La Fiscalía encuentra al testaferro de Juan Carlos I en un geriátrico de Zaragoza

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha localizado en un geriátrico de Zaragoza al presunto testaferro que gestionaba el trust de Jersey descubierto en las terceras diligencias sobre la fortuna oculta de Juan Carlos I. El investigado, Joaquín Romero Maura, un prestigioso historiador de 81 años, prestó supuestamente su identidad para camuflar una estructura 'offshore' montada en la isla del canal de la Mancha por el empresario y administrador personal del Rey emérito Manuel Prado y Colón de Carvajal, en la época del caso KIO. Cuando el industrial falleció en 2009, Romero Maura se convirtió en el único gestor de los fondos opacos.

El descubrimiento ha provocado una doble sorpresa en los investigadores. Por un lado, no había hasta ahora ningún dato que vinculara al académico con Prado y Colón de Carvajal, y menos aún con Juan Carlos I. Pero, además, los movimientos de dinero sospechosos que llevaron al Ministerio Público a abrir este procedimiento el pasado noviembre se habrían producido cuando Romero Maura ya se encontraba ingresado en una residencia de la tercera edad de la capital aragonesa, con sus capacidades físicas y mentales muy mermadas. La Fiscalía trata de determinar ahora si esos trasvases de fondos se produjeron o no con su conocimiento.

Las pesquisas apuntan a que el destinatario de esos movimientos con origen en Jersey fue Juan Carlos I, aunque no se realizaban a su nombre. Los primeros cálculos cifran en unos 10 millones de euros el importe que habría permanecido escondido tras el nombre de Romero Maura. El trust habría sido constituido por Prado y Colón de Carvajal coincidiendo con la instrucción judicial del caso KIO, en los años noventa. Se da la circunstancia de que el empresario y diplomático amigo del Rey emérito fue condenado en 2004 a dos años de prisión en una pieza separada de ese escándalo de corrupción por apropiarse de una cantidad similar a la descubierta por la Fiscalía, 11,4 millones de euros. Aquel dinero nunca apareció.

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Romero Maura es un destacado historiador especializado en la Restauración española. Es bisnieto de uno de los políticos más importantes de esa etapa, el presidente del Gobierno Antonio Maura, y nieto del dirigente liberal de la Segunda República Miguel Maura. Aunque nació en Niza en 1940, pronto se instaló con su familia en Barcelona. Allí estudió Derecho, pero, tras un breve paso por esa disciplina, se doctoró en Historia y dedicó la mayor parte de su carrera a la investigación y enseñanza de esa materia en la Universidad de Oxford.

Por ese vínculo con la universidad británica, Romero Maura pasó la mayor parte de su vida en ese país. Hasta hace solo unos años, aparecía en el anuario académico de Saint Antony's College, la facultad en la que impartía clase. La mayoría de las publicaciones en prensa sobre su obra seguían situándolo en suelo inglés. Pero hace unos meses volvió a España para ingresar en un centro de la tercera edad de Zaragoza, una ciudad en la que tiene varios familiares. La Fiscalía lo encontró allí. Desde 2009, era la única persona con acceso directo a los fondos presuntamente ocultados en Jersey por Prado y Colón de Carvajal.

"Informe de inteligencia financiera"

Las terceras diligencias del Ministerio Público sobre el Rey emérito son las más recientes y, también, en las que menos se ha avanzado por el momento. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, anunciaron el pasado noviembre su apertura cuando se limitaron a concretar que las actuaciones se basaban en "un informe de inteligencia financiera que podría afectar también al anterior jefe del Estado".

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Por entonces, apuntaron que existían indicios de un blanqueo de capitales y que fueron incoadas después de recibir un aviso del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). En aquel momento, la Fiscalía del Supremo centró sus esfuerzos en determinar "el alcance temporal" de la alerta para comprobar si existen o no vínculos directos del emérito con los movimientos y si esa presunta intervención se produjo después de la abdicación, la línea roja que determina si puede ser investigado o queda protegido por la inviolabilidad.

Esta nueva línea de investigación se sumó a las ya existentes sobre las supuestas comisiones por la obra del AVE a La Meca y sobre el cobro de elevadas cantidades económicas que no han sido declaradas y fueron abonadas presuntamente por un empresario mexicano, Allen Sanginés-Krause.