La Fiscalía desactiva sus propias diligencias sobre Juan Carlos I y le perdona un año fiscal

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha saboteado sus propias diligencias en torno a Juan Carlos I. El organismo envió una comisión rogatoria a Suiza para pedir información sobre la fortuna que ocultó el monarca en ese país, pero acotó la solicitud al periodo 2016-2019. La consecuencia de esa limitación es que las autoridades helvéticas solo han enviado a España datos de uno de los dos bancos en los que llegó a tener dinero la Fundación Zagatka, vinculada al Rey emérito, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso. Los años en los que ha puesto el foco el Ministerio Público coinciden, además, con la etapa en la que el antiguo jefe del Estado efectuó menos operaciones sospechosas e implican una renuncia a investigarlo por delitos cometidos en ejercicios no prescritos. Al menos un año fiscal se habría quedado fuera de la comisión rogatoria.

La Fiscalía envió su solicitud de colaboración a los órganos suizos de cooperación judicial internacional de Berna el pasado 24 de febrero. Desde ahí, el requerimiento fue trasladado a Yves Bertossa, el fiscal del cantón de Ginebra que investiga desde 2018 la circulación de los fondos de Juan Carlos I por suelo helvético. Bertossa preguntó a los acusados en su procedimiento si estaban en contra de facilitar información a Madrid y, ante la ausencia de oposición, tramitó la respuesta. Los plazos han sido especialmente ágiles porque el fiscal no tuvo que hacer ninguna gestión adicional con los bancos locales para recabar los datos pedidos por España. Están incorporados a su propia causa desde hace tres años.

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Berna envió finalmente su respuesta a la Justicia española el 14 de mayo. Sin embargo, se trata de una contestación parcial que prácticamente desactiva las causas que afectan al Rey emérito. Fuentes cercanas a las diligencias revelan que Suiza se ciñó al periodo especificado por la Fiscalía del Tribunal Supremo, por lo que solo ha remitido documentación de parte de las cuentas bancarias que dependían de la Fundación Zagatka, una entidad con sede en Liechtenstein y administrada por un primo del Rey, Álvaro de Orleans y Borbón, que el monarca habría empleado para cobrar comisiones ilegales millonarias y pagar vuelos privados por todo el mundo. En concreto, los datos que han llegado a España únicamente reflejan los movimientos de Zagatka en el banco Lombard Odier de Ginebra en los cuatro ejercicios indicados por la Fiscalía.

Sin datos del periodo 2003-2015

El resultado de la comisión rogatoria supone un alivio para Juan Carlos I. Las operaciones más comprometedoras para el emérito y que servirían para apuntalar una hipotética acusación por delitos como cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales se produjeron entre 2003 y 2015, en las ocho cuentas que la Fundación Zagatka llegó a controlar en otro banco, el Credit Suisse de Ginebra.

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En esos depósitos, entraron 6,5 millones de euros de origen anónimo y otros 4,6 millones de euros por una operación inmobiliaria de OHL en el Caribe mexicano que se corresponderían con comisiones presuntamente ilegales, como reveló este diario. Además, esas cuentas fueron usadas para controlar millones de euros en acciones de multinacionales españolas y europeas con las que el Rey emérito pudo tener una relación privilegiada, y se extrajeron de ellas grandes sumas de dinero para sufragar 'jets' privados, hoteles exclusivos y otros gastos del exjefe del Estado. Asimismo, entre sus salidas de activos figura una transferencia a una sociedad que ha permitido aflorar la existencia de otra cuenta vinculada al monarca en el banco Andbank de Andorra.

El periodo en el que se ha fijado la Fiscalía, el de la cuenta de Lombard Odier, es precisamente la etapa en la que Juan Carlos I comenzó a hacer un uso más limitado de la estructura 'offshore' que lideraba su primo porque, a partir de 2015, los bancos suizos se vieron obligados a realizar controles más estrictos del dinero que pasaba por sus balances. En los siguientes ejercicios, las entradas de fondos en las cuentas de Zagatka se redujeron y su saldo disponible empezó de forma paulatina a desplomarse.

Una renuncia a investigar 2015

La Fiscalía tendrá que continuar sus indagaciones sin gran parte de la documentación bancaria que figura en el procedimiento de Suiza, pero la comisión rogatoria también conlleva otros efectos negativos para el alcance de las diligencias. Aun en el caso de que la hipotética querella contra el Rey se refiera exclusivamente a presuntos delitos fiscales, el Ministerio Público habría perdonado al antiguo jefe del Estado un ejercicio impositivo. La solicitud abarca los años 2016-2019, pero ni en febrero, cuando se envió la petición de asistencia a Suiza, ni en mayo, cuando Berna contestó, había prescrito aún penalmente el año fiscal 2015. No lo hizo hasta el pasado 30 de junio. La Fiscalía renunció voluntariamente a obtener datos sobre esos 12 meses.

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La omisión podría ser incluso mayor si, en lugar de un delito fiscal, la querella terminara atribuyendo a Juan Carlos I un delito contra la Hacienda Pública agravado, que no prescribe hasta los 10 años. Para ello, bastaría con que la Fiscalía apreciara alguna de estas tres circunstancias (artículo 305 bis del Código Penal): que la cuota defraudada supere los 600.000 euros; que la defraudación se haya cometido en el seno de un grupo criminal, con diferentes niveles de jerarquía y reparto de funciones, o que para la evasión se hayan usado testaferros, paraísos fiscales o cuentas opacas. En el caso de Juan Carlos I, concurrirían las tres condiciones. Incluso teniendo en cuenta que fue inviolable hasta su abdicación en junio de 2014, la Fiscalía del Tribunal Supremo podía haber solicitado a Suiza la información correspondiente a los meses posteriores de ese año.

Una querella por delitos únicamente fiscales sería el mejor escenario posible para Juan Carlos I, que ya ha efectuado dos regularizaciones voluntarias para tratar de desactivar precisamente una acusación de esas características.