El Supremo pide refuerzos ante la avalancha de reclamaciones patrimoniales por el covid

El Supremo ya ha llamado la atención en otras ocasiones sobre la situación límite que comienza a sufrir por la imposibilidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de realizar nombramientos estando en funciones. Este lunes, el alto tribunal ha pasado de las llamadas de socorro a la acción. La Sala de Gobierno del TS acaba de aprobar la propuesta del presidente de la Sala Tercera, César Tolosa, para reorganizar sus secciones ante las numerosas vacantes existentes. Uno de los asuntos que más preocupa es la próxima "avalancha" de recursos consecuencia de los daños económicos provocados a los negocios y a los particulares por el covid.

La Sala de Gobierno espera la entrada de miles de recursos contencioso-administrativos en las próximas fechas contra la desestimación, expresa o presunta, por el Consejo de Ministros de reclamaciones indemnizatorias en concepto de responsabilidad patrimonial, presentadas por ciudadanos y profesionales que dicen haber sufrido daños indemnizables por este cauce, por causa de la aplicación de medidas incluidas en las normas aprobadas para hacer frente a la pandemia.

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Para afrontar estos litigios, se ha decidido solicitar al Ministerio de Justicia que se dote una nueva Secretaría, con un letrado de la Administración de Justicia y el personal funcionario adecuado, así como la dotación de al menos tres plazas de letrados coordinadores en el Gabinete Técnico del tribunal para ser provistas por magistrados del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Casi 400 asuntos

Asimismo, se propone un plan específico para la Sección Cuarta, ya que, al margen de las reclamaciones patrimoniales por medidas adoptadas en la pandemia, acumula 348 asuntos repetitivos en tres clases de recursos: reclamación de retribuciones por parte de funcionarios docentes de la comunidad de Madrid (211), reclamación reconocimiento condición personal estatutario no fijo (72) y reconocimiento de la carrera horizontal de interinos en servicio de salud de Castilla-La Mancha (65).

La Sala de Gobierno ha constatado que "la situación límite en que se encuentra la Sala de lo Contencioso-Administrativo", que a partir del próximo mes de abril, con las jubilaciones de los magistrados Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, contará con solo 25 magistrados (incluido su presidente), lo que supone el mínimo legal para constituir sus cinco secciones, ya que cada una de ellas debe tener al menor cinco magistrados. Así, se ha aprobado reforzar las dos secciones que, tras dichas jubilaciones, quedarán con solo cuatro integrantes (la Segunda y la Quinta) con un magistrado cada una, que saldrán de las dos secciones que cuentan con seis magistrados (la Tercera y la Cuarta).

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Además, para mitigar la extraordinaria carga de trabajo que ha comenzado a detectarse en la Sala, se ha acordado proponer una reforma legislativa del recurso de casación contencioso-administrativo para dar una respuesta más rápida y eficaz a esa litigiosidad masiva, así como medidas específicas y temporales para afrontar esa situación. En esa entrada de recursos destacan los que reclaman responsabilidad patrimonial del Estado derivada de las medidas para hacer frente a la pandemia, de los que ya se han planteado decenas en los últimos días y que el tribunal prevé que puedan alcanzar varios miles en las próximas fechas.

En relación a la reforma legislativa, que se elevará al Ministerio de Justicia a través del Consejo General del Poder Judicial, se propone modificar el artículo 64 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para que los juzgados o tribunales puedan suspender causas que presentan identidad jurídica sustancial con recursos pendientes de casación ante el Supremo, y hasta que el alto tribunal se pronuncie al respecto. La finalidad sería evitar que los juzgados y tribunales dicten sentencias que puedan resultar contrarias a la decisión que en el futuro pueda adoptar el Tribunal Supremo, en aras de una mayor seguridad jurídica.

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Un segundo aspecto de la reforma propuesta afecta a la labor de la Sección de Admisión de recursos que, cuando detecte la existencia de un gran número de recursos sobre una cuestión jurídica sustancialmente igual, podrá acordar la admisión de uno o varios de ellos, suspendiendo el trámite de admisión de los demás hasta que se dicte sentencia en los primeros. La Sala de Gobierno entiende que sería un mecanismo similar a la tramitación de los denominados ‘procedimientos testigos’, que permitirá dar una respuesta más ágil ante la entrada de un gran número de recursos sobre una misma cuestión y de hecho evite que la admisión, tramitación y resolución de esos recursos ‘colapse’ el Tribunal Supremo.