El fiscal Luzón firmará también el archivo de la investigación al Rey emérito

El decreto de archivo de las diligencias prejudiciales en las que se ha investigado por el Ministerio Fiscal las conductas de Juan Carlos I está ya concluido y solo queda pendiente de recibir la respuesta formal a una comisión rogatoria cuyo contenido ya conoce verbalmente la Fiscalía ante el Tribunal Supremo y no modifica la decisión de considerar inimputable al padre del Rey. Se espera que dicha comisión llegue a España y se formalice “en poco tiempo”, con la finalidad de no tener que prorrogar las diligencias el 17 de diciembre, fecha en la que vence la prórroga de seis meses decretada el mismo día del pasado mes de junio.

El decreto de archivo será firmado, como informó El Confidencial, por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, al que la fiscal general del Estado encargó la investigación junto a otros tres abogados fiscales. Luego, Dolores Delgado, para dar mayor coherencia a la investigación y completarla en todos sus aspectos, incorporó a las indagaciones al fiscal jefe de la Fiscalía especial de Anticorrupción, Alejandro Luzón, fiscal de Sala. Está decidido que sean ambos fiscales —Campos y Luzón— los que firmen el decreto motivado del archivo de las diligencias, lo que, en medios consultados del Ministerio Fiscal, se entiende como una medida “correcta” porque ambos son los que han dirigido las investigaciones.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

El precio de los fiscales en el 'caso emérito'

José Antonio Zarzalejos

Dado el mandato estatutario de los fiscales, la general del Estado, Dolores Delgado, ha estado informada en todo momento y ha firmado las correspondientes prórrogas, pero técnicamente se considera más riguroso que el relato que incorpora la resolución de la Fiscalía ante el Supremo la suscriban los fiscales que la conocen y la han protagonizado. Así se ha resuelto definitivamente una de las dudas formales que se plantearon en torno a la conclusión de las diligencias sobre el Rey emérito.

Desde la Fiscalía General del Estado se subraya que se intentará no prorrogar las diligencias en la confianza de que llegue la documentación pendiente, pero se subraya que el plazo de prórroga “no es de caducidad” y no “habría problema” en añadir otro. Sin embargo, se tratará de evitar, aunque no a costa de que quede, formalmente, ningún cabo suelto. Porque, aunque la fiscalía conoce el contenido del trámite por concluir, no quiere archivar las diligencias sin que conste la respuesta a la comisión rogatoria en el expediente. “Nada de cabos sueltos”, se asegura en fuentes fiscales.

TE PUEDE INTERESAR

La Fiscalía prepara el archivo de la investigación sobre Juan Carlos I

José Antonio Zarzalejos

La firma de Alejandro Luzón en el decreto de archivo, junto con la de Juan Ignacio Campos, pretende transmitir el máximo rigor en la investigación, por una parte, y, por otra, poner en valor el trabajo previamente elaborado por la Fiscalía Anticorrupción en este asunto que pasó a la Fiscalía ante el Tribunal Supremo por decreto de la fiscal general del Estado el 5 de junio de 2020. De esta manera, Dolores Delgado ha logrado la máxima cohesión del Ministerio Fiscal en un asunto de la mayor importancia e inédito en la trayectoria de la Fiscalía desde el inicio de la democracia. Fiscales consultados y que no tienen responsabilidad en la investigación ya concluida consideran que la firma de Luzón en el decreto de archivo “es un acierto desde el punto de vista técnico y la expresión de la unidad de actuación que para el Ministerio Fiscal establece su Estatuto Orgánico”.

En el calendario, y en el ámbito político, existe cierta inquietud para que determinadas fechas no se solapen: en el horizonte aparece ya el mensaje de Navidad de Felipe VI —el 24 de diciembre— que no podrá ser el mismo en función de que se conozca o no el decreto de archivo de las investigaciones sobre Juan Carlos I. Más aún: según fuentes políticas consultadas por El Confidencial, el jefe del Estado estaría “naturalmente condicionado” en lo que vaya a decir a la ciudadanía por el tenor literal de la motivación del decreto de archivo que podría “ser duro” para con las conductas del Rey emérito y que provocará una inevitable polémica política, mediática y ciudadana.