El Supremo rechaza apartar a Rafael Mozo de la presidencia del CGPJ

El Tribunal Supremo ha rechazado suspender de forma cautelar el acuerdo del 13 de octubre por el que el pleno del Consejo General del Poder Judicial designó al vocal más antiguo, Rafael Mozo, presidente suplente del órgano. La decisión fue impugnada por uno de los integrantes del Consejo, Wenceslao Olea, y por el secretario general del órgano, José Luis de Benito, quienes consideran que fue "ilegal" y que provoca un daño irreparable.

Al tratarse de un rechazo de la medida cautelar, el Supremo todavía debe resolver el fondo de la cuestión en una última resolución, pero horas después de conocerse la decisión, el propio Olea ha anunciado que desistía de su recurso. De esta manera, el alto tribunal ya solo debe revisar los argumentos de José Luis de Benito.

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Por 16 votos a favor y uno en contra, Mozo accedió a la presidencia en sustitución del dimitido Carlos Lesmes, que en las últimas semanas en el cargo defendió que tanto la presidencia del Tribunal Supremo como del CGPJ debían pasar de forma "automática" al presidente de la Sala Primera del Supremo, Francisco Marín. Pese a ello, una mayoría de vocales que agrupa a progresistas y conservadores pactó —y él aceptó— que Mozo accediera al cargo a cambio de ser "supervisado" por ellos.

No conformes con esta decisión, tanto Olea como De Benito pusieron rumbo al Tribunal Supremo, pero la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo mantiene por ahora una bicefalia en el poder judicial: mientras que Marín presidirá el Supremo, Mozo se encargará de dirigir el CGPJ.

Antes de entrar a la cuestión, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo también ha rechazado aceptar la abstención planteada por el magistrado Juan Manuel Bandrés, que es el candidato oficial del sector progresista del Consejo para ser designado magistrado del Tribunal Constitucional, hecho por el que se cuestionaba su imparcialidad. Tras el rechazo, la Sección ha quedado compuesta por el propio Bandrés, Eduardo Espín, Celsa Pico, José Antonio Montero y Octavio Juan Herrero.

La elección de Mozo y los recursos

Conservadores y progresistas sumaron fuerzas para nombrar a Mozo presidente suplente cuando ya era evidente que la sucesión de Lesmes iba a provocar un enfrentamiento en el seno del CGPJ. Al ser "supervisado" por los vocales, Mozo ni siquiera podrá tocar la composición de las comisiones legales, lo que significa que la Permanente, la única en la que sus integrantes tienen dedicación plena y que adopta las decisiones más importantes, quedará bajo control del sector conservador. Otra de las condiciones se centra en que el presidente suplente no tendrá autonomía en lo que respecta a la política de comunicación.

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Olea recurrió esta decisión al considerar que el pleno "carece de competencia para realizar el nombramiento de un presidente del Consejo con independencia de quien ejercite la presidencia del Supremo". En su opinión, Mozo ni siquiera cumplía "las condiciones objetivas que se imponen para el desempeño del cargo" y, además, "no puede quedar limitado por condición alguna que se imponga por el pleno". También avisaba de que el Consejo tiene los nombramientos vedados y, por ello, no podía designar sustituto del presidente dimitido, pero ahora retira su recurso.

Por su parte, el secretario general del órgano De Benito, que sí mantiene su recurso, argumenta que la elección no fue correcta y "provocará la nulidad en cascada de todos aquellos actos dictados en el ejercicio de su cargo". "Mantener la ejecutividad de los acuerdos aquí impugnados conllevaría la causación de un gravísimo perjuicio irreparable de carácter inminente para la actividad de un órgano constitucional de la relevancia del CGPJ", dice.