La prórroga decretada por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de una de las diligencias de investigación prejudicial sobre Juan Carlos I —hasta junio de 2022—, se considera en algunos sectores de la Fiscalía como “precipitada e innecesaria”. Precipitada porque se ha dictado con un adelanto “excesivo” sobre la fecha de vencimiento de la anterior —el 17 de diciembre— e innecesaria porque “se podía haber decretado el archivo de las indagaciones ya que la comisión rogatoria pendiente no añadirá nada a lo ya investigado”, y, en todo caso, de plantear alguna nueva cuestión, “podría reabrirse, porque el archivo no es un sobreseimiento”.
Según esas mismas fuentes, la dilación es “incomprensible y no se ajusta a la normativa interna del Ministerio Fiscal, que establece la excepcionalidad de las prórrogas en estos procedimientos según la conclusión 11 de la Circular de 2013”. Esta determina que la posibilidad de prorrogar “debe ser entendida como una excepción a la regla general, constituida por unas diligencias de vida ordinaria inferior a los seis meses”. Mucho más, insisten estas fuentes, cuando Juan Ignacio Campos y Alejandro Luzón, los dos fiscales que han dirigido las investigaciones, redactado el decreto motivado y que lo firmarán, como informó este periódico, no han cambiado de criterio sobre la procedencia de archivar las diligencias y renunciar a interponer denuncia o querella ante la Sala Segunda del Supremo, ya que al padre del Rey le excusarían la inviolabilidad, la prescripción, las regularizaciones fiscales voluntarias y la falta de pruebas consistentes para judicializar el asunto.
Estas fuentes consultadas por El Confidencial atribuyen la prórroga, además de a “dudosas razones técnicas”, a otras de “oportunidad”, que serían dos. Por una parte, liberar de presión a Felipe VI en su mensaje de Navidad la noche del 24 de diciembre —aunque de forma elíptica se referirá a la situación— y, por otra, dar tiempo a una posible “operación retorno” de Juan Carlos I. Otras fuentes aducen también que “sería conveniente librar la Pascua Militar del 6 de enero”. Después, el calendario estaría libre de compromisos de pronunciamientos del jefe del Estado. La demora del decreto de archivo llegará “bien entrado enero”. Nueva fecha, pero en un panorama de incertidumbres.
La actitud de Juan Carlos I —con buena salud, pero escasa y dolorosa movilidad pese a su rehabilitación diaria— se ha endurecido. Entiende —según personas de su entorno con las que El Confidencial ha entrado en contacto— que la exoneración de la Fiscalía obliga a la Casa del Rey y a la Moncloa a franquearle el regreso “cuando él quiera”, porque habrían decaído las circunstancias por las que se expatrió a Abu Dabi el 3 de agosto de 2020. No quiere, sin embargo, volver a España si no es en determinadas condiciones.
La primera de ellas consiste en que desea alojarse en la que considera “su casa”, el Palacio de la Zarzuela, una posibilidad que la Casa del Rey no contempla en absoluto y que al Gobierno “desagradaría” porque desataría un debate público de “pésima factura”. El Rey emérito habría deslizado también a sus interlocutores que la exoneración de la Fiscalía debiera reponerle en la situación anterior a la expatriación, lo que supondría mantener el estatus de que disfrutaba en 2019, antes de que su hijo, Felipe VI, le retirase la asignación presupuestaria que libremente le abonaba con cargo a la partida correspondiente de los Presupuestos Generales del Estado por un importe de 161.034 euros que, desde marzo de 2020, ha pasado a engrosar el fondo de contingencia de la Casa del Rey para financiar “necesidades inapelables de carácter no discrecional”.
Tampoco la Zarzuela estaría dispuesta a reanudar los pagos al Rey abdicado, que aduce por su parte la necesidad de “tener para vivir”, según las personas con las que mantiene un fluido contacto telefónico. Y, según las cuales, Juan Carlos I estaría decidido a imponer sus condiciones en “el bien entendido caso de que su alejamiento permanente de España generaría una diatriba política incómoda para su hijo y para el Gobierno”.
Al padre del Rey le ha molestado que el presidente del Gobierno le exija “explicaciones”sin haber esperado al decreto de archivo, tanto como “le ha satisfecho” que Mariano Rajoy se haya pronunciado contra su marcha de España y la exaltación a su trayectoria y a la de la reina Sofía, totalmente ajena a la vida y circunstancias de su marido, realizada el pasado sábado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con motivo de la celebración del 43 aniversario de la Constitución. En el acto reclamó “generosidad” para con el anterior jefe del Estado porque, “posiblemente, está al tanto de sus reclamaciones para volver”.
Rajoy: ''Defiendo a la monarquía y al rey Juan Carlos, atropellado injustamente en este país''.
En la Casa del Rey no hay planificación establecida para la “operación retorno”: ni previsión de alojamiento de Juan Carlos I, ni disposición a reintegrarle a ningún estatus anterior a 2020. El Gobierno se mantiene ahora “más al margen que cuando el asunto lo manejaba en la Moncloa Carmen Calvo, partidaria de alojar al emérito en un inmueble de Patrimonio Nacional debidamente acondicionado”. Su destitución en junio pasado dejó en suspenso las gestiones de la vicepresidenta primera y desde entonces “no se ha avanzado nada en este asunto”, que ha retomado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Desde Moncloa, se considera que el regreso de Juan Carlos I, o su permanencia en Abu Dabi o un eventual cambio de destino, es “un tema a solucionar por la Casa del Rey y en el ámbito familiar”, sin perjuicio de que la presidencia del Gobierno transmita a Jaime Alfonsín, jefe de la Casa, o al propio Rey, cuáles son sus criterios de “oportunidad política”.
La relación entre Felipe VI y su padre “está bajo mínimos”, es prácticamente inexistente, a diferencia de la que mantienen las infantas Elena y Cristina, que ya forman parte del núcleo duro. Más allá de la compañía y atención a Juan Carlos I, emiten opiniones críticas sobre su situación y no se recatan de hablar de este asunto en ámbitos privados —de amigos y familia— que son, sin embargo, muy accesibles a los medios.
La consecuencia de esta situación es que no hay “operación retorno” en el horizonte para el emérito, que el decreto de archivo se ha aplazado por razones de oportunidad política hasta que pase el mensaje de Navidad del Rey y su discurso en la Pascua Militar el 6 de enero y que Juan Carlos I está deseando volver, pero “enrocado” en unas condiciones difícilmente atendibles, tanto por la Casa del Rey, que se mantiene firme en sus criterios en el manejo de esta crisis, como “no aceptables” para la presidencia del Gobierno.
La prórroga decretada por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de una de las diligencias de investigación prejudicial sobre Juan Carlos I —hasta junio de 2022—, se considera en algunos sectores de la Fiscalía como “precipitada e innecesaria”. Precipitada porque se ha dictado con un adelanto “excesivo” sobre la fecha de vencimiento de la anterior —el 17 de diciembre— e innecesaria porque “se podía haber decretado el archivo de las indagaciones ya que la comisión rogatoria pendiente no añadirá nada a lo ya investigado”, y, en todo caso, de plantear alguna nueva cuestión, “podría reabrirse, porque el archivo no es un sobreseimiento”.
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