La Fiscalía recurre el último portazo del Constitucional a Puigdemont
Puigdemont pedía la anulación de las órdenes nacionales de detención dictadas por el Tribunal Supremo, pero una Sala de mayoría conservadora rechazó su recurso
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La Fiscalía acaba de recurrir en súplica la inadmisión llevada acaba este verano del recurso de Carles Puigdemont y del exconseller Toni Comín acordada por la Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional. El Ministerio Público considera que la cuestión no presenta suficiente urgencia como para ser resuelta por la Sala de Vacaciones y, al recurrir su pronunciamiento, fuerza que el debate llegue el próximo septiembre al pleno, de mayoría progresista. "A juicio de esta Fiscalía, los razonamientos jurídicos recogidos en el auto recurrido no justifican debidamente, a la vista de la normativa aplicable, la competencia de dicha Sección para adoptar tal resolución, de modo que, en virtud de una argumentación meramente formal y no ceñida a la finalidad procesal de esa normativa, el referido auto excede el ámbito material de jurisdicción que, con carácter excepcional y por razones de urgencia, corresponde a dicha Sección", dice el escrito.
Puigdemont y Comín pedían en su recurso la anulación de las órdenes nacionales de detención dictadas contra ellos por el Tribunal Supremo. Ambos solicitaban que se acordara esta medida de forma cautelarísima, y de ahí que la Sala de Vacaciones, compuesta por tres magistrados y con mayoría conservadora, entrara este miércoles a valorar su escrito. Por dos votos contra uno, la decisión final consistió en rechazar de plano el recurso: "Las vulneraciones invocadas por los recurrentes (...) carecen de sustento constitucional", sostenían los magistrados en el auto.
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Sin embargo, el Ministerio Público considera que, en ningún caso, concurría una especial urgencia como para no admitir a trámite el recurso, y menos cuando la decisión consistía en rechazar la anulación de las órdenes de detención. Esa es la misma postura defendida por la magistrada progresista Laura Díez, quien ha emitido un voto particular discrepante frente al pronunciamiento de los conservadores César Tolosa y Concepción Espejel. El debate en el Constitucional se ha producido en plenas negociaciones entre el Gobierno y el partido de Puigdemont para facilitar una nueva investidura de Pedro Sánchez. "Un día, eres decisivo para formar Gobierno en España, y, al día siguiente, España ordena tu detención", ironizó el expresidente catalán el 24 de julio.
El fiscal recuerda que el tribunal podrá actuar en días inhábiles cuando aprecie causa urgente que lo exija y, en todo caso, en los incidentes de medidas cautelares. "Este silogismo de aparente consistencia formal no se ajusta, sin embargo, como se ha anticipado, ni al verdadero sentido, ni a la lógica, ni al contexto y finalidad de la normativa especial sobre el funcionamiento del Tribunal Constitucional en períodos inhábiles", dice el escrito.
La orden internacional, congelada
El Tribunal Supremo avaló la decisión de Llarena de dictar una orden nacional de detención contra Puigdemont y Comín el pasado junio. Pese a ello, esta decisión no se extiende, por el momento, a nivel internacional, pues el magistrado ha preferido esperar a que la Justicia europea se pronuncie sobre el último recurso de Puigdemont.
El magistrado rechazó reactivar su captura a nivel internacional después de que el Tribunal General de la UE (TGUE) sentenciara que ni Puigdemont ni Comín gozan ya de inmunidad como eurodiputados el pasado julio. La resolución aún es recurrible, y ese es el escenario que lleva a Llarena a rechazar la emisión de una nueva orden internacional en estos momentos: si acordaran devolverles la inmunidad de manera cautelar, el nuevo intento de lograr su extradición volvería a quedar en papel mojado.
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"Cualquier OEDE que se emita en el estado actual del procedimiento quedará inmediatamente paralizada [antes de alcanzar su objeto] si se admite la eventual medida cautelar que se pida al tiempo del recurso, obligando a interrumpir su tramitación internacional y haciendo intrascendente el adelanto de la orden de detención a este momento", argumentó Llarena en una providencia notificada el 27 de julio.
En cualquier caso, el magistrado sí mantiene la orden de detenerlos si pisan suelo español, y esa es la decisión que la Sala de Vacaciones ha ratificado este miércoles. Tras la reforma del Gobierno que derogó el delito de sedición, el expresidente catalán está procesado por desobediencia y malversación agravada, que contempla penas de hasta 12 años de cárcel y de entre 10 y 20 de inhabilitación.
La Fiscalía acaba de recurrir en súplica la inadmisión llevada acaba este verano del recurso de Carles Puigdemont y del exconseller Toni Comín acordada por la Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional. El Ministerio Público considera que la cuestión no presenta suficiente urgencia como para ser resuelta por la Sala de Vacaciones y, al recurrir su pronunciamiento, fuerza que el debate llegue el próximo septiembre al pleno, de mayoría progresista. "A juicio de esta Fiscalía, los razonamientos jurídicos recogidos en el auto recurrido no justifican debidamente, a la vista de la normativa aplicable, la competencia de dicha Sección para adoptar tal resolución, de modo que, en virtud de una argumentación meramente formal y no ceñida a la finalidad procesal de esa normativa, el referido auto excede el ámbito material de jurisdicción que, con carácter excepcional y por razones de urgencia, corresponde a dicha Sección", dice el escrito.