La Fiscalía archiva las tres investigaciones sobre Juan Carlos I

La Fiscalía ha archivado la investigación sobre la fortuna oculta de Juan Carlos I. Cuatro años después de que Anticorrupción iniciara las indagaciones, el Ministerio Público da carpetazo a unas diligencias que llevaron a su protagonista a refugiarse en los Emiratos Árabes en 2020. La decisión se basa en que el monarca gozó de inviolabilidad hasta junio de 2014, en la prescripción de determinados hechos y en las regularizaciones tributarias voluntarias que ha llevado a cabo en el último año. Esa es la clave que explica el archivo: se han acreditado comportamientos irregulares, pero no son perseguibles, informan a El Confidencial fuentes fiscales.

Los dos decretos de archivo, la Fiscalía General del Estado descarta interponer una querella contra Juan Carlos I y allana su regreso temporal a España. El archivo no implica un sobreseimiento judicial, ni provisional ni definitivo, por lo que las diligencias podrían reabrirse si surgiesen nuevos indicios que implicasen otras 'notitias criminis' diferentes. La Fiscalía da así por finalizadas las tres líneas de investigación que mantenía hasta ahora abiertas: las supuestas comisiones por la obra del AVE a La Meca, los abonos del millonario mexicano Allen Sanginés-Krause y el trust de la isla de Jersey.

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En ellos se confirma que el padre de Felipe VI se benefició, durante años, de cantidades que nunca declaró. "Se han identificado cuotas defraudadas a la Hacienda Pública en el IRPF de los ejercicios 2008 a 2012 que superan con creces el importe de 120.000 euros que el artículo 305 del Código Penal establece como umbral del delito", dice la Fiscalía que, sin embargo, precisa que la posible responsabilidad penal de los ejercicios 2008 a 2011 estaría extinguida por la prescripción del delito. Respecto a las que aún permanecen activas, correspondientes al ejercicio de 2012, el Ministerio Público concreta que tampoco sería susceptible de reproche penal "toda vez que en aquella fecha y hasta el 19 de junio de 2014 Juan Carlos de Borbón estaba protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado, tal y como se analiza detalladamente en el Decreto de archivo, conforme a la interpretación que del alcance de la inviolabilidad viene haciendo desde el pasado la Fiscalía del Tribunal Supremo y la Sala Segunda del alto tribunal".

Otro de los núcleos del archivo de las diligencias se encuentra en las regularizaciones voluntarias realizadas por el emérito. En la segunda de ellas, presentada en abril de 2021, el monarca reconocía una deuda tributaria por importe de 4.395.901,96 euros incluyendo intereses de demora y recargos. "La presentación de las autoliquidaciones complementarias se corresponde con las rentas derivadas de la asunción, por la Fundación Zagatka, de determinados gastos por viajes y servicios realizados por el rey de lo que podrían derivar determinadas obligaciones tributarias que han quedado regularizadas", concretaba entonces. Venía a sumarse a la declaración voluntaria presentada por la defensa del anterior jefe del Estado español después de la cumplimentada en diciembre, que ascendió a 678.393 euros.

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Como reveló este diario, la entidad administrada por Álvaro de Orleans gastó entre 2009 y 2018 hasta ocho millones de euros en aviones chárteres del monarca. Con este movimiento, el Rey emérito intenta cerrar la puerta a una nueva causa penal. Es la segunda regularización que efectúa con ese objetivo. El pasado diciembre, depositó en Hacienda otros 678.393 euros por el caso de las transferencias irregulares del industrial mexicano Allen Sanginés-Krause. En cuanto al origen de los 4,4 millones pagados en esta segunda regularización, fuentes del entorno de Juan Carlos I apuntan a que proceden de empresarios amigos suyos.

Como adelantó este diario, el archivo se daba por hecho desde hace meses aunque distintas circunstancias acabaron dilatándolo. Los decretos aparecen firmados por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y han recibido antes de ser notificados a la defensa de Juan Carlos I el visto bueno de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

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Respecto a la más antigua de las diligencias abiertas, la relacionada con las obras del AVE a La Meca, la Fiscalía concreta que no se ha podido establecer, "siquiera de modo indiciario", vinculación alguna entre el referido ingreso de 64.884.405 euros que recibió la fundación vinculada con el monarca y la adjudicación del proyecto de construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad en Arabia Saudí "ni, por lo tanto, que dicha cantidad guarde relación con el pago de comisión alguna". "Se trataría, pues, de un regalo que pudiera haber sido recibido en consideración a la condición de Jefe del Estado que Juan Carlos de Borbón desempeñaba en 2008 y, por tanto, susceptible de integrar el delito de cohecho del artículo 422 del Código Penal". De nuevo, sin embargo, este posible delito estaría prescrito

Sobre las transferencias efectuadas entre los años 2016 y 2019 por el empresario Allen de Jesús Sanginés Krause "de las que ha sido beneficiario directo o indirecto" el rey, la Fiscalía las cifra en 516.606,32 euros. Precisa en este caso que la regulación efectuada las cubre e incluso indica que el ingreso "fue excesivo en un importe igual a 16.748,14 euros". En lo afecta a la cuenta con la que se le vinculaba en Jersey, la Fiscalía ha destapado la existencia de dos trust creados en los años 90 en los que el rey emérito aparecía como "único beneficiario" y que en 2004 fueron traspasados a un testaferro del monarca, el profesor de Historia Joaquín Romero Maura, nieto del político Miguel Maura pero considera que no hay indicios "que permitan dirigir reproche penal" contra él.

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También hay constancia de pagos no declarados a través de la Fundación Zagatka. En este caso el Ministerio Público indica que no se ha podido determinar con precisión "la procedencia y la cuantía de los fondos consignados" ni los gastos y pagos efectuados por dicha fundación en su totalidad. Sin embargo, la información bancaria recibida a través de la Fiscalía del Cantón de Ginebra y el contenido de las declaraciones tributarias le permiten establecer que entre los años 2014 y 2018 le abonó "cuantiosos gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamiento originados por Juan Carlos de Borbón, sus familiares y allegados". Todos ellos fueron declarados en la segunda regularización voluntaria.

Conocimiento de las actuaciones

Respecto a la posibilidad de que las regularizaciones se presentaran gracias al conocimiento del procedimiento abierto por parte de la defensa de Juan Carlos I, los decretos precisan que ni en la incoación de las diligencias de investigación ni en las respectivas notificaciones, "se hacía referencia a los hechos a los que se contraen las declaraciones tributarias". "En aquellos momentos se desconocían las circunstancias a las que las mismas se refieren", dice el departamento que dirige Dolores Delgado.

En opinión del Ministerio Público este hecho evita "un conocimiento formal del inicio de diligencias que activara el bloqueo temporal a la regularización" que contempla el inciso final del apartado 4 del artículo 305 del Código Penal. La Fiscalía no tenía entonces constancia del incumplimiento de las obligaciones tributarias, conducta que posteriormente ha quedado perfilada tras el análisis de las actuaciones practicadas y, particularmente, tras las declaraciones tributarias efectuadas, dice.