino de todos los internos de la banda forma parte del plan diseñado por el Ministerio del Interior tras la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez. Además, desde Instituciones Penitenciarias se ha ido progresando estos años a todos los etarras desde el primer grado —el más restrictivo— al segundo grado —el más común— y, en algunos casos, al tercer grado, la semilibertad.

Foto: El ministro del Interior, Grande-Marlaska, con el vicelendakari Erkoreka. (EFE)

Según informó este periódico, ya no queda ningún preso en el primer grado de aislamiento en el que habitualmente se clasificaba a los etarras. La mayoría cumplía sus largas condenas en esa situación. Eso, como la dispersión, forma parte del pasado y los etarras que han llegado a las cárceles vascas ya están en segundo grado. Los hay que en virtud de esa progresión ya se han beneficiado de permisos ordinarios para salir varios días. Es el caso de Francisco Ramada Estévez, a quien se le ha permitido salir tres días tras redactar un escrito de 'lamento' dirigido a sus víctimas directas. Fue condenado por secuestrar en la década de los noventa a los empresarios Cosme Delclaux y José María Aldaya.

Habrá más casos como este en el futuro. El Gobierno vasco nunca ha ocultado su estrategia: primará los regímenes abiertos y los planes que fomenten la adaptación a la vida en libertad. Dentro de esos planes, los presos de ETA no van a ser una excepción. Insistieron en esa idea el pasado 12 de enero cuando presentaron la Agencia de Reinserción Social Aukerak, destinada a la reinserción social de los presos de los centros penitenciarios vascos a través de la formación laboral.

"ETA dejó de matar hace más de 10 años y las políticas de excepción no tienen sentido"

Cuentan a su favor que ETA se disolvió en el año 2018 y que muchos de ellos han presentado escritos en los que rompen con su pasado criminal y de forma más o menos genérica reconocen el daño causado a sus víctimas. "Creo que, con los reconocimientos del daño causado que estamos recogiendo y con cada pequeño paso, vamos avanzando en ese camino", defendió la semana pasada la consejera de Justicia, Beatriz Artolazabal, en una entrevista concedida a Onda Cero. La dirigente subrayó que "ETA dejó de matar hace más de 10 años y las políticas de excepción no tienen sentido en la sociedad actual".

Para acceder a permisos de salida es necesario estar al menos en segundo grado, haber cumplido un cuarto de la condena y presentar un pronóstico favorable de reinserción con buena conducta. En cambio, para acceder a tercer grado, la ley sí exige de forma expresa desde 2003 que los internos pidan perdón a sus víctimas y colaboren con la Justicia contando lo que sepan. Actualmente, persisten cerca de 300 crímenes de ETA sin resolver.

Para conseguir el tercer grado es necesario contar con la propuesta favorable de la junta de tratamiento de la prisión. La componen el director y los profesionales de la cárcel. Son los mismos que estaban antes de que el Gobierno vasco asumiera la gestión de prisiones el pasado 1 de octubre. Una vez elevada la propuesta, la Consejería de Justicia tiene un plazo para decidir si la aprueba o la modifica. Este proceso se revisa cada seis meses. En caso de que considere que no hay motivos para progresar a tercer grado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional puede recurrir ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, que seguirá atesorando la última palabra sobre las excarcelaciones de este tipo.

La Consejería de Justicia del Gobierno vasco ya tiene sobre la mesa alrededor de una decena de expedientes de tercer grado para otros tantos presos de ETA en cárceles vascas, según informan a El Confidencial fuentes conocedoras de estos trabajos. Se trata de los primeros casos desde que el Ejecutivo autonómico del PNV asumió hace cuatro meses las competencias en materia penitenciaria para gestionar las cárceles de Basauri (Vizcaya), Martutene (Guipúzcoa) y Zaballa (Álava).

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