Tres causas sobre Juan Carlos I, en riesgo de muerte por inanición (y la excepción suiza)

El rey Juan Carlos tiene abiertas en estos momentos tres diligencias de investigación España y otro caso en Suiza que puede terminar afectándole. La Fiscalía Anticorrupción inició sus primeras indagaciones en torno al patrimonio oculto del monarca en julio de 2018, pero, ni ese caso ni en las otras dos causas que se instruyen en territorio nacional, se han producido avances significativos en los últimos meses por el tibio interés que ha puesto el Ministerio Público en impulsar las pesquisas.

Las primeras diligencias de la Fiscalía fueron asumidas por Anticorrupción y se centran en el presunto pago de una comisión de 100 millones de dólares a Arabia Saudí por el supuesto amaño de la adjudicación del contrato del AVE a La Meca para que se lo llevara un consorcio de empresas españolas. El Ministerio Público las abrió después de que se publicaran las grabaciones del comisario Villarejo a Corinna Larsen, en las que esta aseguraba que el antiguo jefe del Estado había recibido un pago por las gestiones realizadas con Riad para que ganara el concurso la UTE española.

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Juan Carlos I recibió los 100 millones de euros en 2008 en una cuenta del banco Mirabaud de Suiza abierta a nombre de una sociedad instrumental panameña, Fundación Lucum. Como reveló este diario, el monarca hizo continuas retiradas en efectivo de ese depósito durante los siguientes años. Sus dos principales testaferros en suelo helvético, Arturo Fasana y Dante Canonica, llegaron a viajar a España con billetes para entregárselos en el Palacio de la Zarzuela. En 2012, el Rey emérito cerró Lucum y entregó a Corinna los 65 millones que quedaban en la cuenta de Mirabaud.

El procedimiento sobre ese pago se encuentra desde hace más de un año en vía muerta, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas a las pesquisas. Para acreditar que los 100 millones corresponden a una comisión ilegal, sería necesario solicitar a Arabia Saudí los pliegues del concurso del AVE y toda la información disponible sobre las empresas locales que supuestamente fueron usadas para desviar los sobornos. Y las posibilidades de que la dictadura teocrática de Riad colabore con España en una investigación de estas características son remotas o incluso nulas.

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De esta primera investigación de Anticorrupción cuelga una segunda parte que está en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo y que también está relacionada con Suiza. Se trata de las indagaciones en torno a la Fundación Zagatka, una entidad de Liechtenstein administrada por un primo del rey, Álvaro de Orleans y Borbón, y que el monarca habría utilizado entre 2003 y 2019 para cobrar presuntas comisiones ilegales millonarias, hacer inversiones en deuda, divisas y acciones de grandes multinacionales y pagar vuelos privados por todo el mundo y otros gastos de carácter personal.

El propio Juan Carlos I ha reconocido que Zagatka ocultaba fondos no declarados al hacer una regularización voluntaria el pasado febrero por importe de 4,4 millones de euros. Sin embargo, como ha ido contando este diario durante el último año y medio, los movimientos de las cuentas de la fundación en los bancos Credit Suisse y Lombard Odier apuntan a presuntas responsabilidades penales que irían más allá de simples delitos de carácter fiscal subsanables con la regularización voluntaria. Los documentos de los bancos señalan que el propio Juan Carlos I era el verdadero titular de ese vehículo societario, por ejemplo. También arrojan dudas sobre el origen de 6,5 millones de euros que llegaron a las cuentas de Zagatka en Credit Suisse o el cobro de otros 4,6 millones de euros por una operación inmobiliaria de OHL en el Caribe mexicano.

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Pero las diligencias en torno a esta línea de investigación también están condenadas a terminar sin progresos relevantes. La Fiscalía envió una comisión rogatoria a Suiza para solicitar la información bancaria sobre Zagatka, pero acotó su petición al periodo 2016-2019. La consecuencia ha sido que Berna únicamente ha enviado los movimientos de la fundación en un único banco, Lombard Odier, pertenecientes a una etapa en la que Juan Carlos I hacía ya un uso solo residual de esa estructura 'offshore'. Las principales operaciones corresponden a los años anteriores, en Credit Suisse, pero no fueron reclamadas por la Fiscalía.

Las segundas diligencias en torno a la fortuna oculta de Juan Carlos I también fueron abiertas por la Fiscalía Anticorrupción, pero en el verano de 2020 fueron asumidas igualmente por la Fiscalía del Tribunal Supremo. Se trata de las pesquisas en torno a las transferencias que el monarca y varios de sus familiares, entre ellos, las infantas Elena y Cristina y sus nietos Froilán y Victoria Federica, habrían recibido del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y que presuntamente utilizaron para pagar viajes, restaurantes, clases de piano y hasta la compra y mantenimiento de caballos de competición. Los fondos de Sanginés-Krause llegaron a la familia real a través de un presunto testaferro, el coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga, antiguo asesor de Juan Carlos I. Con motivo de este escándalo, el Rey emérito hizo una primera regularización voluntaria en diciembre de 2020, admitiendo así que nunca comunicó a la Agencia Tributaria la percepción de ese dinero.

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Las terceras y últimas diligencias de la Fiscalía sobre el monarca son las más recientes. Se abrieron hace 10 meses y se centran en el descubrimiento de un trust de la isla de Jersey vinculado al exjefe del Estado que llegó a ocultar unos 10 millones de euros. Los fondos habrían sido transferidos a ese territorio 'offshore' por uno de los presuntos testaferros del Rey emérito, el industrial Manuel Prado y Colón de Carvajal, en pleno escándalo del caso KIO. Sin embargo, el encargado de custodiar esa estructura desde entonces fue, según las indagaciones del Ministerio Público, el historiador Joaquín Romero Maura, nieto del político de la Segunda República Miguel Maura. La Fiscalía localizó al profesor en un centro para personas mayores de la provincia de Zaragoza.

Fuera de España, Juan Carlos I se enfrenta a una posible acusación en Suiza, la jurisdicción que ha conseguido obtener más información sobre sus finanzas secretas. No está imputado, pero el instructor de la causa, el fiscal del cantón de Ginebra, Yves Bertossa, rastrea desde agosto de 2018 la circulación de los 100 millones de dólares de Arabia Saudí y los fondos de Zagatka por territorio helvético. Tanto Fasana como Canonica están investigados por un presunto delito de blanqueo y la causa podría terminar salpicando al cliente para el que ambos trabajaron durante décadas.