El error que delató a Juan Carlos I: regularizó más dinero del descubierto por la Fiscalía

Juan Carlos I cometió un error el pasado diciembre que agravó su situación judicial. El Rey emérito trató de evitar una inminente querella por presunto fraude fiscal regularizando voluntariamente el dinero sin declarar que había recibido del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Sabía desde un año antes que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando esas entregas de fondos y que incluso ya había tomado declaración a uno de sus presuntos testaferros, el coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga.

El Rey emérito intentó cortocircuitar el procedimiento pagando a la Agencia Tributaria un total de 678.393 euros por las cantidades presuntamente defraudadas y los recargos e intereses correspondientes. Pero ese movimiento no solo no sirvió para poner fin a sus problemas fiscales, sino que provocó nuevas indagaciones en torno a su fortuna. Según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas a las diligencias, Hacienda y el Ministerio Público comprobaron que el monarca había abonado en su primera regularización más dinero del que correspondía para las cantidades opacas que se le atribuían en ese momento.

La sorpresa fue mayúscula. En una equivocación de principiante, el Rey emérito estaba admitiendo que había recibido más fondos de Sanginés-Krause de los que habían sido descubiertos hasta entonces. A partir de esa fecha, su futuro procesal comenzó a complicarse. El desfase llevó al Ministerio Público a poner en cuarentena sus hallazgos y ampliar las pesquisas en torno a posibles nuevos movimientos de dinero del industrial mexicano.

El Rey emérito estaba admitiendo que había recibido más fondos de Sanginés-Krause de los que habían sido descubiertos hasta entonces

El grueso de la investigación se había centrado en los pagos efectuados directamente por Sanginés-Krause para sufragar gastos relacionados con el monarca y el resto de inquilinos de Zarzuela, como dos yeguas de competición montadas por la infanta Elena y su hija Victoria Federica; así como en las operaciones de triangulación mediante transferencias del industrial desde un banco de Irlanda a un depósito en Ibercaja a nombre del coronel Murga. Este se encargaba luego de costear las facturas de la familia real o entregar a sus miembros tarjetas de crédito con cargo a su cuenta para que sufragaran desde hoteles a vuelos, pasando por desplazamientos en Uber, compras en El Corte Inglés y hasta clases de piano.

La discrepancia entre el dinero reconocido y el descubierto llevó a la Fiscalía del Tribunal Supremo a reabrir las diligencias para estudiar otros posibles métodos de entrega de dinero de Sanginés-Krause a Juan Carlos I. También provocó que se extendieran las dudas a otras fuentes de ingresos del monarca.

Su abogado, Javier Sánchez-Junco, efectuó una segunda regularización voluntaria el pasado 25 de febrero, menos de tres meses después de la primera, depositando en la Agencia Tributaria otros 4,4 millones de euros para intentar taponar todas las vías de agua. Esta última se centró en los ocho millones de euros que recibió el antiguo jefe del Estado de la Fundación Zagatka, de su primo Álvaro de Orleans, en ejercicios no prescritos (2015 a 2018), para pagar vuelos privados, gastos de agencias de viajes y otros servicios.

TE PUEDE INTERESAR

El fiscal suizo descubre una nueva cuenta vinculada a Juan Carlos I en Credit Suisse

José María Olmo

Pero, como ha revelado este diario, Juan Carlos I habría tenido acceso en ese mismo periodo a otras sociedades, cuentas y retiradas de efectivo que dejan en el aire la autenticidad de su declaración. Entre esas fuentes de fondos alternativas, se encontraría un trust de la isla de Jersey que tendría su origen en una comisión de la época del caso KIO y habría sido administrado desde los años noventa por un presunto testaferro de Manolo Prado y Colón de Carvajal, el historiador Joaquín Romero Maura, nieto del político Miguel Maura.

La Agencia Tributaria aún no se ha pronunciado sobre las dos regularizaciones. El pasado mayo, comunicó al Rey emérito la apertura de un acta de inspección para comprobar las cuantías. En el caso de que no se correspondan con el dinero presuntamente evadido y la cuota defraudada supere los 120.000 euros por ejercicio, Juan Carlos I se expone a una querella por un presunto delito contra la Hacienda Pública (recibiría una por cada año fiscal). Otros delitos, como el blanqueo de capitales, también gravitan sobre su figura. La Fiscalía prorrogó por segunda vez sus diligencias en torno al patrimonio opaco del Rey emérito el pasado 1 de julio por un plazo de otros seis meses.