La amnistía y el deterioro del CGPJ copan la apertura del año judicial más tensa

Hace ahora un año, el entonces presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, amenazaba con dimitir en cuestión "de semanas" si Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no alcanzaban un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces. La bomba cayó en el acto de apertura del año judicial y su amenaza se concretó pasadas unas semanas. Un año después, no ha cambiado nada. Feijóo y Sánchez se encuentran centrados en sus respectivas investiduras y parecen más alejados que nunca, el debate sobre la ley de amnistía tensa la judicatura y el acto será deslucido, con un presidente en funciones en el CGPJ nombrado hace apenas dos meses y un órgano cada vez más reducido y más deteriorado.

El acto se celebrará el próximo jueves y contará, como siempre, con la presencia del Rey. El escenario, el palacio de las Salesas, sede de un Supremo que continuará por tiempo indeterminado sumando bajas, que no se cubren a consecuencia de la reforma que aprobó el actual Ejecutivo y que impide al Consejo realizar nombramientos cuando su mandato haya finalizado. En el alto tribunal, las plazas vacantes superan las 20, con especial incidencia en las salas de Contencioso-Administrativo y Social.

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Mientras tanto, en el Consejo la presidencia en funciones ha quedado en manos del abogado Vicente Guilarte, de 70 años, elegido en su día a propuesta del PP en el turno de juristas de reconocido prestigio. Su primera decisión al asumir los mandos no sentó bien. Cambió la composición de la comisión permanente, la de más peso, y se enfrentó a la oposición de los progresistas y conservadores rechazados. La presidencia del Supremo continúa en manos de Francisco Marín. El TS solo puede ser presidido, incluso en funciones, por uno de sus magistrados. El órgano de gobierno de los jueces se ha quedado con 16 miembros de los 21 originales, incluyendo el presidente. En los próximos días, perderá dos nuevos cargos intermedios por jubilación.

Las previsiones de todos los vocales apuntan a que el actual CGPJ continuará bloqueado, con menos miembros y nuevas salidas a medida que se dilata su renovación, que alcanza ya casi un retraso de cinco años. Durante su reunión de esta semana, Pedro Sánchez volvió a requerir a Alberto Núñez Feijóo un pacto urgente, cerrado antes de diciembre. El líder del PP no se negó, pero recurrió en respuesta al mismo argumento que lleva esgrimiendo meses: solo habrá acuerdo si se "blinda" su independencia, al igual que la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional.

La judicatura considera poco probable que los populares den el paso si el PSOE acaba pactando una ley de amnistía. El último fracaso de las negociaciones tuvo como detonante otro gesto de los socialistas con el independentismo. Fracasó después de que Feijóo descubriera que el Gobierno pactaba con ERC la desaparición del delito de sedición con la intención de cerrar un apoyo a los presupuestos. Es más bien improbable que el PP acceda ahora a escenificar un acercamiento cuando lo que se negocia no es solo un intento de beneficio, sino el paso para borrar los delitos del procés mediante una fórmula dudosamente constitucional.

Avanza el deterioro

La amnistía tensa, además, a la carrera. Los jueces consideran de forma mayoritaria que una ley en este sentido invade sus poderes y suplantaría funciones atribuidas en exclusiva a los tribunales. Atenta —dicen— contra la seguridad jurídica al imponer un olvido retroactivo de condenas impuestas en aplicación de la legislación vigente y vulneraría el principio de igualdad, al aplicar la medida en exclusiva a un sector en contra de la previsión constitucional de que todos los españoles son iguales ante la ley.

Ante este panorama, las palabras lanzadas por Lesmes en un discurso ya histórico adquieren plena vigencia un año después. El expresidente habló del deterioro de sus principales instituciones y, por extensión, "de la Justicia entera". Una situación —dijo— "insostenible e inaceptable". La Justicia española "está siendo sometida a unas tensiones que pueden abocarla a la inoperancia y a minar la confianza que los ciudadanos tienen en ella". "Lamentablemente, el escenario político de los últimos años está erosionando las principales instituciones", advirtió.