La Audiencia sube el listón a los etarras: ya exige el perdón directo para optar a permisos

La Audiencia Nacional ha dado un paso importante para unificar su respuesta de rechazo ante los escritos genéricos de perdón que firman los presos etarras para acceder a beneficios en la cárcel. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ya exige que los reclusos de la banda se pronuncien expresamente sobre sus atentados concretos y sus víctimas directas si quieren optar a permisos de salida. El Confidencial ha tenido acceso a las últimas resoluciones del juzgado, que suponen un precedente y ponen de manifiesto una apuesta por subir el listón a los terroristas.

Un ejemplo es el caso del etarra Francisco José Ramada Estévez. Cumple condena por los secuestros de los empresarios José María Aldaya y Cosme Delclaux, que mantuvieron en vilo a España en la década de los noventa. El pasado jueves, el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, aprobó su primer permiso ordinario de salida de tres días. Pero antes le obligó a redactar un texto inequívoco sobre su pasado.

El terrorista respondió así en un texto firmado el 21 de noviembre: “Manifestar una vez más mi lamento y reconocimiento del daño causado a las víctimas y más en concreto a las que he causado: Sres. J.M. Aldaya y Cosme Delclaux, lo cual lamento sinceramente”. Además, mostró su voluntad de mantener un encuentro cara a cara con sus víctimas: “Asimismo, manifestar mi disposición en el marco de un programa de Justicia restaurativa, de manera privada y sin ninguna publicidad, para reunirme con las víctimas que he causado aquí mencionadas”.

"Este juzgado requiere al interno para que manifieste su actitud concreta ante los delitos cometidos y las víctimas de los mismos"

Este texto daba respuesta al requisito impuesto por el juzgado, que ya asume y hace suya la doctrina fijada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, órgano superior. Así justificó el juez la exigencia al terrorista: “A fin de clarificar el posicionamiento del penado y siguiendo el criterio de la Sección Primera de la Sala de lo Penal, este juzgado requiere al interno para que manifieste su actitud concreta ante los delitos cometidos y las víctimas de los mismos”.

Lo que dice la ley

Independientemente de la cárcel donde se encuentren y de quién dependa su gestión, la Audiencia Nacional sigue teniendo las competencias para decidir sobre los presos etarras. Tiene la última palabra para la mayoría de beneficios y la ley fija algunos requisitos. Para un permiso de salida, hay que haber cumplido un cuarto de la condena, estar en segundo grado penitenciario y presentar un pronóstico favorable. Todo cuenta para convencer a las autoridades, aunque el perdón es un requisito que solo se exige de forma textual para acceder al tercer grado. Lo mismo sucede con la colaboración con la Justicia.

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Ramada Estévez está condenado a 26 años y tres meses de cárcel. Termina de cumplir su pena en abril de 2027, dentro de cinco años. Según consta en su expediente, lleva dos años pagando parte de la responsabilidad civil derivada de sus acciones y está clasificado en segundo grado penitenciario, al que han ido progresando todos los presos etarras desde la llegada de Sánchez al Gobierno. Tiene buena conducta y presenta una oferta de trabajo duradera para cuando pueda salir de la cárcel con la que dice querer paliar la precaria situación económica de su esposa, que vive con una pensión de invalidez de 400 euros.

Su permiso de salida lo había propuesto la Junta de Tratamiento de la cárcel de San Sebastián en la que se encuentra desde hace dos años por decisión del Ministerio del Interior. Elevó su propuesta en mayo del año pasado, cuando todavía no se habían transferido las competencias penitenciarias al Gobierno vasco. La Fiscalía, que en otras ocasiones ha supuesto un muro de contención, no se opuso en este caso. Eso, a pesar de que, en ese momento, el etarra apenas había presentado un texto de perdón de los considerados genéricos.

Lo había remitido al director de la cárcel solo dos semanas antes de recibir a su favor la propuesta de permiso de la Junta de Tratamiento de la prisión. Recogía expresiones comunes y generales como el “reconocimiento autocrítico del dolor y daño causado por todas las acciones de ETA a todas las víctimas”. Manifestaba su “firme rechazo a la utilización de medios violentos” y su “apuesta por la utilización de medios pacíficos y políticos”. Estos escritos de presunto perdón siempre han provocado recelos entre autoridades judiciales y víctimas del terrorismo.

Demasiadas veces se han considerado un mero trámite con los fines de mejorar su situación en prisión, pero con poco interés real de resarcir a sus víctimas. ETA permitió a sus militantes mejorar su situación en prisión asumiendo la legislación penitenciaria, pero trazó líneas rojas antes de disolverse en 2018. Dejó prohibido mostrar arrepentimiento o delatar. Con esto último se refieren a no colaborar con la Justicia. Las diferentes interpretaciones de los textos firmados por los etarras evidenciaron la ausencia de un criterio único del Estado ante la gestión del escenario pos-ETA.

Reconocer el daño causado "no es equiparable a la petición expresa e individualizada de perdón a las víctimas concretas"

La Sala de lo Penal ya había advertido al Ministerio del Interior de que no vale cualquier cosa para dar terceros grados y que es necesario un perdón expreso. En sus autos, también deslizó críticas a algunas decisiones del Juzgado de Vigilancia. Ahora, al menos la Audiencia Nacional, ha dado un paso encaminado a presentar una sola voz. Se aprecia también en otra resolución a la que ha tenido acceso El Confidencial por la que se rechaza la concesión de otro permiso de salida porque “falta la petición de perdón a las víctimas propias”.

Sin perdón concreto no hay permiso

El afectado es Zigor Orbe Sevillano, condenado a 17 años de cárcel por quemar un autobús y provocar heridas graves a su conductor durante una protesta en favor de los presos de ETA. La Junta de Tratamiento de la cárcel alavesa elevó una propuesta de seis días de permiso —pueden pedir hasta 36 días al año—. La propuesta es del pasado 10 de noviembre, por lo que es de las primeras que concede una prisión vasca ya bajo gestión del Gobierno autonómico. El etarra termina de cumplir su condena en febrero de 2026. Ha cumplido la cuarta parte de la pena y está en segundo grado.

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El juez de Vigilancia Penitenciaria admite que cumple los requisitos, pero matiza que la ley fija unos criterios mínimos sin que eso obligue a conceder el permiso. Alega que la redacción de la norma dice textualmente que las autoridades “podrán” conceder. En este punto, el auto firmado hace apenas 10 días cita también la doctrina fijada por la Sala de lo Penal, según la cual la asunción genérica de responsabilidades, rechazar la violencia o reconocer el daño causado a todas las víctimas “no es equiparable a la petición expresa e individualizada de perdón a las víctimas concretas”.

El auto de Zigor Orbe destaca la ausencia de ese perdón directo y propone que se le incluya en algún programa de justicia restaurativa para “consolidar la positiva evolución”. El preso redactó un texto el pasado 20 de octubre en el que muestra su voluntad de “reparar el daño causado” y colaborar con la Justicia, rechaza la violencia, reivindica los “medios pacíficos” y dice estar dispuesto a pagar la responsabilidad derivada de sus acciones. “Sin embargo, falta la petición de perdón a las víctimas propias y/o de terrorismo de ETA, requisito exigido por la Sección Primera de la Sala de lo Penal”, zanja el juzgado, marcando así el camino de resoluciones futuras.