Cuatro magistrados del Supremo se disputan el voto del sector conservador del CGPJ

El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial ha comenzado a avanzar, aunque a ritmo muy lento, en la renovación del Tribunal Constitucional. Cuatro magistrados del Tribunal Supremo han empezado a posicionarse como los favoritos de este bloque para reunir apoyos y acceder al TC. El presidente, Carlos Lesmes, tratará de forzar una votación el jueves de esta semana, en el pleno ordinario que se celebra de forma mensual. Aunque los vocales más cercanos a la derecha ya han advertido de que no están en disposición de pronunciarse aún, han comenzado a explorar el respaldo que podrían reunir estos cuatro aspirantes. Es probable que su opción definitiva sea uno de ellos.

Los mejor posicionados son los magistrados Rafael Fernández Valverde, Inés Huerta, Diego Córdoba y Francisco Marín. El primero, magistrado del Tribunal Supremo desde 2003, se jubiló hace unos meses y compaginó sus funciones con las de vocal hasta su retiro. Huerta, por su parte, está también cercana a la jubilación y pertenece a la misma sala que el primero, la de Contencioso-Administrativo.

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Francisco Marín es presidente de la Sala Primera del TS y la persona que sustituiría a Lesmes en el caso de que este se vea obligado a dimitir. Por último, Diego Córdoba fue nombrado en 2010 presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, cargo que ocupó hasta su nombramiento para el alto tribunal en enero de 2013. Fue letrado del Tribunal Constitucional en los noventa.

Ellos cuatro son los mejor posicionados después de que las primeras opciones de consenso acabaran en fracaso. Los conservadores del Consejo General del Poder Judicial se vieron rechazados en un inicio por aquellos magistrados con apoyos indiscutibles. Los perfiles más potentes fueron rechazando la oferta uno tras otro. Su primera opción nunca fue viable. El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, al que propusieron presentar como candidato, expresó su deseo de continuar en su actual puesto. No fue, sin embargo, el único. Su compañero de sala Pablo Llarena también fue sondeado sin éxito alguno. Lo mismo sucedió con otro de los miembros de la Segunda, Antonio del Moral. La última negativa ha venido desde la Sala de lo Civil. La posibilidad de que el elegido fuera Ignacio Sancho se ha cerrado con un nuevo rechazo.

La última de las reuniones celebradas por los vocales del Consejo General del Poder Judicial para estudiar el apoyo a la incorporación de dos magistrados al TC, celebrada la pasada semana, acabó como las anteriores, sin avances. Superado ya el plazo que les fijó el Gobierno para decidir, los integrantes del Consejo se limitaron a constatar que el procedimiento requiere de "eficiencia" y no de "urgencia". El grupo conservador aseguró en un comunicado que sigue oficialmente sin candidatos y que, de momento, solo un magistrado del Supremo se les ha ofrecido "de forma oficiosa".

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Progresistas y conservadores coinciden en la necesidad de lograr amplias mayorías y aseguran que su más firme compromiso es el de cumplir con las competencias propias del Consejo para los nombramientos en cuestión. Ahora bien, solo aquellos candidatos seleccionados tras análisis y deliberación a conciencia serán propuestos como tales por los más cercanos a la derecha. "A tal efecto, el grupo buscará a aquellos aspirantes que, por su excelencia, considere idóneos para tan alta magistratura", añade este sector.

Por su parte, los progresistas han fracasado en su intento de acelerar los tiempos. Querían intentar una votación en el próximo pleno convocado, que debe celebrarse el día 29. No obstante, el grupo de la derecha ha manifestado que, a día de hoy, "no están en condiciones de presentar candidatos" y no consideran que deba producirse la designación ese día. "No nos hacemos responsables de la dilación que se está produciendo en la designación de los magistrados para el Tribunal Constitucional", asegura este sector. Precisamente, el día 29 está prevista la visita del comisario de Justicia de la UE. La esperanza es que su mediación sirva para resolver la actual crisis.