La Sala Tercera del Supremo se queda con 10 magistrados menos y entra en alerta roja

Cualquiera que consulte la información ofrecida sobre la composición de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo podrá comprobar que, conforme a lo dispuesto en la Ley de Demarcación y Planta, está compuesta por un presidente y 32 magistrados. Más bien estaba. La combinación del retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la prohibición de que este nombre cuando está en funciones y los recientes cambios en el Tribunal Constitucional ha ido mermando sus efectivos. Tras la salida de su presidente, César Tolosa, que se incorpora al TC, la sala se queda con 10 magistrados menos y su situación empeorará aún más en los próximos meses.

De todas las del Supremo, es la sala más afectada. De un total de casi 80 magistrados en todo el TS, en este momento están vacías 18 plazas, pero el número se incrementará en los próximos meses con la salida por jubilación de nuevos magistrados. Las vacantes alcanzan más de un 20% de la plantilla. Desde hace meses, la situación es insostenible, y sin esperanzas de renovación del Consejo, lo será aún más. El Tribunal Militar Central está, por su parte, a las puertas del bloqueo. La Sala de lo Contencioso sumará una más con la jubilación de la magistrada Inés Huerta, que se producirá el próximo marzo.

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De momento, la sala funciona con parches que ha ido proporcionando el Ministerio de Justicia. El pasado junio y tras las continuas peticiones en ese sentido realizadas por el Consejo y el TS, Justicia cedió. Asignó tres letrados coordinadores y mostró su "disposición" para "mejorar" el funcionamiento del alto tribunal. El equipo de Llop destacó entonces que en el primer semestre de 2022 se destinaron 9,7 millones de euros para "reforzar el plan de choque para el Poder Judicial".

Junto al descenso en el número de magistrados, la Sala Tercera sufre desde hace tiempo una "extraordinaria carga de trabajo" derivada de la entrada en la sala de cientos de asuntos, tanto de empresas como de profesionales, que reclaman que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado por la aplicación de las medidas que se pusieron en marcha para hacer frente a la pandemia. En recientes informes estudiados por la Sala de Gobierno, se subrayaba que la situación está provocando un grave perjuicio en la pendencia y tasa de resolución, siendo muy probable que se alcancen las 450 sentencias menos en cómputo anual.

Insostenible

En el caso más que probable de que se prolongue la imposibilidad legal de cubrir las vacantes de magistrados, el TS lleva tiempo avisando de que el panorama será "insostenible" y "va a implicar el alargamiento de los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo y se retrasarán enormemente las decisiones de inadmisión, que son numerosísimas y se cuentan por varias decenas de miles al año".

La salida de César Tolosa ha tenido, además, otro efecto. Como no pueden realizarse nombramientos, las vacantes se cubren en funciones y por antigüedad, y será el magistrado progresista Pablo Lucas quien asuma la dirección de sala durante el plazo indeterminado en el que se prolongue esta situación. El alejamiento cada vez mayor entre el PSOE y el PP condena al Consejo a permanecer sin renovar, al menos, hasta que acabe la actual legislatura.