El Gobierno vasco tendrá margen para impulsar excarcelaciones de etarras

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la transferencia de las competencias de Prisiones al País Vasco. Eso significa que el ejecutivo autonómico será responsable de la situación penitenciaria de decenas de etarras que cumplen condena en centros de Euskadi. Las leyes penitenciarias serán las mismas que en el resto del Estado y la opinión de los jueces, en este caso la Audiencia Nacional, seguirá presente. No obstante, la transferencia da margen a la administración a la hora de impulsar excarcelaciones y beneficios para los terroristas como permisos ordinarios, progresiones de grado.

Lo que determina el modo en el que un preso va a cumplir su condena es el grado penitenciario en el que se le clasifica. Aquí la administración empieza a tener relevancia. Una vez se dicta una sentencia firme, la cárcel decide cuál de los tres grados le aplica a un preso. El primero es el más severo, reservado a presos conflictivos condenados por delitos muy graves. Históricamente esta ha sido la situación de los etarras. El segundo grado es el más común en las cárceles españolas y abre la puerta a salidas periódicas. El tercer grado es la semilibertad.

El cumplimiento de la pena

Hasta ahora, las cárceles vascas proponían el grado de cumplimiento tras estudiar la situación del preso (delitos, años de condena, arraigo familiar, conducta en prisión…) y luego decidía Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior. En cambio, tras las transferencias de prisiones será el Gobierno vasco el que decida el grado. Vitoria en lugar de Madrid. Los grados son revisables cada seis meses por lo que todas las clasificaciones aprobadas en su día desde Madrid serán susceptibles de ser modificadas.

Todas las clasificaciones de grado aprobadas desde Madrid podrán ser modificadas

Actualmente, hay casi medio centenar de presos de ETA entre las cárceles de Martutene (Guipúzcoa), Basauri (Vizcaya) y Zaballa (Álava). La última en ser trasladada por el departamento de Fernando Grande Marlaska ha sido la histórica dirigente Soledad Iparraguirre, alias Anboto. La transferencia no incluye a Navarra, región que la banda terrorista —disuelta definitivamente en 2018— siempre reivindicó como parte de su anhelado Estado independiente y en la que cumplen condena otra decena de etarras. En la actualidad, la mayoría de los presos de la organización en centros de Euskadi están ya en segundo y tercer grado.

La clasificación se puede recurrir. El órgano competente es la Audiencia Nacional al tratarse de presos condenados por terrorismo. Pueden recurrir tanto el preso como la Fiscalía en caso de que no estén conformes con la decisión de la administración. El artículo 107 del Reglamento Penitenciario obliga a comunicar al Ministerio Público todas las clasificaciones de grado. De lo poco que ha avanzado el Gobierno de Iñigo Urkullu sobre su gestión penitenciaria es que se va a tratar de priorizar el régimen abierto de semilibertad.

Permisos penitenciarios

Acceder al segundo grado penitenciario permite a los presos que hayan cumplido un cuarto de su pena solicitar permisos penitenciarios. La Ley les da derecho a 36 días fuera de la cárcel. El interno se lo tiene que pedir a la prisión y lo estudia la Junta de Tratamiento. Este organismo es clave en el día a día de las cárceles. Lo integran los profesionales del centro: el director, el jurista, el médico, el psicólogo… Son los trabajadores que tienen el contacto más directo con los reclusos. Este personal será el mismo que viene desempeñando sus funciones hasta ahora.

Las Juntas de Tratamiento de las prisiones elaboran una propuesta a favor o en contra de la petición de permisos formulada por el interno. En caso afirmativo, se precisan incluso los días que se le concede, nunca más de siete seguidos. En este caso, la propuesta de la cárcel no llegará al Gobierno vasco sino al Juzgado central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. No son ejecutivos hasta que nos los firma el juez y pueden ser recurridos por la Fiscalía.

La ley permite un resquicio para vadear al juez al conceder permisos de salida

Sin embargo, la ley penitenciaria permite a la administración un resquicio legal para vadear al juez a la hora de conceder permisos ordinarios de salida. El artículo 161.2 del Reglamento Penitenciario establece que cuando los permisos son de uno o dos días, los decide directamente el Centro Directivo, es decir la Consejería del Ejecutivo vasco que asuma esta competencia. Se da la circunstancia de que si un preso disfruta sin incidentes de estos permisos cortos, luego la Audiencia Nacional tendrá pocos argumentos para rechazar propuestas de la Junta de Tratamiento de permisos más largos.

Artículo 100.2

Otro frente recogido en la ley es la concesión del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Es un recurso polémico porque su redacción permite interpretaciones muy flexibles. Las víctimas del terrorismo han pedido reformarlo en múltiples ocasiones para acotarlo y establecer los límites. El 100.2 se aplica para atenuar el cumplimiento de una condena y puede contemplar incluso la excarcelación. Fue el artículo que se aplicó en su día al sanguinario etarra José Ignacio De Juana Chaos tras llevar a cabo una huelga de hambre en prisión.

Si se le da un 100.2, el preso no regresaría a prisión hasta que lo revoque un juez

La responsabilidad vuelve a recaer sobre la Junta de Tratamiento, pero la diferencia es que en este caso no propone, sino que decide. En caso de otorgar el 100.2, el preso pasa a beneficiarse inmediatamente de esta decisión. Solo regresaría a la cárcel en caso de que la Audiencia Nacional lo revocara, en concreto el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Para eso es necesario un trámite en el que hay que pedir informe una vez más a la Fiscalía. La decisión se puede recurrir ante la Sala de lo Penal de la misma Audiencia Nacional.

Terceros grados

El tercer grado es la situación más deseada para cualquier preso. Para empezar pasan a ser 48 el total de días que pueden gozar de permiso. Hay muchos tipos de tercer grado, pero el más común es el llamado régimen 'cenicienta' en el argot penitenciario. Permite salir a diario de la cárcel y volver solo para dormir, excepto los fines de semana. También existe la posibilidad de no regresar siquiera al centro y permanecer controlado con pulsera telemática. Sin embargo, la ley establece requisitos específicos a los presos terroristas para llegar a este régimen de semilibertad.

El artículo 72.6 del Código Penal obliga a los miembros de ETA a "que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines terroristas y además hayan colaborado activamente con las autoridades". "Podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio (...) y una petición expresa de perdón a las víctimas", dice este apartado introducido en 2003. Este es uno de los caballos de batalla de las víctimas, que exigen que se cumplan estos requisitos. Denuncian que en ocasiones los terroristas acceden al tercer grado sin haber colaborado a esclarecer atentados sin resolver o habiendo firmado vagos formularios de arrepentimiento como mero trámite.

El juez solo puede revocar un tercer grado de la administración si recurre el fiscal

Otro obstáculo con el que se encuentran los etarras para acceder al tercer grado es el artículo 36.2 del Reglamento Penitenciario. Dictamina que los presos de ETA condenados a más de cinco años —la inmensa mayoría— no pueden optar al tercer grado hasta que no cumplan al menos la mitad de su pena. En este caso, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria solo puede revocar los terceros grados aprobados por la administración si los recurre la Fiscalía.

El último escenario es la libertad condicional, que también la propone la Junta de Tratamiento de la cárcel y se remite al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. A diferencia de lo que ocurre con el 100.2, en este caso la propuesta de la prisión no es ejecutiva hasta que no la concede el Juzgado. Como en el caso del tercer grado, la Ley también exige requisitos a los terroristas para acceder a este último escalón.

Los planes del PNV

El Gobierno Vasco está siendo asesorado en materia penitenciaria por Jaime Tapia, expresidente de la Sección Penal de la Audiencia de Álava. El pasado 18 de mayo concedió una entrevista a 'Radio Euskadi' en la que confirmó que se tendrá en cuenta este mapa legislativo: "En el caso de personas que han sido condenadas por delitos terroristas, el Código Penal y, tanto la Ley Orgánica General Penitenciaria como el Reglamento Penitenciario, establecen unos requisitos, unas condiciones y, por otro lado, las sentencias condenatorias también establecen unas penas, unas veces con condiciones, etc.".

El Ejecutivo vasco del PNV ha elaborado un documento llamado 'Bases para la implantación del Modelo Penitenciario en Euskadi' que se hará efectiva desde el 1 de octubre. En ese documento se avanza la intención de desarrollar la llamada justicia restaurativa que ya tuvo una primera experiencia en los casos de etarras con los talleres entre víctimas y terroristas arrepentidos.

"Si como consecuencia de todo este tratamiento voluntario, la persona va evolucionando, eso va a permitir que los técnicos del centro penitenciario, las juntas de tratamiento y, por último también, muchas instancias, el propio juez o el centro directivo, el Gobierno vasco en este caso, vean que esta persona tiene un pronóstico favorable de reinserción y, al final, esto hace que, en esta línea de favorecimiento de la reinserción o la reeducación, se le dé la oportunidad de salir de permiso o progresar a régimen de semilibertad", apuntó Tapia.