Juan Carlos I contrata uno de los bufetes más caros del mundo para la demanda de Corinna

Juan Carlos I ha contratado los servicios del despacho británico Clifford Chance, considerado uno de los más caros del mundo, para defenderse en Londres de la demanda por acoso que ha interpuesto contra él su antigua amante Corinna Larsen. La empresaria alemana le acusa de someterla a “vigilancia ilegal” en Reino Unido y hacer declaraciones difamatorias contra ella, y pide que no se pueda acercar a menos de 150 metros de ninguna de las residencias que tiene en ese país.

La demanda fue planteada por Corinna en diciembre de 2020, aunque no fue hecha pública por el alto tribunal de Justicia de Londres hasta el pasado julio. La iniciativa superó varios hitos procesales en ese lapso de tiempo, pero tiene pendiente una vista o audiencia en la que un juez deberá decidir si sigue o no adelante con su tramitación. El Rey emérito ha recurrido ya al bufete Clifford Chance para que lo represente en esa parte crucial del proceso y en el resto de diligencias que puedan efectuarse con posterioridad, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al monarca.

Clifford Chance forma parte del llamado Magic Circle (círculo mágico, en castellano), el grupo de los cinco despachos británicos más importantes del país que, además, se encuentran entre los 10 despachos más relevantes del mundo. Sus oficinas centrales están en Londres, aunque cuenta con delegaciones en más de una veintena de países, entre ellos, España. 'The Guardian' publicó un artículo en 2016 que destacaba el elevado precio de los servicios de Clifford Chance. Tasaba la minuta de cada uno de abogados en hasta 1.100 libras por hora de trabajo, unos 1.280 euros al cambio actual.

Las fuentes consultadas no han revelado cómo pagará Juan Carlos I al despacho. Desde 2020, el monarca carece de asignación de los Presupuestos Generales del Estado y tuvo que recurrir a amigos para reunir los fondos necesarios para poder efectuar las dos regularizaciones voluntarias con las que ha tratado de eludir una posible querella de la Fiscalía por fraude fiscal por el dinero que recibió del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y de su primo Álvaro de Orleans Borbón.

La demanda de Corinna puede agrandar sus problemas económicos. La empresaria le reclama una indemnización —la cuantía aún no ha sido fijada— por los daños y perjuicios ocasionados por la presunta campaña de ataques en su contra. Además, una resolución favorable en la vía civil daría alas a la aristócrata para denunciar los mismos hechos por la vía penal.

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Además de contra el monarca, la acción judicial de Corinna apunta al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a su exdirector Félix Sanz Roldán, que habrían participado en el supuesto acoso. Según la empresaria, los hechos comenzaron en 2012 por su negativa a reanudar la relación sentimental con el Rey emérito y se habrían prolongado “hasta el presente”. Entre otros episodios, Corinna denuncia que el antiguo jefe del Estado la presionó para que le devolviera los 65 millones de euros que le donó en 2012 y la advirtió de que se enfrentaría a “consecuencias perjudiciales u hostiles” si no lo hacía.

Clifford Chance se encargará exclusivamente de la defensa de Juan Carlos I en suelo británico. El abogado que le representa en España desde marzo de 2020 es Javier Sánchez-Junco, antiguo fiscal anticorrupción. Este último se ha encargado de supervisar las dos regularizaciones voluntarias y sigue de cerca las tres diligencias abiertas por el Ministerio Público en torno al Rey emérito: la relacionada con la adjudicación del AVE a La Meca y las fundaciones y cuentas suizas; el procedimiento sobre las transferencias recibidas del propio Sanginés-Krause que fueron disfrutadas con tarjetas bancarias, y unas terceras indagaciones que giran en torno a un trust de la Isla de Jersey controlado por un presunto testaferro, el historiador Joaquín Romero Maura, nieto del ministro de Gobernación de la Segunda República Miguel Maura.

Además, un fiscal del cantón de Ginebra, Yves Bertossa, investiga desde agosto de 2018 el presunto blanqueo de dinero de Juan Carlos I en territorio helvético, aunque hasta ahora este procedimiento no se ha dirigido específicamente contra él.