La investigación a Juan Carlos I aflora un trust de Prado y Colón de Carvajal de la época de KIO

La tercera investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre la presunta fortuna oculta del rey Juan Carlos ha destapado una sociedad instrumental en la isla de Jersey vinculada a Manuel Prado y Colón de Carvajal, el empresario y diplomático fallecido en 2009 al que se atribuyó durante décadas el papel de testaferro del monarca. Las diligencias del Ministerio Público parecen confirmar ahora esas sospechas. Los fondos descubiertos en el paraíso fiscal de bandera británica datan de la época del caso KIO, el escándalo de corrupción que marcó la década de los 90 y por el que Prado y Colón de Carvajal fue condenado por la presunta apropiación de fondos que nunca aparecieron.

Las pesquisas arrancaron después de que el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) recibiera una alerta de una entidad financiera por movimientos de fondos sospechosos. Las primeras indagaciones desvelaron que se había introducido en España dinero no declarado procedente de un trust de Jersey presuntamente administrado por un testaferro que formó parte en su día del círculo de confianza de Prado y Colón de Carvajal, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas a las diligencias. La Fiscalía también comprobó que el destinatario de los movimientos era presuntamente el Rey emérito, aunque las transferencias no se realizaron a su nombre, sino al de un tercero.

Las primeras indagaciones desvelaron que se había introducido en España dinero no declarado procedente de un trust de Jersey

El Ministerio Público está efectuando nuevas averiguaciones. Los cálculos iniciales apuntan a que la estructura societaria descubierta esconde en torno a 10 millones de euros, pero las cifras no son definitivas. Se da la circunstancia de que, en una de las piezas separadas en las que se desgajó la instrucción judicial del caso KIO, la llamada operación Wardbase, Prado y Colón de Carvajal fue condenado a dos años de prisión por el presunto desvío de dinero de Grupo Torras, la compañía sobre la que pivotó la trama. El importe sustraído por el confidente y administrador privado de Juan Carlos I ascendió a 11,4 millones de euros. El pago fue autorizado por el entonces vicepresidente de la empresa, el industrial Javier de la Rosa.

En 2004, Prado y Colón de Carvajal tuvo que entrar en la prisión de Morón de la Frontera (Sevilla) para cumplir los dos años de cárcel que le impuso finalmente el Tribunal Supremo por apropiarse de los fondos, pero solo cumplió dos meses por razones humanitarias. Con todo, el industrial nunca devolvió el dinero. En marzo de 2009, poco antes de morir, el amigo del Rey fue condenado de nuevo por falsedad documental por simular incluso la venta de un terreno en Medina Sidonia (Cádiz) para evitar que la Justicia se lo embargara.

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La sentencia de la operación Wardbase consideró probado que Prado y Colón de Carvajal recibió en una cuenta de Suiza los 11,4 millones del Grupo Torras. Otras fuentes elevan la cifra hasta los 20 millones de euros. El rastro del dinero se perdió a partir de ese punto. Aunque siempre se especuló que el verdadero beneficiario de los fondos pagados al diplomático era el rey Juan Carlos, nunca pudo demostrarse esa relación. La amistad entre ambos era pública. El monarca lo nombró senador por designación real en 1977 y lo patrocinó durante su dilatada carrera empresarial, que incluyó la intermediación en la compra de petróleo a los países del Golfo.

Casualmente, Jersey fue uno de los territorios más empleados por la trama KIO para simular operaciones y detraer fondos de la sociedad. En los años 90, la isla del canal de la Mancha era una de las mejores jurisdicciones del mundo para constituir sociedades con acciones al portador con las que luego abrir depósitos bancarios en otros países, incluso Reino Unido. La isla rivalizaba con Panamá en la creación de estructuras 'offshore'. En la actualidad, ofrece los mismos servicios, pero rivaliza con territorios al alza aún más opacos, como Hong Kong.

Fuentes del entorno de Juan Carlos I han negado a este diario que tenga la más mínima relación con el trust que investiga la Fiscalía. Rechazan que el monarca conociera la existencia de esa sociedad y que haya disfrutado en algún momento de las transferencias que se le atribuyen. Las mismas fuentes explican que el monarca desconoce los motivos por los que se le vincula con este dinero.

La fiscal general del Estado anunció la apertura de estas terceras diligencias sobre la fortuna del monarca el pasado 6 de noviembre. Las primeras fueron iniciadas en 2018 tras difundirse las dos grabaciones del comisario Villarejo a la examante del rey Corinna Larsen y se centraron en un primer momento en el presunto pago de comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca a un consorcio de empresas españolas en 2011. Posteriormente, a esas pesquisas se sumaron también las informaciones relacionadas con las fundaciones Lucum y Zagatka.

Las segundas diligencias se iniciaron de manera casi simultánea y afectan a varios familiares de Felipe VI. Se investiga el uso ilegal de fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause empleando como presunto testaferro a un coronel del Ejército del Aire. El dinero llegaba a una cuenta de Ibercaja y luego era empleado por Juan Carlos I, las infantas Elena y Cristina y varios nietos del monarca (Froilán y Victoria Federica, entre ellos), para pagar vuelos, hoteles, restaurantes, desplazamientos en Uber y compras en El Corte Inglés, así como la adquisición y mantenimiento de dos caballos de competición y clases de piano.

El Rey emérito efectuó una primera regularización voluntaria el pasado diciembre para legalizar los fondos que percibió del industrial mexicano. Tuvo que abonar a Hacienda 678.393 euros. Y el pasado febrero, tramitó una segunda regularización de 4,4 millones de euros para declarar el dinero que recibió de la Fundación Zagatka para sufragar vuelos en aviones privados por todo el mundo por valor de ocho millones de euros, como reveló este diario.