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El Gobierno se aferra al salvavidas de la Fiscalía con el solo sí es sí: "Refuerza la seguridad jurídica"
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Crisis de la ley Montero

El Gobierno se aferra al salvavidas de la Fiscalía con el solo sí es sí: "Refuerza la seguridad jurídica"

El parche del Ministerio Público para evitar las rebajas de penas es el resultado esperado por los morados, que llevaban días reclamando su actuación. En la Moncloa, agradecen la "rapidez" de la Fiscalía

Foto: Fernando Grande-Marlaska, Irene Montero y Álvaro García Ortiz. (EFE/Fernando Villar)
Fernando Grande-Marlaska, Irene Montero y Álvaro García Ortiz. (EFE/Fernando Villar)

El Gobierno se ha aferrado este lunes al salvavidas lanzado por la Fiscalía General del Estado en lo que toca a la ley del solo sí es sí. El decreto dictado por el Ministerio Público obliga a los fiscales a informar a favor de mantener las condenas que sigan siendo imponibles tras la entrada en vigor de la nueva norma, hace apenas un mes, tras las crisis generada por el goteo de reducciones de penas que durante la última semana ha erosionado la coalición y, en particular, a la ministra de Igualdad.

En la Moncloa, hacen una valoración "muy positiva" del decreto, agradecen "la rapidez" de actuación de la Fiscalía y afirman incluso que así está ayudando a "reforzar la seguridad jurídica". "Contribuye a armonizar la revisión de sentencias, limitando los casos en los que aplicará rebaja, respetando, así, el espíritu de la norma", celebran.

En Podemos, por su parte, diversas voces muestran satisfacción por el resultado, aunque precisan que entra dentro de lo esperado. Ganan algo de oxígeno en mitad de una crisis que ha sacudido su espacio político, que vive desde hace días en un clima enrarecido por las duras críticas del partido de Irene Montero a Yolanda Díaz, aderezadas por las acusaciones del ex secretario general de la formación, Pablo Iglesias, a la vicepresidenta segunda. Y permite también calmar las aguas en lo que toca a sus socios de gobierno.

Foto: Irene Montero, ministra de Igualdad. (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

También les permite hacer acopio de algunas fuerzas para aguantar hasta el 29 de noviembre, fecha en que el Tribunal Supremo revisará las primeras condenas en aplicación de la polémica norma. “Tenía que pasar. Lo contrario era ir contra sus propios actos previos”, afirmaba un dirigente de este espacio político. “Todos los sobrevenidos expertos en derecho penal cuyo único objetivo era tumbar a Podemos van a tener que hacer encaje de bolillos para no quedar en exceso de oportunistas e ignorantes”, afirma un integrante del núcleo duro morado.

El jueves, en un acto en presencia del presidente en funciones del CGPJ y representantes del mundo de la Justicia, en el que la tensión era evidente, Montero reclamó al fiscal general un capote, asediada por las críticas de partidos políticos —incluso de sus aliados parlamentarios—, asociaciones judiciales y otros operadores del mundo de la Justicia. Minutos antes, Álvaro García Ortiz había anunciado que revisarían todos los casos de forma individual, "sin automatismos", y esta exigencia forma parte del decreto celebrado por la ministra de Igualdad en redes sociales.

Foto: Isa Serra e Irene Montero en una imagen de archivo. (EFE/Fernando Villar)

"La FGE unifica criterios para aplicar adecuadamente la ley solo sí es sí. Reafirma la jurisprudencia consolidada, revisión sin automatismos y observando el Código Penal completo. La ley solo sí es sí es sólida y sirve para proteger los derechos de las mujeres", escribió Montero en la red social Twitter sobre la Fiscalía.

La ministra de Igualdad exhibía este decreto como una victoria, una suerte de inspección favorable sobre los cimientos de una norma que ha desatado las críticas incluso entre sus filas. Más allá de las cuestiones puramente jurídicas, de las supuestas lagunas en el redactado de la norma, en su propio espacio político se ha criticado "el victimismo" de los morados, su empeño por disparar contra los jueces responsables de las primeras reducciones de penas, o por afearles su déficit de formación específica sobre perspectiva de género.

Foto: Yolanda Díaz, en el acto de Sumar en Valencia. (EFE/ Biel Niño)

A su vez, el partido lleva días criticando a sus aliados en Unidas Podemos por no defender a Irene Montero, y este lunes volvió a denunciar ser víctima de una "campaña política" y una "avalancha mediática", orquestadas al calor de una polémica que también ha enervado a ministros del PSOE, y mucho más a barones como Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. Después de que la número dos del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abriera la puerta a estudiar una mejora de la norma, Podemos encontró en Pedro Sánchez un socio que les concedió tiempo hasta que existiese una suerte de unificación de doctrina para interpretar la ley del solo sí es sí.

La rueda de prensa del Consejo de Ministros de este martes servirá como termómetro de las relaciones entre ambas fuerzas a cuenta de una ley que les ha tenido y aún les tiene preocupados, ya que está prevista la presencia de Montero en esa comparecencia. “La ley es necesaria, protege mejor a las mujeres, y acaba con grandes carencias”, insisten desde el PSOE. Con el PP centrado en enfocar el desgaste al Gobierno en la figura de Sánchez, fuentes socialistas les reclamaban que “bajen del monte” y retornen a la “cordura institucional”, en relación con distintos tuits y publicaciones de los conservadores que consideran “más propios de la ultraderecha que de un partido democristiano homologable con otros europeos”.

Ni el PSOE ni Unidas Podemos pueden permitirse perder la bandera del feminismo y ambos, en particular los socialistas, son conscientes del daño causado por esta crisis. En el mejor de los casos, en una semana sabrán qué tiene que decir el Supremo, y será entonces cuando puedan hacer un verdadero control de daños.

El Gobierno se ha aferrado este lunes al salvavidas lanzado por la Fiscalía General del Estado en lo que toca a la ley del solo sí es sí. El decreto dictado por el Ministerio Público obliga a los fiscales a informar a favor de mantener las condenas que sigan siendo imponibles tras la entrada en vigor de la nueva norma, hace apenas un mes, tras las crisis generada por el goteo de reducciones de penas que durante la última semana ha erosionado la coalición y, en particular, a la ministra de Igualdad.

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