La dimisión del presidente del TS y del Poder Judicial abre una inédita crisis constitucional

• Carlos Lesmes dimite y obliga a activar la renovación del CGPJ

La renuncia del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, la sexta autoridad del Estado, se configura ya como una crisis constitucional. El Gobierno de coalición, a través de sus dos grupos parlamentarios, y el del Partido Popular han sido incapaces de renovar durante más de cuatro años el órgano de gobierno de los jueces. El Consejo está en funciones desde el 29 de marzo del pasado año por una reforma de su ley orgánica instada por el PSOE y Unidas Podemos para evitar que pudiera ejercer sus facultades más importantes —provisión de puestos de magistrados en distintos órganos jurisdiccionales— y, al tiempo, forzar al PP a una negociación. El actual Consejo se constituyó en 2013 por cinco años y el 3 de agosto de 2018, Carlos Lesmes abrió, mediante una resolución dirigida a la presidencia del Congreso, el proceso para volver a renovarlo al haber transcurrido los cinco años de su mandato legal. Y hasta hoy.

Por si fuera poco, la sustitución de Lesmes es controvertida. Según el informe encargado por el dimitido presidente al Gabinete Técnico de la Secretaría General, debe ocupar su cargo interinamente el presidente de Sala del Supremo más antiguo, en este caso, el de la Primera, Francisco Marín Castán, decisión que no aceptan los vocales del poder judicial, aunque sí la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, que avaló el dictamen. Los miembros del CGPJ entienden que a Lesmes debe sustituirle el vocal de más edad, el magistrado Rafael Mozo, o, alternativamente, el que sea debidamente elegido estableciéndose una bicefalia que la ley no contempla. Carlos Lesmes, después de su comunicación en la noche de ayer, dará por hecho en su carta de dimisión que el magistrado de TS Francisco Marín Castán asume plenamente su sustitución en el Consejo y en la presidencia del Supremo. Se da el caso de que el vicepresidente interino del alto tribunal será Manuel Marchena, presidente de Sala —la Segunda—, el más antiguo en ese cargo. Otra incógnita aún por resolver: la reacción de los vocales de los dos sectores: si continúan o renuncian.

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El bloqueo del Consejo ha llevado también al del Tribunal Constitucional, en el que han vencido los mandatos de cuatro magistrados de los 12 que lo forman, entre ellos el de su presidente, y que debían renovarse el pasado mes de junio. Dos de esos nuevos magistrados corresponden a la propuesta del Gobierno y otros dos del Consejo. Y aunque el Ejecutivo instó del Congreso, y obtuvo, la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial el pasado 27 de julio para que pudieran proponer a sus candidatos, un grupo de vocales se ha resistido a cumplir con el mandato de la ley y ha imposibilitado una designación que bloquea a su vez la del Gobierno, porque el órgano de garantías constitucionales se renueva por "terceras partes cada tres años" y por un periodo de nueve años de mandato de cada magistrado (artículo 159.3 de la CE).

Al mismo tiempo, en estos 20 meses desde que la reforma de la Ley del Poder Judicial (artículo 570 bis) dejó al CGPJ en funciones, el TC no ha resuelto la adecuación de esa norma a la Constitución resolviendo el recurso interpuesto por PP y Vox, lo que hubiese aclarado la situación. De hecho, el presidente del órgano de garantías constitucionales, Pedro González Trevijano, ha tomado la decisión, consensuada con otros magistrados, de paralizar la tramitación de los recursos de mayor repercusión política.

En estas circunstancias, se produce el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, la prórroga indebida de un tercio de los magistrados del Constitucional y el práctico colapso de la Sala Tercera del Supremo —y el peligro de que lo mismo suceda en otras— ante la imposibilidad de proveer las plazas de la plantilla de magistrados. Y, además, el desacuerdo de vocales del Consejo sobre el mecanismo de sustitución de Carlos Lesmes.

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El disenso es irreductible, pese a la intervención de la Unión Europea indicando en su informe sobre el Estado de derecho correspondiente a 2022 que debía renovarse el Consejo con la ley actual y reformarla después para que 12 de los 20 vocales fueran elegidos directamente por los jueces y magistrados, y a pesar, también, de la visita a España el mes pasado del comisario de Justicia, Didier Reynders, con el inicial propósito de engrasar las posibles negociaciones. El fracaso de esa visita y la gravedad de la renuncia de Lesmes han movido al presidente del Gobierno a convocar a Alberto Núñez Feijóo a una reunión esta misma mañana en la Moncloa en la que, tras tres horas, han acordado darse "una última oportunidad" para encontrar una "solución rápida". La conciencia de que estamos ante una crisis sistémica es indisimulable.

La crisis actual tiene un origen retrospectivo. En 2012 se inició el proceso soberanista, que culminó el 27 de octubre de 2017 con una declaración ilegal y unilateral de independencia de Cataluña y la, hasta entonces, impensable aplicación del 155 por el Gobierno previa autorización del Senado. Un itinerario separatista que los partidos que impulsaron la secesión remiten a la sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de junio de 2010, resolviendo el recurso interpuesto por el PP, que enmendó aspectos cruciales del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, que fue refrendado en junio de ese año, es decir, cuatro años antes de la resolución del órgano de garantías constitucionales. Un hecho igualmente inédito en la democracia española: nunca antes el TC había alterado un estatuto ya refrendado. Aquello fue política y constitucionalmente chirriante, fuera o no una excusa del independentismo para continuar con su delictiva aventura.

"Nunca antes el TC había alterado un estatuto ya refrendado. Aquello fue política y constitucionalmente chirriante"

En ese periodo de tiempo, entre 2012 y 2017, se produjeron otros hitos políticos que afectaron seriamente al funcionamiento del sistema político. En junio de 2014 abdicó el rey Juan Carlos, asumiendo así las responsabilidades por conductas personales incompatibles con la máxima magistratura del Estado, aunque entonces no estaban del todo desveladas. La institución, y aunque el mecanismo sucesorio funcionó correctamente, quedó erosionada en su reputación y ha tardado en ir superando su crisis mediante cambios y correcciones introducidas por Felipe VI que, de acuerdo con el Gobierno, aconsejó a Juan Carlos I la expatriación, lo que así sucedió en agosto de 2020. Desde junio de ese año y hasta el mes de marzo de este, el ministerio fiscal investigó en diligencias indagatorias las conductas irregulares del monarca abdicado, archivándose las mismas por tres razones: la inviolabilidad, la prescripción de hechos presuntamente delictivos y las regularizaciones fiscales voluntarias.

En plena crisis de la Corona, las elecciones europeas de mayo de 2014 ofrecieron los síntomas del agotamiento del modelo de bipartidismo imperfecto que venía siendo el habitual desde la transición: dos partidos de Estado —el PSOE y el PP— apoyados en los nacionalismos vasco y catalán —PNV y CiU—, que se mostraron colaborativos hasta el inicio en Cataluña del proceso soberanista. Aquellos comicios europeos anticiparon la inicial irrupción de Podemos (cinco escaños) y de Ciudadanos (dos escaños), que se materializó más claramente en las elecciones generales de diciembre de 2015, en las que obtuvieron 69 y 40 diputados, respectivamente. A partir de esos comicios, en los que tanto el PSOE (90 escaños) como el PP (123) carecían de posibilidades numéricas para investir a sus líderes, se fue a otra convocatoria electoral en junio de 2016, en la que el PP mejoró posiciones (pasó a 137 escaños), pero desató la crisis en el PSOE (perdió cinco diputados, quedándose en solo 85), cuyo secretario general, Pedro Sánchez, se negó a abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy para evitar unas terceras elecciones. Su pretensión era buscar la alternativa con una coalición con Podemos y los partidos independentistas y nacionalistas.

Derrotada su propuesta en el Comité Federal de su partido celebrado el 1 octubre de 2016, Sánchez presentó su renuncia al cargo y al escaño y una gestora presidida por Javier Fernández organizó unas primarias en mayo de 2017 en las que el actual presidente del Gobierno ganó con el 50,21% de los votos frente al 39,94% de su contrincante, Susana Díaz. Entre tanto, el grupo socialista en el Congreso se abstuvo en la investidura de Mariano Rajoy, celebrada el 29 de octubre de 2016, aunque 15 diputados del PSOE rompieron la disciplina del grupo y votaron en contra. Esos acontecimientos marcaron el quiebro de la trayectoria del socialismo español.

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El hecho inédito de la renuncia de un secretario general del PSOE en circunstancias tan singulares se unió a otro en junio de 2018, cuando, repuesto Sánchez por la militancia en la secretaría general, presentó —sin ocupar escaño— la primera moción de censura constructiva que ha prosperado desde la vigencia de la Constitución. Rajoy y el PP, lastrados por casos de corrupción y penalizados por la ineficaz gestión de la crisis catalana, fueron apeados del Gobierno y sustituidos por otro en minoría del PSOE. Sánchez convocó elecciones generales en abril de 2019, obteniendo solo 123 escaños, surgiendo la posibilidad de un Gobierno con Ciudadanos, que obtuvo 57. Tanto Sánchez como Rivera no trabajaron esa opción y el socialista —tras no conseguir su investidura— convocó de nuevo elecciones en noviembre de 2019, fracasando en sus expectativas —perdió tres escaños— y, desdiciéndose de sus promesas, formó coalición con Unidas Podemos —Pablo Iglesias como vicepresidente— y fue investido con una mayoría en la que, de forma activa o mediante la abstención, estuvieron ERC, Bildu, PNV y otros grupos políticos. La entente —que recordaba a la jeringonza portuguesa— se denominó 'Frankenstein político', expresión que popularizó el fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba.

Entre las elecciones de diciembre de 2015 y las de noviembre de 2019 —cuatro convocatorias a las urnas— se consumaron también cuatro legislaturas: la XI, la XII, la XIII y la actual, que es la XIV de la democracia. Por su parte, el Rey celebró hasta ocho rondas de consultas —previstas en el artículo 99 de la Constitución— para proponer candidato a la presidencia del Gobierno. Es en esos años, que arrancaron del bienio 2014-15, en los que se localiza el origen de la crisis constitucional por el desistimiento de los grandes partidos a acuerdos de Estado. Una crisis que está mostrando ahora sus peores efectos.

A partir de enero de 2020, Pedro Sánchez suscribió dos pactos, el de coalición con UP y otro con ERC, creando una mesa de diálogo con el propósito de resolver el 'conflicto' de Cataluña. En esa línea se inscribieron los indultos en junio de ese año a 12 líderes del secesionismo catalán condenados en octubre del año anterior por la Sala Segunda del Supremo por delitos de sedición, malversación y desobediencia. Mientras, en el PP se producía una grave crisis de liderazgo que se llevó por delante al sucesor de Rajoy, Pablo Casado, enfrentado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que se resolvió con un congreso extraordinario en el mes de abril de este año que eligió a Alberto Núñez Feijóo presidente del partido conservador.

"Es en esos años, que arrancaron del bienio 2014-15, en los que se localiza el origen de la crisis constitucional"

En este contexto de vaivenes, los dos políticos que lideraron el nuevo multipartidismo y los propósitos regeneradores de la política la han abandonado. Albert Rivera lo hizo tras los desastrosos resultados de Ciudadanos en noviembre de 2019 y Pablo Iglesias dimitió de la vicepresidencia segunda del Gobierno en marzo de 2021, renunciando también a su escaño en el Congreso para presentarse como cabeza de lista en las autonómicas madrileñas de mayo de ese año. Su candidatura obtuvo solo 10 escaños, 261.000 votos, quedando por detrás de Más Madrid y Vox: fue la suya la quinta fuerza política en la Asamblea de Vallecas. Inmediatamente, ese mismo mes de mayo, el cofundador de Podemos abandonó la política dejando como sucesora en las listas electorales a la actual vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que, no obstante, se ha desmarcado del partido de Iglesias y apuesta por una nueva plataforma denominada Sumar.

El primer Gobierno de coalición de la democracia en España ha sido el que ha marcado el punto de inflexión en el cuestionamiento de la Constitución mediante la inédita y heterodoxa relación entre los partidos gubernamentales con EH Bildu (cinco escaños) y Esquerra Republicana de Catalunya (13 escaños), y en la aparición consistente de dos bloques impermeables —ahora pudiera estar rompiéndose esa recíproca impenetrabilidad— incapaces de lograr —a veces, sin intentarlo— acuerdo alguno.

El PSOE, con un planteamiento bien diferente al de su proyecto histórico, con el que ha cortado de raíz, ha optado por una gestión izquierdista en los asuntos internos y otra atlantista y ortodoxa en la política internacional, teniendo en cuenta la mundialización de dos 'cisnes negros', la pandemia del coronavirus y la invasión de Ucrania por Rusia, que han activado tanto la Unión Europea como la Organización del Atlántico Norte (OTAN).

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El Gobierno de coalición no ha logrado imponerse en ninguna de las elecciones autonómicas durante la actual legislatura (Galicia, País Vasco, Madrid, Castilla y León y Andalucía), con la excepción de Cataluña, en la que el PSC obtuvo más votos, aunque los mismos escaños que ERC (33). Los republicanos asumen ahora en minoría el Gobierno de la Generalitat, rechazando el apoyo del PSC (en palabras de Oriol Junqueras) tras el abandono de la coalición por Junts, que cuestiona la mesa de diálogo con el Gobierno central, reivindica la legitimidad del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y pretende superponer el Consell per la República sobre la Generalitat catalana, bajo la tutela de Carles Puigdemont.

La situación económica de España es delicada, más que la de los otros países de la UE. El proceso inflacionista es similar, el crecimiento del PIB es muy lento tras la pandemia (2,1% para el próximo año, que el Banco de España rebaja al 1,4%) y el abultado el endeudamiento (117% del PIB) con los tipos al alza. El desempleo repunta en los últimos meses pese a la reforma laboral y están cayendo los índices de confianza. El Gobierno acaba de presentar los últimos presupuestos generales de la actual legislatura, con fuertes desacuerdos con sus socios de Unidas Podemos (en particular, por los gastos en Defensa y por la política de vivienda) y en un clima de confrontación con la oposición por la política de fiscalidad, tanto a nivel general como autonómico. De modo que en ningún área de la gestión pública se registra acuerdo o aproximación alguna, lo que crea una situación de paralización institucional de la que no parece haya forma de salir. El bloqueo es absoluto y el sistema ha sido incapaz de absorber los cambios y transformaciones de la última década de la política española.

Por otra parte, los intangibles de la democracia se han deteriorado: hemos pasado de "democracia plena" a "democracia deficiente" en el 'ranking' de 'The Economist' publicado el pasado mes de febrero. La puntuación obtenida por nuestro país ha sido de 7,94 (venimos de un 8,45 en 2008) y nos situamos en el puesto 24 de los sistemas democráticos, por detrás de países como Francia e Israel. La causa principal de este deterioro lo atribuye 'The Economist' a "una peor valoración de la independencia judicial, debido a las divisiones políticas sobre el nombramiento de nuevos jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".

"La nuestra es la Constitución más rígida de la Unión Europea, porque solo se ha modificado en dos ocasiones, frente a las 41 de la alemana"

Las encuestas denotan un fuerte malestar ciudadano, desconfianza hacia la clase política, desacuerdo con la gestión —especialmente, con la lenta distribución de los fondos Nex Generation— y, en consecuencia, unas expectativas que favorecen al PP y penalizan al PSOE y a Unidas Podemos.

Este relato histórico tan accidentado no se ha correspondido con reformas de calado ni, por aproximación, de la Constitución, razón última por la que el sistema ha entrado en crisis, al no disponer de capacidad para absorber los vertiginosos cambios y mutaciones acaecidos en los últimos años. La nuestra es la Constitución más rígida de la Unión Europea, porque solo se ha modificado en dos ocasiones, frente a las 41 reformas de la alemana, las 27 de Estados Unidos, las 10 de Francia, las siete de Bélgica o las más de 40 de Italia.

Opinión

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El enfrentamiento bloquista y un ejercicio del poder desbocado —este Gobierno ha dictado más decretos-leyes que cualquier otro en menor tiempo de gestión: supera ya los 120— están provocando una paralización institucional que en 2012 denunciaba Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo y en la actualidad también director de la Real Academia Española, en su 'Informe sobre España' (Editorial Crítica): "Avanza inexorablemente el proceso de deterioro de las instituciones constitucionales. Ninguna de ellas, de los parlamentos autonómicos a los partidos políticos, del Tribunal Constitucional al Consejo General del Poder Judicial, de la justicia ordinaria a los sindicatos, de la administración estatal a la municipal, funciona adecuadamente en España".

Según el académico, cuyas reflexiones cobran actualidad una década después, "todas ellas —las cuestiones planteadas— son la manifestación de una crisis constitucional de enorme hondura, y que resulta grave para España, y que será más duradera y difícil de resolver que la crisis económica".

Como si el diagnóstico de Muñoz Machado estuviese escrito ayer, sostenía: "Es llamativa esta afición española por situarse siempre en el borde de todos los precipicios y preferir la confrontación y los momentos revolucionarios a cualquier otra alternativa de continuidad y mejora que parta de las soluciones alcanzadas en algún momento anterior". Justamente en esa situación descrita por el autor de 'Informe sobre España' es en la que estamos: en crisis constitucional, en la confrontación y al borde del precipicio.