El Estado se enreda en una pugna judicial sin un criterio ante el 'perdón' de presos de ETA

El décimo aniversario del cese de la violencia de ETA se presenta con varios frentes en la agenda. Destacan los atentados por resolver o la batalla del relato, inmerso en pleno auge de creación literaria y cinematográfica. Sin embargo, en un segundo plano se está produciendo un enfrentamiento en los tribunales a cuenta de las excarcelaciones de etarras. Intervienen las prisiones, el Ministerio del Interior, jueces y fiscales. Y la disparidad de criterios está larvando un choque que evidencia la ausencia de un criterio uniforme por parte del Estado ante las peticiones de los reclusos terroristas.

Donde unos ven un arrepentimiento sincero merecedor de premio, otros ven una mera escenificación con el único fin de salir antes de la cárcel. Desde la Audiencia Nacional se insinúa que se ha dado trato de favor o que se les ha descontado días de condena a etarras sin base legal. Hay acusaciones cruzadas de decisiones poco motivadas, también se le reclama a Interior que suba el listón de su exigencia a la hora de conceder terceros grados. El Confidencial ha tenido acceso a decenas de documentos penitenciarios y judiciales de los últimos años que plasman esa batalla cada vez menos soterrada, según confirman fuentes jurídicas consultadas.

Uno de los principales focos de discusión son los escritos de presunto arrepentimiento de los presos. Es uno de los termómetros para que los profesionales midan la reinserción de los etarras. Muchas resoluciones los incluyen como un elemento positivo. Pero no todos los interpretan igual. En otros casos se consideran una "instrumentalización del perdón de forma utilitarista para la concesión de beneficios". Así se expresó la Audiencia Nacional en un auto reciente que negaba la validez del arrepentimiento expresado por el etarra Borde Gaztelumendi. En este y otros casos, los jueces destacan que rechazan la oferta de entrevistarse con víctimas.

Los jueces rechazan el principio de que las cárceles son las que mejor conocen a los presos para validar sus propuestas

Además, los jueces advertían del riesgo de una suerte de coladero de permisos en la cárcel cántabra de El Dueso donde se encontraba el etarra —actualmente acercado al País Vasco por Interior—. En el auto se ponía de relieve que la Junta de Tratamiento había dado el visto bueno a salir unos días de la cárcel pese a admitir que "no puede existir nunca seguridad sobre la sinceridad del arrepentimiento". En su escrito, el terrorista definía sus asesinatos como "violencia política". Las Juntas de Tratamiento, claves en esta pugna, son los trabajadores de la prisión: el director, el jurista, el médico, el psicólogo... Tienen trato directo con los presos.

En el caso de los permisos penitenciarios de salida, el preso pide y la cárcel rechaza o elabora una propuesta a favor. De ahí pasa al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, pero si el preso o la Fiscalía no están de acuerdo con su decisión, tienen la posibilidad de acudir a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como última parada. Este recorrido sirve también para aplicar redenciones de pena, que descuentan días de condena por jornadas de trabajo.

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Alejandro Requeijo

Permisos y terceros grados

En el caso de los terceros grados el proceso es otro. La cárcel revisa cada seis meses el grado de cumplimiento de la pena. Si hay algún cambio, lo tiene que revisar la administración, es decir, el Ministerio del Interior. En el País Vasco, esa función corresponde desde hace semanas al Gobierno nacionalista del PNV por el traspaso de las competencias de las tres cárceles de Euskadi en las que ya hay cerca de setenta etarras gracias a la política de acercamientos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Los presos también pueden recurrir al juez de Vigilancia Penitenciaria si están en contra de lo que deciden las cárceles con sus solicitudes. Fue el caso del etarra Igor Martínez de Osaba, quien terminará de cumplir condena en 2030. Pidió un permiso de varios días. Al estar en segundo grado y haber cumplido una cuarta parte de la pena, tiene derecho a pedir 36 días al año. Pero el juez le recordó que hay otros requisitos y rechazó su excarcelación en un auto de diciembre de 2019. Apelaba a conceptos como "la alarma social" que provocaron sus delitos y consideró prematura su salida, con once años de condena pendiente.

En un auto más reciente, la Sección Primera tumbó un tercer grado otorgado por Interior y que en este caso sí pasó el corte del Juzgado de Vigilancia. Fue en el caso de Unai Fano. Los jueces alertan de que se está dando "una tendencia a la minimización de los delitos cometidos". También rechazan el principio de que las cárceles son las que mejor conocen a los presos para validar sus propuestas. "No se sigue el mismo criterio respecto de internos condenados por delitos no terroristas, de menor gravedad", alertó la Audiencia Nacional.

La Fiscalía, pieza clave

En todo este escenario y el que está por venir en los próximos años, el papel de la Fiscalía es clave. Sin sus recursos, la Sección Primera de la Sala de lo Penal —que tiene competencias en esta materia— no se puede pronunciar. De hecho, los jueces se quejan en varias de las resoluciones analizadas de que de haber podido intervenir, habrían frenado muchas decisiones. Este periódico ha tenido acceso a numerosos escritos del ministerio público contrarios a las pretensiones de los etarras por "falta de arrepentimiento".

Hace un año se opuso a la progresión de grado del etarra Javier Pérez Aldunate por la "inexistencia de una auténtica petición individualizadora de perdón a sus víctimas". También pidió denegar la libertad condicional para Oier Urrutia porque "no consta en el expediente arrepentimiento alguno". Al preso Jesús María Martín Hernando le pidió que presentase un escrito de perdón y acostumbra a llamar "cartas estereotipadas" a los textos que vienen firmando los presos de la banda.

En el caso de un permiso para Santiago Vicente Aragón, el fiscal Carlos Bautista acusó al Juzgado de Vigilancia de cambiar de criterio y dictar un auto "sin motivarlo suficientemente y carente de toda referencia expresa al presente caso". Para oponerse a la libertad condicional de Olatz Lasagabaster, vinculó su escrito de perdón a una entrevista concedida a Gara en 2018 por el último jefe de ETA, David Pla. El dirigente terrorista advirtió que no se arrepentían y que el cese de la violencia no se debió a consideraciones morales. "Si fuera necesario para sus intereses una vuelta a la actividad armada, esta se produciría", zanja.

Redenciones

Otro frente de discrepancia es el que tiene que ver con las redenciones de pena. Así se plasmó por ejemplo en otro auto de la Sección Primera del 30 de diciembre 2020 en el que se dice abiertamente que a un preso se le han aplicado estos descuentos sin base legal. Se trata de Sebastián Echániz Alcorta, condenado por un total de nueve asesinatos. Terminará de cumplir condena en 2024. "Una cosa es que no proceda revisar los beneficios ya concedidos, aun cuando fuera sin base legal para ello y otra distinta que el error precedente deba dar lugar a que se incida nuevamente en la misma arbitrariedad".

A este interno le habían propuesto las redenciones por su labor en el comedor de la cárcel. Pero la resolución judicial se quejaba de que la prisión no dio respuesta a los requerimientos de información de la Audiencia Nacional, algo a su entender necesario para valorar si fue "una actividad laboral útil". Los jueces destacaban también que el etarra no presentaba ningún arrepentimiento a pesar de un escrito de "asunción genérica" similar al de otros internos de la banda: "No constando esa voluntad de no reincidir no puede aprobarse la redención como extraordinaria".

Más al contrario, el auto recordaba que "en fecha muy posterior al escrito" se le hizo un informe psicológico que arrojó que Echániz Alcorta es "un delincuente por convicción" y que "no se observaba arrepentimiento". La Audiencia Nacional, a instancias del fiscal, revocó por tanto la concesión de las redenciones para este terrorista "con la puntuación máxima posible" a propuesta de la cárcel asturiana de Villabona. A finales de 2020, Echániz Alcorta fue acercado por el Ministerio del Interior a la cárcel de Martutene, en San Sebastián.

"Es de tal magnitud que es necesario tener una mínima constancia de que el tratamiento penitenciario ha surtido un cierto efecto"

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria aprobó en abril redenciones propuestas por la cárcel de Burgos para Sara Arri Pascual. La razón eran las buenas notas que había sacado en la asignatura de Marketing Estratégico, Renta y dinero y Hacienda Pública. La prisión le reconoció la "concurrencia de especial laboriosidad". El juez destacó que ha manifestado su arrepentimiento, su compromiso con la vía pacífica e interés de participar en un programa de justicia restaurativa que contempla encuentros con víctimas.

Algo similar pasó en el caso del etarra Pedro María Leguina Aurre, condenado por un asesinato. En un auto del 8 de enero de este año, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó también unas redenciones otorgadas por cuidar en prisión de un recluso dependiente, el también etarra Kepa Arronategui. Los jueces recordaron que aunque ETA ya no existe, su delito "es de tal magnitud que es necesario tener una mínima constancia de que el tratamiento penitenciario ha surtido un cierto efecto". Y la Audiencia Nacional puso una vez más de relieve que no habían recibido "ningún documento que permita deducir cuál es la postura del interno sobre esta relevante cuestión".

A veces los choques surgen en el seno de la propia Sección Primera de la Sala de lo Penal. De hecho, esta decisión sobre Leguina Aurre contó con el voto particular discrepante del juez Sáez Valcárcel. De habérsele aprobado ese descuento, el etarra habría quedado ya en libertad. El juez discrepante achaca a sus compañeros un deseo de reeducar al preso y destaca que "las ideas sobre la corrección moral de los condenados no parecen compatibles con el Estado de derecho porque no respetan su dignidad. El recluso tiene derecho a su libertad ideológica".