De Corinna al archivo: los escándalos que esquiva el emérito por su inviolabilidad

La Fiscalía del Tribunal Supremo no ha terminado de redactar el informe, pero la decisión ya está tomada: antes de las navidades, pedirá al alto tribunal que se archive la investigación prejudicial en torno al Rey emérito. La Fiscalía considera que la inviolabilidad que le otorga la Constitución hasta su abdicación impide interponer una querella contra él y, a la vista de este blindaje, descarta que incurriera en un delito de blanqueo o en una infracción tributaria. Pese a ello, planea incluir un duro relato sobre las actividades del anterior jefe del Estado en su escrito, entre las que destaca la donación de 64,8 millones de euros que recibió en 2008 de Arabia Saudí y que se sigue investigando en Suiza, pero también los supuestos regalos que recibió del sultán de Omán, Qabus bin Said al Said, o del rey marroquí, Mohamed VI.

Para entender la investigación prejudicial de la Fiscalía en torno a Juan Carlos I, hay que remontarse a 2018 y a uno de los personajes que han marcado la política española en los últimos años: el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Entre los archivos que los investigadores encontraron en los registros de las propiedades del policía y sus socios, destacan una serie de audios de encuentros que mantuvieron entre 2015 y 2016 el propio policía con la que fuera amante del emérito, Corinna Larsen, y el expresidente de Telefónica Juan Villalonga. La clave de estas grabaciones se encuentra en cómo ella habla de los supuestos negocios opacos del monarca, apuntando a que tiene cuentas a nombre de terceros en Suiza: "Ellos han puesto algunas cosas a nombre de su primo, que es Álvaro Orleans de Borbón, que vive en Mónaco".

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La Audiencia Nacional abrió una pieza llamada Carol para investigarlo pero, mes y medio después, en septiembre de 2018, archivó la misma: no daba verosimilitud a las afirmaciones de Larsen porque, cuando se grabaron, su relación con Juan Carlos I se había roto y, por tanto, consideraba que podía haber lanzado estas acusaciones por despecho. A esto se sumaba que los hechos se enmarcaban en una etapa anterior a la abdicación del monarca y, por tanto, seguía blindado por la Constitución. El juez Diego de Egea dio entonces carpetazo a las pesquisas, pero la Fiscalía Anticorrupción mantuvo abiertas unas diligencias por un posible delito de cohecho internacional en la construcción del AVE a La Meca, contrato que fue adjudicado a un consorcio de empresas españolas después de que el monarca interviniera en las negociaciones.

Juan Carlos I quedó así en segundo plano hasta que un año después se supo que Suiza había entrado en el tablero. En concreto, el fiscal Yves Bertossa, que cuenta con todo un historial de detenciones y condenas de personajes poderosos. Ginebra investiga por "blanqueo agravado" a dos presuntos testaferros del emérito, Arturo Fasana y Dante Canónica, y a la propia Larsen, para lo que pone el foco en la supuesta estructura financiera que pusieron en marcha en el país helvético para lavar dinero de la corrupción y, al mismo tiempo, ocultar el patrimonio del monarca. Dado el contenido de los audios incautados a Villarejo, Bertossa solicitó los mismos a la Audiencia Nacional e incluso viajó a España, arrancando así una colaboración por la que la Fiscalía española fue recibiendo el grueso de averiguaciones del suizo.

Anticorrupción, en el marco de su investigación sobre el AVE a La Meca, trasladó entonces en febrero una comisión rogatoria a Suiza en la que pedía acceder a sus pesquisas. En ella, el Ministerio Público ponía el foco en la cuestión que terminaría por marcar la investigación: la 'donación' de 100 millones de dólares (64,8 millones de euros) que Arabia Saudí entregó a Juan Carlos en 2008, tres años antes de que se adjudicara el megacontrato al consorcio español. Ante la sospecha de que podía tratarse de una comisión por su papel en las negociaciones, Anticorrupción quería saber los movimientos que siguió este dinero y, como la nueva línea de investigación ya afectaba al emérito, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ordenó que las diligencias pasaran a la Fiscalía del Supremo, por su condición de aforado.

El 5 de junio, la investigación respecto al emérito quedó así en manos de cinco fiscales de alto rango del Supremo, todos ellos bajo el jefe del Área Penal, Juan Ignacio Campos. En julio, recibieron el primer envío de documentación por parte de Suiza, que apuntaba a que el 8 de agosto de 2008, la fundación Lucum ingresó en una cuenta de la banca privada suiza Mirabaud los 64,8 millones de euros 'donados' al monarca por Arabia Saudí. La sociedad en cuestión se había fundado en Panamá tan solo ocho días antes, el 31 de julio, por los dos hombres a los que investiga Bertossa, Fasana y Canónina. El primero se convirtió automáticamente en el presidente de la mercantil, mientras que el segundo asumió el cargo del secretario del consejo. Juan Carlos I quedaba así en segundo plano, pero un documento desvela su relación con Lucum.

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El escrito en cuestión se remonta a marzo de 2011 e incrimina de forma directa al emérito, pues refleja que los estatutos de la sociedad panameña contienen su rúbrica en sus tres páginas y lo sitúan como “primer beneficiario” de los fondos. También implican a Felipe VI, que aparece como “segundo beneficiario” de la fortuna. Los 100 millones de dólares quedaban por tanto en manos de “S.M. Juan Carlos I, rey de España (Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón), nacido el 5 de enero de 1938 en Roma, Italia”, gozando de plenos derechos para “disponer libremente, durante su vida, de los activos de la fundación sin limitación ninguna”. Con la estructura 'offshore' ya detectada, los investigadores se centraron entonces en seguir los movimientos de dinero desde la cuenta suiza en la que se ingresaron los 100 millones de dólares.

Ese rastreo llevó a una documentación que, como adelantó El Confidencial, demuestra que Juan Carlos sacó efectivo de la cuenta de Ginebra entre 2008 y 2012, llegando a retirar más de 100.000 euros mensuales. La primera salida de dinero se produjo semanas después de ingresarse la 'donación' y, a partir de ahí, de forma periódica: el 12 de enero de 2009, sacó 207.000 euros para hacer frente a supuestos “gastos personales”. El 11 de marzo de 2009, salieron de la cuenta con el mismo concepto 299.960 francos suizos. Dos semanas después, el 23 de marzo, fue anotado un reintegro de 105.000 euros. Y el 17 de junio del mismo año, se llevó otros 209.000 euros, nuevamente, para “gastos personales”. La mecánica se repitió en los años siguientes sin que ninguna de esas disposiciones fuera declarada a la Hacienda española.

Tras sacar el dinero en efectivo, Juan Carlos supuestamente lo introducía en España por la frontera del aeropuerto de Barajas. Una vez más, el emérito contó para ello con el abogado Dante Canónica, que presuntamente se acercaba a las oficinas de Mirabaud en Ginebra para retirar los fondos que Juan Carlos I necesitaba en ese momento y después se trasladaba a Madrid para entregarle los billetes en mano. La mayoría de veces, realizaba el viaje de ida y vuelta en el mismo día. Canónica le daba el dinero al Rey y este firmaba un recibo sin membrete, solo con la fecha y el importe del reintegro, para dejar constancia de la transacción. En otras ocasiones, se encargó presuntamente de traer el dinero Arturo Fasana, pero no consta que ni una sola de las remesas transportadas fuera declarada a la Agencia Tributaria.

La cuenta de Lucum refleja que las retiradas de dinero se repitieron de forma periódica junto a puntuales reintegros hasta junio de 2012, dos meses después de que se disculpara públicamente por su accidente en Botsuana. Poco antes de que su safari saliera a la luz, llegó a sacar casi cinco millones del banco suizo, pero tras el escándalo, la entidad de Ginebra trasladó al monarca su incomodidad por la existencia de la cuenta. Juan Carlos I optó entonces por transferirle los alrededor de 60 millones de euros que quedaban en la entidad a su examante, Corinna Larsen, en concepto de donación. "Estaba muy sorprendida, porque obviamente es un regalo enormemente generoso", sostuvo ella en una reciente entrevista concedida a la BBC. "Mencionó que quería ocuparse de mí, pero no discutimos cantidades", añadía en la misma.

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Después de esta última transferencia a Larsen, Canónica y Fasana cerraron el depósito y disolvieron Lucum Foundation. Hasta ahí llega el rastreo de la 'donación' de Arabia Saudí al monarca, pero las investigaciones también han desvelado otros regalos sospechosos por parte de mandatarios extranjeros. Entre ellos, destaca un ático de lujo en Londres que el sultán de Omán, Qabus bin Said al Said, cedió al emérito. La embajada de Omán en Reino Unido se encargó de formalizar su compra el 2 de julio de 2014, dos semanas después de que el monarca renunciara oficialmente al trono, acuerdo que se cerró por unos 62,7 millones de euros al cambio de la época, con impuestos aparte. El nombre de Juan Carlos no aparece en los documentos, pero hay múltiples evidencias de que fue el verdadero destinatario del inmueble.

A mediados de 2016, tras una serie de rifirrafes con Omán, Juan Carlos I comunicó al sultán que ya no le interesaba su regalo y, según revelaron fuentes conocedoras de las conversaciones a El Confidencial, trasladó a su amigo que prefería vender la casa y quedarse con los 62 millones de euros. Los movimientos que se produjeron a partir de ese momento pasan por un multimillonario inversor árabe de 35 años apenas conocido en España, Mohamed el Husseiny, y por una mercantil 'offshore' de uno de los territorios más opacos del mundo, las Islas Vírgenes Británicas, zanjándose entonces la venta en una operación ruinosa por 42,7 millones de euros, es decir, 20 millones menos del importe en que fue tasada la casa por el promotor. Una vez más, el nombre de Juan Carlos I sigue sin aparecer en los correspondientes documentos.

Otro de los regalos que captaron la atención de los investigadores fue el de un terreno a las afueras de Marrakech. Su existencia no trascendió hasta julio de 2018, cuando se difundieron las mencionadas grabaciones del comisario Villarejo y Larsen afirmaba que Mohamed VI había entregado a Juan Carlos I un solar de “nueve acres” (36.420 metros cuadrados) en torno a 2013, terreno ante el que el monarca supuestamente había utilizado el nombre de ella para ocultar su relación con el mismo. “Si el emérito no sabe lo que quiere hacer, nosotros no podemos ponernos en una situación... ¿Qué quieres que haga con la propiedad? Hay camellos, no hay electricidad. Tienes que hacer una ,inversión, también de seguridad porque esos países son peligrosísimos", relató la expareja del Rey emérito. Posteriormente, Larsen ha matizado estas palabras.

Bertossa investiga este supuesto regalo y, por el momento, ha detectado que uno de los despachos de abogados más utilizados por el monarca para crear estructuras 'offshore', el panameño ABA Legal Bureau, montó el 26 de junio de 2013 la sociedad mercantil que pasó a controlar el terreno regalado por Mohamed VI días más tarde. La verdadera titular de sus activos es Corinna Larsen, según el procedimiento suizo, pero ella niega ahora esta tesis: apunta que, tras reunirse con Villarejo, envió a sus abogados a Rabat, gestiones en las que supuestamente le especificaron que ella era la auténtica titular de los nueve acres. Con ambas versiones sobre la mesa, Bertossa sigue tirando del hilo, pero la Fiscalía española ya tiene la decisión tomada: la inviolabilidad de la que gozaba el Rey emérito impide interponer una querella contra él.