Interior completa su plan para los presos de ETA: no queda ninguno en régimen cerrado
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Cambio en la política penitenciaria

Interior completa su plan para los presos de ETA: no queda ninguno en régimen cerrado

Cuando Sánchez llegó al Gobierno, el 88% de los internos terroristas cumplían condena en la modalidad más restrictiva. Progresar de grado les abre la puerta a obtener beneficios

Foto: Manifestación de LAB. (EFE/Jesús Diges)
Manifestación de LAB. (EFE/Jesús Diges)
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El Ministerio de Interior ha completado su plan para los presos de ETA en paralelo al de los polémicos acercamientos al País Vasco y Navarra. A lo largo de estos tres años de Gobierno socialista, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha impulsado decenas de progresiones de grado que han permitido flexibilizar la estancia en prisión de los etarras. Según informan a El Confidencial fuentes de Instituciones Penitenciarias, actualmente ninguno de los cerca de 180 internos de la banda terrorista en España está ya en régimen cerrado, el más restrictivo. Cuando Pedro Sánchez llegó al palacio de la Moncloa, había 212 en esa situación (el 88 por ciento del colectivo).

Este Ejecutivo inició un cambio en la política penitenciaria marcado por el fin de la dispersión de etarras, vigente desde 1989. En este marco, el colectivo de presos de ETA, plegado a los intereses de Bildu, ha anunciado esta semana su compromiso de poner fin a los actos de homenaje para sus miembros cuando salen de prisión. Antes de eso, el líder de la izquierda 'abertzale', Arnaldo Otegi, protagonizó el décimo aniversario del cese de la violencia etarra con unas palabras dirigidas a las víctimas de los atentados. Horas después, en un acto reservado para militantes de Bildu, Otegi definió así esta historia de cortejo entre los 'abertzales' y el Gobierno con los reclusos como moneda de cambio: "Si para sacar a los 200 presos hay que votar los Presupuestos, los votaremos".

Foto: Concentración de ex presos de ETA. EFE

Durante 30 años se repartía a los presos de la banda por cárceles de toda España para evitar que se retroalimentaran en sus postulados porque eso impedía su reinserción. La Ley no obliga —solo recomienda— a que un interno cumpla condena en un centro próximo a su casa y los traslados son una competencia exclusiva de Interior. También lo es decidir en qué grado penitenciario cumple condena un preso. Es revisable cada seis meses y se puede recurrir después ante los jueces. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha ejercido un muro de contención a muchas propuestas impulsadas por la Administración, solo está legitimada para recurrir los terceros grados. El primer grado es el régimen cerrado. Históricamente, era en el que cumplían pena la mayoría de los etarras, especialmente los más irredentos.

Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, el último en salir de ese régimen cerrado, hace solo unas semanas, fue Iker Lima Sagarna. A finales del año pasado, el Ministerio del Interior le acercó desde la cárcel de Huelva a la de León. Detenido en 2001, cumple una condena de 25 años por incendio, daños, lesiones y desórdenes públicos. Instituciones Penitenciarias, a propuesta de los profesionales de la cárcel, le había aplicado ya un régimen de flexibilidad en virtud del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a pesar de estar todavía en primer grado. Este artículo ha sido muchas veces criticado por las víctimas por su ambigüedad. Sirve tanto para permitir que los presos salgan a diario para trabajar o formarse como para mandar a casa a internos por enfermedad.

El régimen cerrado supone tener más restricciones que van desde menos horas de patio o la imposibilidad de acceder a beneficios penitenciarios como salidas ordinarias de la cárcel. Esto último era irrelevante para los reclusos porque ETA les prohibía someterse a la legislación penitenciaria en busca de mejoras. La banda no levantó el veto hasta que en mayo de 2018 anunció su disolución, siete años después de la declaración de cese definitivo de la violencia. De forma sostenida en el tiempo, se han ido concediendo progresiones de grado y trasladando a etarras a prisiones del País Vasco y Navarra donde ya han agrupado a cerca de ochenta presos. El goteo de traslados es constante y va en aumento. Desde el 1 de octubre, la gestión y competencias sobre el grado de cumplimiento ya compete en exclusiva al Gobierno vasco, aunque se mantiene la posibilidad de recurrir ante la Audiencia Nacional.

Foto: Alfonso Sebastián recibido en Guernica tras cumplir condena por terrorismo. (Reuters)

Algunos de ellos ya llegan en situaciones penitenciarias muy favorables a las cárceles de Basauri (Bilbao), Martutene (San Sebastián) o Zaballa (Álava). La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha autorizado desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno la progresión al tercer grado o régimen de semilibertad a 25 presos de ETA. Esto ha propiciado que al menos en 13 ocasiones la Justicia haya aprobado la libertad condicional, Según datos del Observatorio de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que hace un estudio pormenorizado de todos los movimientos que se producen en las cárceles.

Interior elaboró en junio un informe para el Consejo de Europa en el que defendía su cambio de política penitenciaria. Exponía entonces que solo 19 miembros de la banda terrorista seguían cumpliendo condena en prisiones situadas a más de 200 kilómetros de Euskadi. En ese mismo documento se exponía que solo ocho reclusos etarras seguían en primer grado. Prisiones ha avanzado en su plan a lo largo de estos seis meses. "Tras anunciar la banda terrorista ETA el 20 de octubre de 2011 el cese definitivo de la lucha armada y el de su autodisolución el 3 de mayo de 2018, el Gobierno de España ha considerado adecuado un cambio en la política penitenciaria respecto a sus miembros", señalaba el Ministerio del Interior en ese documento recogido por Europa Press.

Desde sectores 'abertzales' también dan fe del "acelerón" que se ha producido en los últimos meses por parte del Gobierno. Así lo calificaron los responsables de presentar el Observatorio Behatokia que dio cuenta en junio de que los presos de ETA en primer grado en las cárceles en España y Francia se habían reducido drásticamente durante la primera mitad del año."Podemos constatar, por tanto, que el cambio en política penitenciaria que Pedro Sánchez anunció hace tres años se está produciendo", dijo el abogado Aitzol Asla junto a la representante del Foro Social Permanente, Teresa Toda. Esta última cumplió seis años de condena por pertenencia a ETA.

En la presentación de aquel estudio, ambos ya avanzaron que el colectivo oficial de los presos de ETA (EPPK) estaba "desarrollando el camino que abrió en 2017, es decir, dar los pasos que plantea la legislación penitenciaria ordinaria para la progresión de grado, pese a las dificultades que ponen algunas Juntas de Tratamiento y la Audiencia Nacional". Ahora ese colectivo ha anunciado su decisión de poner fin a los 'ongi etorri', que suponían un escarnio para las víctimas y un escollo para Bildu y el Gobierno a la hora de llegar a acuerdos.

El Ministerio de Interior ha completado su plan para los presos de ETA en paralelo al de los polémicos acercamientos al País Vasco y Navarra. A lo largo de estos tres años de Gobierno socialista, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha impulsado decenas de progresiones de grado que han permitido flexibilizar la estancia en prisión de los etarras. Según informan a El Confidencial fuentes de Instituciones Penitenciarias, actualmente ninguno de los cerca de 180 internos de la banda terrorista en España está ya en régimen cerrado, el más restrictivo. Cuando Pedro Sánchez llegó al palacio de la Moncloa, había 212 en esa situación (el 88 por ciento del colectivo).

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