La Fiscalía del Constitucional apoyó apartar a los dos magistrados conservadores
Para el fiscal resultaba objetivamente incuestionable que la norma tendría una incidencia en su situación personal y profesional, pues aceleraría su sustitución por los candidatos que propone el Gobierno
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La Fiscalía del Tribunal Constitucional se sumó este miércoles, justo antes del pleno que debía decidir si reactivaba las enmiendas del Gobierno, a la solicitud de recusación para apartar de la deliberación al presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, y al magistrado Antonio Narváez, ambos de corte conservador. Si la recusación llega a salir adelante, se hubiese producido un cambio de fuerzas a favor de los progresistas, pero el pleno no atendió sus argumentos y confirmó la decisión del lunes: por seis votos conservadores contra cinco progresistas, rechazó la petición del Senado de reconsiderar su postura y confirmó la paralización de la reforma.
En un informe firmado por el fiscal Pedro Crespo justo antes del pleno, el Ministerio Público entendía procedente que el tribunal abordara, con carácter previo a resolver sobre la pretensión del Senado y a cualquier otro trámite procesal, la recusación de ambos magistrados. Según argumentaba, se producía una "incuestionable vinculación con el objeto de tramitación parlamentaria sobre la que se proyecta el recurso de amparo" y, al menos "a priori", la recusación se sustentaba "razonablemente".
Crespo apoyaba así el razonamiento del PSOE y Unidas Podemos, que pedían apartar del procedimiento a ambos magistrados porque su mandato se encuentra prorrogado desde junio y deben ser sustituidos por los dos candidatos del Gobierno. Como la reforma del Gobierno acelera ese cambio, los dos partidos cuestionaban su imparcialidad.
"Dicha circunstancia, al margen de cualquier valoración acerca de la disposición psicológica de los afectados, constituye un factor innegablemente condicionante de la apariencia de imparcialidad que de manera constante y enfática viene invocando, como factor esencial, tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como la del propio Tribunal Constitucional", concluía la Fiscalía. Su posicionamiento no resultaba vinculante para los magistrados, pero refuerza los argumentos de PSOE y Unidas Podemos de cara a los próximos pasos del procedimiento, que ahora entrará en la fase de las cautelares y las partes podrán volver a presentar alegaciones para revertir la decisión.
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El Ministerio Público respaldaba además las alegaciones del Senado para reactivar la reforma. En estas, la Cámara Alta pedía "el levantamiento inmediato" de la suspensión de las enmiendas, tachaba la decisión del lunes de "actuación desproporcionada" y aseguraba que la decisión es "inédita y de la máxima trascendencia". "El Senado y sus integrantes individualmente considerados se hallan indefensos al adoptarse la medida de suspensión inaudita parte", denunciaba el órgano que preside Ander Gil.
La Fiscalía argumentaba que la queja del Senado estaba "bien fundada" y advertía de que la decisión del lunes se adoptó "con premura e inexistencia de precedentes", alertando en este sentido "del peligro de que esta actuación establezca un precedente".
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Al mismo tiempo, criticaba que, antes de arrancar este nuevo pleno, todavía no se conociera la argumentación de los seis conservadores para paralizar la reforma: "Limitan considerablemente las posibilidades de alegación y argumentación de esta Fiscalía, habida cuenta, principalmente, de la imposibilidad de conocer la fundamentación jurídica". Para Crespo, esta situación impedía valorar "con la deseable precisión el fundamento de la pretensión impugnatoria formulada por la representación procesal del Senado", así como hacerlo con "la premura que circunstancialmente concurre en la singular tramitación —en cuanto carente de precedentes—".
Poco antes de las once de la noche, tanto sus argumentos como los del Senado fueron rechazados.Los magistrados volvieron a votar por bloques y, con seis conservadores frente a cinco progresistas, el tribunal confirmó la paralización de las dos enmiendas.
La Fiscalía del Tribunal Constitucional se sumó este miércoles, justo antes del pleno que debía decidir si reactivaba las enmiendas del Gobierno, a la solicitud de recusación para apartar de la deliberación al presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, y al magistrado Antonio Narváez, ambos de corte conservador. Si la recusación llega a salir adelante, se hubiese producido un cambio de fuerzas a favor de los progresistas, pero el pleno no atendió sus argumentos y confirmó la decisión del lunes: por seis votos conservadores contra cinco progresistas, rechazó la petición del Senado de reconsiderar su postura y confirmó la paralización de la reforma.