El primo de Juan Carlos I oculta una fábrica en Venezuela con otra fundación 'offshore'

La investigación sobre la fortuna oculta de Juan Carlos I atribuye un papel clave a un primo lejano del Rey, Álvaro de Orleans-Borbón y Parodi Delfino, que siempre se había mantenido en un discreto segundo plano. El fiscal suizo que dirige las pesquisas, Yves Bertossa, indaga si el monarca utilizó a este familiar para esconder una cuenta en el banco Credit Suisse. El depósito estaba controlado por una sociedad instrumental, Fundación Zagatka, que fue constituida en Liechtenstein en 2003 y siempre tuvo a Álvaro de Orleans como beneficiario.

El procurador helvético ha descubierto que el Rey emérito utilizó dinero de la cuenta administrada por esa fundación para pagar decenas de viajes privados en vuelos chárter, muchos de ellos en compañía de la aristócrata que fue su amante durante años, la alemana Corinna Larsen. Pero la Fundación Zagatka no es la única mercantil de Álvaro de Orleans que está siendo analizada por la Justicia. Documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial revelan que el pariente de Juan Carlos I es propietario de una planta de materiales de construcción en Venezuela a través de una sociedad de Barbados que, a su vez, está administrada por una fundación de Liechtenstein. Su relación con esta mercantil se desconocía hasta ahora.

La fábrica se encuentra en la localidad de Charallave, a 50 kilómetros al sur de Caracas. Opera bajo la marca comercial de Aliven, aunque el nombre de la sociedad es Agregados Livianos CA. Su especialidad es la producción de arcillas y cementos para construcción. El 85% de sus acciones está en manos de la mercantil Holding Cremona SA, con domicilio en la isla caribeña de Barbados, que hasta el pasado año estaba en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea y ofrece máximo secretismo. Pero Álvaro de Orleans habría utilizado una segunda pantalla para ocultar su vínculo con la planta de Venezuela, una segunda fundación registrada en Vaduz que actúa como poseedora de las participaciones de Holding Cremona SA.

Archivos del despacho Mossack Fonseca, obtenidos por 'Süddeutsche Zeitung' y Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en el marco de los llamados papeles de Panamá, investigación en la que participó este diario, revelan que la fábrica de arcillas y cementos estuvo controlada hasta 2011 desde ese país de Centroamérica. Sin embargo, ese año, poco después de que España dejara de considerar Panamá paraíso fiscal tras la entrada en vigor de un acuerdo bilateral que facilitaba el intercambio de información, el propio Álvaro de Orleans solicitó la mudanza de la sociedad a la isla de Barbados.

El fiscal del cantón de Ginebra que investiga la supuesta estructura que habría usado Juan Carlos I para tapar su fortuna tiene en su poder la documentación relacionada con la planta de Charallave. No obstante, los abogados del pariente lejano del Rey aseguran que el procurador ya examinó “la totalidad del patrimonio” de Álvaro de Orleans, “incluyendo la Fundación Zagatka”. “Después de sus declaraciones voluntarias como testigo”, fueron desbloqueadas todas sus cuentas, subrayan.

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Los letrados del primo del Rey emérito, Philippe Cottier y Jean-Marc Carnicé, aseguran a este diario que la fábrica de materiales de construcción forma parte de los negocios de la familia y desvinculan al monarca de la empresa. Según su versión, Álvaro de Orleans tiene el 25% de las acciones de la fundación de Liechtenstein. El resto estaría en manos de su familia, aunque fue él en persona quién contactó con Mossack Fonseca a finales de 2011 para mover Holding Cremona SA de Panamá a Barbados, y de los documentos relacionados con esta operación se desprende que actuó como si fuera el único propietario. Los abogados de Álvaro de Orleans afirman que esa segunda fundación no tiene más activos en Venezuela, aunque no aclaran su patrimonio en otros países.

No es la única mercantil relacionada con Panamá que ha aflorado en esta macrocausa sobre el presunto blanqueo de fondos de la Corona española a través de Suiza. Juan Carlos I habría utilizado como testaferros al gestor Arturo Fasana y al abogado Dante Canonica, ambos con oficina en suelo helvético, para controlar una fundación en el país del canal. La sociedad, Lucum Foundation, fue inscrita en el registro el 31 de julio de 2008, y ocho días después, una cuenta a su nombre en el banco Mirabaud recibió una transferencia del rey Abdulá de Arabia Saudí de 100 millones de dólares. En los meses siguientes, comenzó a salir dinero del depósito hasta que, en septiembre de 2012, el monarca envió los últimos 65 millones que le quedaban a una cuenta de su examante. La fundación panameña fue clausurada automáticamente.

El fiscal suizo vincula el pago de los 100 millones de dólares y la posterior entrega de 65 millones a Corinna con una comisión por la adjudicación del AVE La Meca-Medina a un consorcio de empresas españolas. Pero fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, que mantiene abierta una investigación que se centra específicamente en el pago de supuestos sobornos en ese concurso, no ven una conexión entre la transferencia y las obras. Después de todo, el proyecto no se adjudicó hasta octubre de 2011, tres años después de que el rey Juan Carlos recibiera el dinero.

Las fuentes consultadas relacionan los fondos con la firma de un acuerdo estratégico de cooperación bilateral entre España y Arabia Saudí y la celebración en Madrid de una Conferencia de Diálogo Interreligioso que sirvieron para presentar el régimen de Riad, una de las peores dictaduras del mundo, como un país avanzado, abierto y tolerante. Un año antes, en junio de 2007, el padre de Felipe VI había concedido al rey Abdulá el Collar del Toisón de Oro, la más alta distinción que podía otorgar el monarca a título personal. La decisión provocó un escándalo. Zarzuela nunca distribuyó imágenes del acto.